La detención de Santino, hijo de Esteban Alvarado, el heredero de un imperio narco

Cuando los agentes de la Policía Federal entraron al barrio Solares, de Funes, Santino Alvarado prendió fuego sus tres celulares. Fue detenido sin resistencia, con la camiseta de la selección de Paraguay, un país que su padre, Esteban, preso en el pabellón de alto perfil de Ezeiza, tiene una relación fluida e histórica, incluso, en esta causa en la que fue secuestrada una avioneta cerca de Asunción.

El nombre de Santino Alvarado circulaba con mayor intensidad desde hace un tiempo. Algunos le adjudicaban haberse convertido en el continuador del imperio narco de su padre, y por su influencia en la barra de Rosario Central. También por las tensiones con otro grupo narcocriminal llamado Los Menores. En la última década y media en Rosario, la detención o la muerte de un jefe narco colaboró para que sus rivales se fortalecieran. Ocurrió con Alvarado, cuando hizo crecer su negocio narco a la par de la caída de Los Monos.

Este jueves los fiscales federales Matías Scilabra y Juan Argibay ordenaron la detención de 12 integrantes de esta organización narcocriminal, entre los que se encuentra el abogado Claudio Tavella, quien tenía un rol de enlace entre Esteban Alvarado, alojado en total aislamiento en un pabellón de alto perfil del penal de Ezeiza, y su hijo y el resto del grupo narco.

La detención de Santino Alvarado, quien vivía en Rosario y en España, donde viajaba de manera periódica a Marbella, es un golpe duro contra uno de los principales alfiles del narcotráfico rosarino, que contó durante mucho tiempo con la protección del exjuez federal Marcelo Bailaque, actualmente preso en su residencia, y también de la de sectores de la policía de Santa Fe, como quedó plasmado en la causa en la que fue condenado a prisión perpetua Esteban Alvarado en 2022, luego de una investigación que llevaron adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

Esteban Alvarado -padre de Santino- está alojado en total aislamiento en un pabellón de alto perfil del penal de Ezeiza.

Según las fuentes judiciales, Santino Alvarado habría utilizado a su círculo de allegados para desarrollar distintas actividades ilícitas, entre ellas el cobro de dinero a terceros, la venta de armas de fuego y municiones, la comercialización de estupefacientes y el cambio de divisas. Estas operaciones habrían sido disimuladas mediante la compra y venta de vehículos de gama media y alta, como parte de un presunto circuito de lavado de activos.

Otra persona clave en esta constelación que giraba en torno a Esteban Alvarado y a su hijo, es María Fernanda Rojas que manejaba los movimientos de dinero de la estructura criminal. Los investigadores determinaron que contaba con un amplio conocimiento de su funcionamiento y de las relaciones internas, por lo que presumen que, desde la detención de Esteban Alvarado, habría asumido un rol relevante para garantizar la continuidad de sus actividades. Además, las tareas de vigilancia permitieron advertir que mantenía un perfil reservado y adoptaba constantes recaudos en sus desplazamientos y contactos.

Escuchas telefónicas, seguimientos, vigilancia y drones: cómo se ideó la detención de Santino Alvarado

Las tareas de inteligencia se concentraron en Santino Alvarado y sus contactos más cercanos. Mediante intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancia encubierta y el uso de drones, los investigadores identificaron personas, domicilios y vehículos, y reunieron indicios sobre las presuntas actividades ilícitas y los roles que cumpliría cada integrante.

Esteban Alvarado dominaba rutas narco, en las que usaba una flota de avionetas para traer cocaína desde Bolivia y Paraguay, y durante mucho tiempo fue un enemigo acérrimo de la Banda de Los Monos, algo que colaboró para que Rosario se transformara en una de las ciudades más violentas del país durante más de una década y media.

Tras la detención de su padre, Santino Alvarado se transformó en un actor clave de esta organización, según prueba la investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

No solo seguía estando a cargo de la coordinación de la llegada de la droga a Rosario, sino que conservaba un importante rol en el movimiento del dinero y las inversiones que se hacían con el dinero narco.

Por ejemplo, la investigación buceó en las compras de vehículos que hizo Santino en los últimos años. Adquirió 13 autos y camionetas, además de propiedades que compró a través de testaferros, entre los que figuran personas ligadas a la barra de Rosario Central.

Santino Alvarado estaba ligado a un sector de la hinchada “canalla”. En enero de 2025, tres meses después del crimen del histórico barra Andrés “Pillín” Bracamonte, Santino apareció en un ritual de los barras, que es la quema de las banderas (cuando hay cambios en el mando del núcleo duro de la hinchada) y en una gigantesca choripaneada en el club, una puesta en escena que sirvió para poner de relieve una nueva etapa.

Ese día, Lautaro Ghiseli, un miembro de la banda de Los Menores, quedó a cargo de la barra, pero su reinado duró poco. En setiembre de ese año, el “Laucha” Ghiseli quedó detenido en una causa por asociación ilícita que tiene a varios integrantes de Los Menores presos en el penal de alto perfil de Piñero.

Santino dividía su estancia entre Marbella, donde tendría un departamento, y Rosario; pero hace poco más de un mes la relación con Los Menores (alianza que le había servido a Alvarado para avanzar sobre el clan de los Cantero) se resintió.

Rosa Capuano, expareja de Esteban Alvarado y madre de Santino, recibió una fuerte amenaza en tono de extorsión: si no pagaba 300.000 dólares, iban a matar a alguno de sus hijos. Tiene dos: Santino y una mujer. En setiembre pasado, Santino se presentó en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, junto con un testigo de identidad reservada, y aportó información sobre quienes serían los autores de la extorsión. Entre los nombrados figuraba Matías Gazzani, uno de los líderes de Los Menores que está actualmente prófugo, y se ofrece una recompensa de 80 millones de pesos para quien aporte datos certeros que permitan ubicarlo y atraparlo.

El nombre del hijo de Alvarado ya había aparecido en banderas intimidatorias que se dejaban en escuelas de Rosario; la sospecha es que detrás de estos mensajes estaba la banda de Los Menores. Lo llamativo o casualidad es que después de que Santino Alvarado declaró fue detenido.

Fuentes policiales señalaron que las fricciones con este grupo criminal, que se transformó en el más importante actualmente en Rosario, responden a un intento de desplazamiento de Esteban Alvarado del negocio por parte de los líderes de Los Menores, entre ellos, de Lisandro Contreras, detenido en diciembre de 2024 en el country San Sebastián, de Pilar, Buenos Aires.

Yanina Carina Alvarado, hermana del capo narco Esteban Lindor Alvarado, quedar detenida en junio de este año tras un operativo realizado en el barrio Nuevo Alberdi, en la ciudad de Rosario.

Hasta 2019, el único que lo había enfrentado a Alvarado era un fiscal de otra provincia. Patricio Ferrari, de San Isidro, lo llevó a un juicio abreviado por el que fue condenado a seis años y seis meses de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al robo de autos de alta gama en el norte del conurbano bonaerense. Los vehículos se desguazaban en Rosario. Esa fue durante años su única condena, mientras en su ciudad la justicia federal lo investigaba por narcotráfico sin avanzar. La causa estaba en manos del juez Bailaque, que está preso actualmente, y sospechado de “vender tiempo” al no investigarlo a este criminal.

La saga mafiosa de los Alvarado

A comienzos de la década pasada, Alvarado tuvo una sociedad con Luis Medina, dueño de una concesionaria en Pellegrini al 5000 y del boliche Esperanto, en el centro de Rosario, que funcionaba como pantalla para lavar dinero de la droga. La sociedad se rompió. Medina fue asesinado junto a su novia a fines de 2013 en el acceso sur. El crimen sigue impune.

Horas después del asesinato, funcionarios del gobierno de Antonio Bonfatti abrieron la computadora del empresario en el hotel del Casino sin autorización judicial. Entre ellos estaba Guillermo Morgans, exjefe de la Agrupación de Unidades Especiales de la Unidad Regional II, asesinado meses después en un supuesto robo en el que no se llevaron nada.

Mientras Los Monos quedaban en el centro de la escena y la policía los perseguía con respaldo político, Alvarado ocupaba el espacio que dejaban. Su estructura era más sofisticada que la de los Cantero: menos exposición, más empresas, más uniformados.

El eje de su crecimiento fue la policía de Santa Fe. El comisario Luis Quevertoque, que en 2013 encabezó la primera investigación contra Los Monos, era familiar de Alvarado y su socio en un caballo de carrera llamado Cascarudo, que corría en Palermo. Gustavo Spoletti, exjefe de Drogas Peligrosas; Cristian Franco, de la misma brigada; Javier Makhat, exjefe de Drogas de la Policía de Investigaciones; los hermanos Martín y Marcelo Rey, de la Policía de Investigaciones. Todos terminaron imputados en la causa provincial. Pablo Báncora, un policía que procesaba escuchas para el Poder Judicial, fue condenado a un año de prisión por pasarle información al clan.

El dato que mejor describe el esquema apareció en noviembre de 2018, en un allanamiento a una quinta sobre las rutas A012 y 18: recibos de servicios de 14 propiedades. En una de ellas, un departamento de lujo en Condominios del Alto, frente al Paraná, vivía Makhat. La División Judiciales, el grupo de élite que combatió a Los Monos, trabajaba para Alvarado, según quedó expuesto en el juicio. La persecución de una banda era, al mismo tiempo, la protección de otra.

En noviembre de 2018 el prestamista Lucio Maldonado fue secuestrado en su casa. Dos días después su cuerpo apareció baleado al inicio de la autopista Rosario-Buenos Aires, con un cartel: “Con la mafia no se jode”. El mensaje imitaba los de los atentados atribuidos a Los Monos contra jueces y funcionarios. La pista falsa duró poco. El auto de la víctima tenía seguimiento satelital y había sido llevado al paraje Los Muchachos, un campo cerca de Piñero, a 25 kilómetros de Rosario, vinculado a la familia Alvarado. Allí había una sala de tortura con una cama de metal y cables eléctricos, perros pitbull y caballos de carrera.

Alvarado estuvo prófugo tres meses. El 3 de febrero de 2019 la Tropa de Operaciones Especiales lo detuvo en un camping de Embalse Río Tercero, Córdoba. Ese mismo año, en un juzgado federal, fue indagado por primera vez por narcotráfico. La audiencia se suspendió: horas antes habían detenido a su abogado histórico, Claudio Tavella, que luego admitió ser parte de la organización y fue condenado a tres años. Tavella volvió a ser detenido este jueves.

El juicio provincial, con los fiscales Schiappa Pietra y Edery, se desarrolló entre febrero y junio de 2022 en el Centro de Justicia Penal. Alvarado recibió prisión perpetua como instigador del secuestro y asesinato de Maldonado, jefe de una asociación ilícita y responsable de ataques a balazos contra los Tribunales y el Centro de Justicia Penal. Uno de los testigos, Carlos Argüelles, lo describió como parte de una “narcodictadura” y habló de unas 40 desapariciones y casos de tortura. Fue asesinado por tres sicarios después de declarar. El sicario de Alvarado, Mauricio Laferrara, había sido imputado por seis homicidios.

En la justicia federal, el Tribunal Oral lo condenó a 15 años por el envío de 493 kilos de marihuana a Río Negro en un camión de Toia SRL, cargamento secuestrado en noviembre de 2017. La banda traía cocaína y marihuana desde Paraguay en avionetas. En noviembre de 2024 sumó cinco años más por lavado, con una multa de 62 millones de pesos. Su expareja, Rosa Capuano, prestanombres de Logística Santino, Edra, Transporte Benegas y San Ignacio Automotores, aceptó un juicio abreviado y tres años de prisión.

La causa federal por lavado se abrió en 2015. El juez Bailaque la mantuvo sin avances durante años y recién procesó a Alvarado en junio de 2022, cuando ya estaba condenado a perpetua. En junio de 2024 La Nación reveló que Gabriel Mizzau, el contador de Alvarado y de Rosa Capuano, era también el contador personal de Bailaque, y que su hijo había ingresado a trabajar al juzgado mientras el juez investigaba al narco. Mizzau terminó como imputado colaborador. Bailaque renunció, quedó con prisión preventiva y hoy enfrenta un juicio por haber vendido tiempo judicial.