Este lunes se realizará la audiencia para determinar si el cuidacoches imputado por intento de homicidio permanece en prisión preventiva mientras avanza la causa en su contra.
El agresor es un cuidacoches de 19 años y fue imputado por intento de homicidio.
La Justicia de Santa Fe deberá determinar si un cuidacoches de 19 años que apuñaló a un hombre que se negó a entregarle dinero permanece detenido en el marco de la causa que lo investiga por intento de homicidio.
La causa está a cargo del fiscal de Homicidios Andrés Marchi, quien adelantó que solicitará la prisión preventiva del joven identificado como Lázaro Joaquín G.
La audiencia fue fijada para el lunes a las 9:45 y será presidida por el juez Nicolás Falkenberg. El imputado es asistido por el Servicio Público de la Defensa Penal.
El violento episodio que investiga el MPA ocurrió el domingo 1 de febrero al mediodía, en inmediaciones de una dársena de estacionamiento en bulevar Pellegrini, entre San Martín y San Jerónimo.
Cuando un hombre se encontraba dentro de su automóvil, junto con su esposa y su nieto, dispuesto a retirarse del lugar, fue abordado por un joven, quien le golpeó la ventanilla y le exigió dinero por haberle cuidado el auto, relató el fiscal Marchi al realizar la imputación.
Ante la negativa del conductor, el cuidacoches reaccionó golpeando el automóvil con una patada; esto generó que el hombre descendiera del vehículo y comenzó una discusión entre ellos, que culminó cuando el agresor extrajo un cuchillo y le propinó un puntazo en el abdomen.
Marchi relató que tras el ataque, el cuidacoches se fue caminando por San Jerónimo hacia el norte, y fue aprehendido algunos minutos después en inmediaciones de Cándido Pujato y Cochabamba.
En tanto, el hombre fue trasladado al hospital Cullen donde recibió asistencia médica. El fiscal remarcó en la audiencia que el homicidio no se consumó debido a la fortuna de que el ataque no lesionó ningún órgano vital y a la rápida asistencia recibida.
Al finalizar la imputación, el fiscal solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva, y en acuerdo con la defensa pública, se solicitó prorrogar el plazo hasta el lunes.
Marchi enumeró la evidencia para sostener la imputación contra el cuidacoches, y destacó la declaración de testigos y los registros de las cámaras de vigilancia de la zona; en este sentido, sostuvo que restan análisis de algunas cámaras de la zona para aportar más detalles de lo sucedido.
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Al finalizar la audiencia, en diálogo con los medios presentes en tribunales, el fiscal sostuvo que se solicitaron una serie de informes para determinar si Lázaro Joaquín G. cuenta con antecedentes condenatorios y/o causas en trámite.
El hecho ocurrido el domingo tuvo lugar en un contexto de reiteradas intervenciones policiales por conflictos vinculados a los cuidacoches. Este lunes, se registraron intervenciones policiales contra en inmediaciones al estadio 15 de Abril y, también, en San Martín y Pujato.
Durante esa jornada, personal policial aprehendió a tres hombres en distintos procedimientos, luego de llamados al 911 que alertaron sobre conductas intimidatorias. Los hechos reactivaron la alarma pública y reforzaron el reclamo de mayor presencia estatal en zonas de alta concurrencia.
Tras los episodios registrados en los últimos días, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, habló en el programa Ahora Vengo y reclamó por una ley provincial que permita ampliar las facultades de intervención de la Policía.
El Ejecutivo local emitió en mayo de 2024 una ordenanza que prohíbe la actividad en todo el ejido urbano, pero advierten que su aplicación encuentra límites ante la falta de una normativa de alcance provincial.
Según explicó el funcionario, la ordenanza permite actuar en el plano contravencional, pero no habilita herramientas penales más amplias frente a casos de reincidencia o conductas violentas. Por ese motivo, el Municipio volvió a reclamar una ley provincial que amplíe las facultades de intervención de la Policía y brinde un respaldo normativo más sólido para abordar este tipo de situaciones.
Desde el Ejecutivo local señalaron que, pese a los controles y procedimientos realizados, muchos de los casos terminan con liberaciones en plazos breves, lo que dificulta sostener medidas preventivas en el tiempo. En ese contexto, insistieron en la necesidad de avanzar en un marco legal que articule la ordenanza municipal con una política provincial que permita respuestas más efectivas ante la reiteración de un ilícito.
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