El cuaderno del Pelado: la usura carcelaria detrás del crimen de Natalia Giménez y el banco paralelo que crece en los barrios

En una celda de la cárcel de Piñero, los investigadores encontraron un cuaderno. No había nada de droga ni armas, sino una contabilidad: 54 registros con nombres, números telefónicos, montos entregados y sumas reclamadas en concepto de devolución. Uno de esos renglones tenía el nombre de Natalia Giménez. Al lado figuraba un préstamo de $400.000 y una exigencia de pago de $800.000.

Natalia tenía 35 años y dos hijos adolescentes. La asesinaron el sábado 26 de septiembre en su departamento de avenida Abanderado Grandoli al 3800, en barrio La Tablada. Para la fiscal Paula Barros, el atacante llegó en bicicleta antes del amanecer. Cerca de las 5.57 dejó el rodado atado a un poste en Grandoli y Presidente Quintana y caminó hasta el edificio. La golpeó y la atacó con elementos punzantes y cortantes. Para la fiscalía, parte de las heridas se las provocó cuando ella todavía estaba viva. Sus hijos, de 13 y 17 años, encontraron el cuerpo boca abajo en la cocina. De la casa faltaban el celular y las llaves, pero nada estaba revuelto, como habría ocurrido en un robo.

El acusado como autor material es Paulo Alejandro Álvarez, primo de la víctima. Las cámaras lo siguieron hasta una vivienda de Cervantes al 700, en Villa Gobernador Gálvez, donde lo detuvieron el 10 de octubre. Fue imputado por homicidio doblemente calificado por ensañamiento, alevosía y violencia de género.

A Natalia la asesinaron el sábado 26 de septiembre en su departamento de barrio Tablada.

La otra mitad del expediente apunta a la deuda. Germán Ángel “Pelado” Carrizo y Stela Maris Palacio fueron imputados por usura agravada por habitualidad. Según la acusación, Carrizo manejaba el negocio desde la cárcel con celulares y anotaciones manuscritas. Palacio era el contacto con los deudores en la calle y se encargaba de reclamar y cobrar. Natalia recibió reclamos de pago entre el 20 y el 24 de septiembre, pocos días antes de que la mataran. El viernes pasado, el juez Federico Rébola dictó la prisión preventiva para los tres imputados.

La fiscalía es cauta. Por ahora no hay pruebas suficientes para afirmar que el prestamista haya ordenado el crimen, y el móvil sigue en análisis. Pero el caso ya dejó a la vista algo que en los barrios del sur rosarino se conoce desde hace tiempo. Un hombre preso puede administrar desde su celda una cartera de 54 deudores, con intereses del 100%, cobradores afuera y un cuaderno como sistema contable.

Hogares endeudados

El crimen de Natalia condensa un fenómeno que la estadística empieza a captar. Según un relevamiento de Focus Market, 6 de cada 10 hogares argentinos tienen deuda no bancaria al inicio de 2026. De un endeudamiento familiar total que supera los $39 billones, $6,9 billones corresponden a compromisos fuera del sistema financiero formal.

El dato tiene una trampa. La proporción de familias con deuda informal bajó del 82,6% en 2023 al 59% en 2026, porque una parte migró al crédito bancario y a las billeteras virtuales. Pero ese crédito formal empezó a romperse. La mora general se cuadruplicó entre enero de 2025 y enero de 2026, de 2,7% a 10,6%. En la categoría de créditos de menor monto y mayor informalidad, saltó de 10,7% a 31,9%. Un análisis sobre 20 millones de deudores advierte que el deterioro llevó a los bancos a restringir el otorgamiento de nuevos préstamos.

El circuito se repite

Quien cae en mora con la tarjeta o la billetera virtual queda afuera del sistema, y lo que queda del otro lado es el prestamista del barrio. Y la deuda no financia consumo, sino supervivencia. Un informe privado mostró que más de la mitad de los préstamos que toman las familias se destina al gasto corriente: llenar la heladera o pagar otras deudas.

El usurero no pide recibo de sueldo, no consulta el Veraz y presta en el día. Esa es su ventaja. La garantía es otra: saber dónde vive el deudor, quiénes son sus hijos, a qué hora sale a trabajar. El cobro no pasa por un juzgado comercial.

En Rosario, ese mercado no está en manos de prestamistas solitarios. Las bandas que durante años vivieron del menudeo de drogas diversificaron sus ingresos, y la plata prestada es una de sus nuevas líneas de negocio.

La investigación sobre Los Menores lo mostró con claridad. Esa organización, asociada a balaceras, homicidios y control territorial de búnkeres, incorporó los casinos virtuales como fuente de financiamiento. El expediente que la fiscal Georgina Pairola acordó con Ornella Dipietri, expareja de Lisandro “Limón” Contreras, describe la mecánica. Un administrador, Fernando “Colo” Cappelletti, hoy prófugo, creaba los usuarios y cargaba las fichas. Una cadena de cajeras las revendía en los barrios. Las plataformas no permitían que el apostador se registrara solo: necesitaba un intermediario. Ese intermediario es también quien fía, quien presta para seguir jugando y quien después cobra.

En Santa Fe, una investigación del fiscal Nigro detectó más de 35.000 apuestas hechas por chicos con una edad promedio de 15 años. El sociólogo Luciano Vigoni estima que hay unas cinco mil cajeras en Rosario. También describió a pibes que en un mismo día venden casinitos, guardan armas, prestan plata y reparten droga. Son tareas distintas de una misma economía. La deuda de juego y la deuda de usura confluyen en la misma persona: alguien que debe y que no puede ir a la policía porque el acreedor es, muchas veces, el que manda en la cuadra.

En Villa Moreno, vecinos le contaron a Revista Crisis que hay casas que los narcos se quedaron como pago de deudas. En otros barrios, las cadenas de intermediarios que prestan y levantan apuestas terminan debiéndose entre sí, y la cuenta se salda a tiros. El préstamo funciona como herramienta de control. El deudor queda atado: paga con dinero, con su casa, con favores, o con un hijo que pasa a trabajar para la banda.

La usura figura en el Código Penal, pero rara vez llega a una imputación. Casi nadie denuncia: el deudor teme represalias, y además siente que firmó un acuerdo y que la deuda es suya. Por eso el caso de Natalia Giménez es excepcional. El cuaderno de Carrizo apareció en una requisa, no porque alguno de los 54 deudores se haya animado a hablar.

Con el juego clandestino pasa algo parecido. En Santa Fe, la causa que involucra al senador Armando Traferri mostró que el juego ilegal tuvo protección política durante años y que prácticamente no se investigaba. Los préstamos informales tienen el mismo problema: el Estado llega tarde, cuando la deuda ya terminó en violencia.

Hoy hay 53 nombres más en ese cuaderno. Cada uno es una persona que pidió plata para llegar a fin de mes y que quizás todavía recibe mensajes reclamando el doble de lo que le prestaron. La pregunta que deja el expediente no es solo quién mató a Natalia, sino cuántos cuadernos parecidos circulan en las cárceles y en los barrios, y quién está siguiendo esas cuentas.