Los sargentos Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani fueron acusados por el delito de sedición agravado, y el referente de Apropol, Alberto Martínez, se encuentra acusado de instigación a cometer delitos y de amenazas coactivas agravadas.
El debate oral y público será presidido por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Elena Dilario; la acusación será sostenida por el fiscal General Martín Suarez Faisal mientras que la defensa estará a cargo del abogado particular Luis Guillermo Blanco (por los tres sargentos) y el defensor público oficial, Fernando Sanchez, por Martínez.
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El juicio se realizará en la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal de Santa Fe
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Policías a juicio
En el debate oral y público se intentará demostrar si la movilización policial de los primeros días de diciembre de 2013, en las que los uniformados reclamaron mejoras salariales y en las condiciones de trabajo, coaccionó al gobierno de Antonio Bonfatti que puso punto final al conflicto otorgando un aumento salarial para policías y penitenciarios santafesinos.
En la audiencia preliminar, las partes acordaron introducir por lectura unas 40 declaraciones, por lo que sólo seis testigos pasarán a declarar el día del juicio. Entre los citados se encuentran el exministro de Gobierno y Reforma del Estado Rubén Galassi, el exministro de Seguridad Raul Lamberto, el exjefe de la URI, Rafael Grau, y el exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, quien actuó como referente e interlocutor en el conflicto por la Mesa de Diálogo.
También deberán comparecer como testigos el abogado César Rojas, que actuaba como asesor del acusado Martinez, y Diego Ignacio Rulo, exdirector provincial de Tecnologías para la Seguridad y Atención de Emergencias.
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La sede de la URI en la zona sur de la ciudad fue uno de los escenarios de las protestas
Levantamiento policial
El inicio de la causa se remonta al 10 de diciembre de 2013, con una denuncia presentada por el entonces fiscal de Estado Pablo Saccone. El escrito daba cuenta de diferentes situaciones que ocurrían en las calles de Santa Fe y de Rosario: “grupos mayores a diez personas de condición policial se encuentran armados y en estado deliberativo, sin prestar sus funciones, exigiendo al gobierno una mejora en sus sueldos bajo la amenaza de no cumplir con sus obligaciones”, y agregaba que esto lo hacían con el pleno conocimiento del estado de indefensión en el que quedaba la ciudadanía.
Situaciones similares se daban en otras provincias del territorio nacional: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén y Buenos Aires. La denuncia de Saccone detallaba además que el personal policial armado que encabezaba la protesta utilizaba los móviles de la fuerza para llevar adelante sus reclamos.
La investigación fue llevada adelante en diferentes instancias por las fiscalías federales número 1 y número 2, hasta que en 2018 se dio por concluida y se requirió la elevación a juicio.
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El Fiscal de Estado del Gobierno de Bonfatti presentó la denuncia
A Martínez se le atribuyó haber instigado a los policías a rebelarse, a través de publicaciones en la página web de Apropol, de las redes sociales y de mensajes privados. Esta agrupación no cuenta con un reconocimiento oficial y está conformada por policías en actividad y retirados, y desde el 3 de diciembre de 2013 realizó publicaciones del estilo “es hora de un paro policial en Santa Fe”, “Comenzó la protesta policial”, “Protesta y asamblea”.
La investigación permitió demostrar que Martínez también había enviado mensajes al teléfono del gobernador, y lo acusaban de “payaso, explotador y negrero de los policías”.
En tanto, a los tres sargentos se les atribuyó el delito de “sedición”, es decir, “haberse alzado en armas contra el poder Ejecutivo de la provincia, entre los días 6 y 10 de diciembre de 2013 para arrancarle alguna medida o concesión”. Puntualmente, los policías están acusados de haber actuado como coordinadores y negociadores de las siguientes acciones: una manifestación frente a la sede de la URI, en la zona sur de la ciudad, en la que bloquearon las puertas de la dependencia, desinflaron neumáticos de móviles policiales, generaron interferencias con el servicio de emergencias 911 y se retiraron injustificadamente de sus lugares de trabajo.
