Alberto Rubén Martinez, Francisco Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani, cuatro ex policías de la provincia de Santa Fe, se acercan al juicio oral y público por su participación en la revuelta policial que tuvo lugar los primeros días de diciembre de 2013.
En el requerimiento de elevación a juicio, que el fiscal federal Jorge Onel presentó el martes ante el juzgado federal n° 1, se detallan los hechos delictivos y las figuras correspondientes a cada uno de los encartados.
A Martínez se le atribuye haber instigado a terceras personas a cometer delitos a otros integrantes de la fuerza, con la intención de alzarse en armas contra el Poder Ejecutivo de la provincia. La investigación determinó que Martínez se sirvió de los espacios virtuales de Apropol (agrupación sin reconocimiento legal conformada por personal policial de la provincia) para realizar las publicaciones que perseguían el objetivo delictivo.
Además, el fiscal atribuyó a Martinez haber enviado mensajes de texto al entonces gobernador Antonio Bonfatti, refiriéndose a él como “negrero y explotador de policías” por el reclamo salarial que llevaban adelante los integrantes de la fuerza.
Estos hechos son calificados como instigación a cometer delitos, en concurso real con el delito de amenazas coactivas agravadas, en calidad de autor.
Leer más ► Solicitaron el procesamiento de cuatro policías por el delito de sedición
Por otra parte, a Abasto, Patiño y Pagani, todos ellos por entonces sargentos en actividad de la policía, se los acusa de haberse alzado en armas contra el poder ejecutivo al menos entre los días 6 y 10 de diciembre de 2013, para arrancarle alguna medida o concesión, como fue el decreto 4221/2013 del 10 de diciembre que tuvo por objeto el dictado de una recomposición salarial y de la carrera profesional del personal comprendido en el escalafón de la policía de la provincia de Santa Fe.
Onel entiende que estos tres policías actuaron como coordinadores y negociadores de las acciones ilegítimas y que se movilizaron en forma organizada con un número indeterminado de personas, varios de ellos armados, a la par que , a modo de presión, abandonaron deliberadamente su función en la seguridad publica, o debilitaron sus tareas, al realizar un bloqueo en la sede de la URI, manifestación frente a dicha sede, inutilización de móviles policiales e interrupciones en el servicio telefónico de emergencia 911 y retiro injustificado de sus lugares de trabajo.
Esto permitió que en diferentes lugares de la provincia durante esos días se pusiera en riesgo la seguridad de comercios, establecimientos, lugares particulares y se vio afectado el orden institucional en la provincia.
Estos delitos fueron calificados como sedición, agravado por tratarse de funcionarios públicos en calidad de coautores.
Ahora, el juzgado deberá notificar a los abogados defensores de los imputados y luego elevar la causa al Tribunal Oral Federal donde se fijará la fecha de juicio.
Te puede interesar
Dejá tu comentario