Leandro Tripi y su hermano Iván, que está preso en Marcos Paz, lideran una banda narco en el oeste de Rosario, que tiene como base un barrio Fonavi. “Leo” Tripi fue acribillado durante la tarde de este martes y a la medianoche murió, un hecho que sacudió la ciudad, porque el homicidio se produce horas antes de que cinco policías sean imputados por “plantar” tres armas que usaron en atentados y amenazas contra el gobernador Maximiliano Pullaro a un miembro de la banda de Tripi, a quien los agentes querían perjudicar para liberar el territorio y desembarque otro grupo narco, que habría financiado –según se sospecha– la maniobra ilegal de los policías.
“Leo” Tripi se encontraba en la zona del Fonavi de zona oeste cuando fue atacado por dos jóvenes en moto. Lo acribillaron de varios disparos y sus familiares lo llevaron al hospital de Emergencias, donde entró en grave estado de salud. A la medianoche falleció.
El hecho provocó conmoción entre los allegados a la familia y amigos, entre ellos, Alexis Michell, el hombre al que los policías le “plantaron” las armas. Según señaló la letrada Elma Zapata a AIRE, quien ejerce la defensa de Michell, la familia se negó a ingresar al programa de protección de testigos, que implica para la víctima varias restricciones en su manera de vivir.
Para entender la trama que tiene como protagonistas al clan Tripi y a cinco agentes de la Policía hay que remontarse al 30 de enero pasado, cuando Michell, que se trasladaba en una Toyota Hilux, fue detenido por la policía, tras ver en un bar el partido de Newell’s y Lanús, junto a Leo Tripi.
La versión “oficial” que se difundió en ese momento apuntaba a que los efectivos secuestraron dentro de la camioneta tres pistolas calibre 9 mm, .40 mm y .380 mm. También incautaron un cartón con un mensaje que decía: "TOE (Tropas de Operaciones Especiales) dejen de joder porque ni Pullaro los va a salvar". La acusación contra Michell fue la de participar en un ataque a balazos a la sede de esa fuerza de elite el 20 de enero pasado, en un lugar que queda muy cerca de la zona donde viven los Tripi. Pero todo era falso.
El relato detallado que contó Michell al fiscal Franco Carbone terminó por convencerlo. Él dijo que los policías lo pararon primero en pasaje Acuña entre Rouillón y Pedro Lino Funes. Los agentes revisaron la camioneta y no encontraron nada. Pero Michell tenía olor a alcohol y le dijeron que debía ir hasta 27 de febrero y Rouillón donde iban a hacerle un test de alcoholemia. Era todo mentira, según señaló la abogada Zapata. Lo siguieron dos móviles del Comando Radioeléctrico y en el trayecto se subió un policía en la camioneta. A Michell le llamó la atención el despliegue si era solo por un control de alcoholemia. Pensó que lo querían coimear, pero era más grave la situación.
En la esquina de 27 de Febrero y Rouillón paró la camioneta y los policías comenzaron a revisarla otra vez. Uno se acercó y le dijo: “MIrá lo que te dejaron en la chata”. Era un bolso donde había tres armas. Luego fue esposado y detenido. Estuvo 15 días preso.
Según advirtieron las fuentes judiciales, el acusado argumentó en la audiencia judicial, que se hizo luego, que las armas las había plantado la policía. De todos modos, fue imputado. Pero en la investigación judicial comenzó a florecer la hipótesis de que lo que decía este hombre podría tener asidero. A Zapata le llamó la atención que cuando declaró su cliente en el Centro de Justicia Penal era incesante la presencia de policías que entraban y salían de la sala.
Para el fiscal Carbone, los policías plantaron las armas para involucrar en el hecho a una banda rival. No aportó detalles de qué grupo criminal sería el que tramó esta maniobra con los efectivos del Comando Radioeléctrico, que serán imputados por “encubrimiento”. El fiscal aún no tiene en claro si los policías también participaron de los ataques en los que se usaron esas armas. En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe señalaron que los agentes no habrían disparado ni organizado los atentados.
Según las fuentes consultadas, hay varias versiones sobre quiénes pagaron a los policías. Una apunta a Los Camino, que siempre quisieron ocupar la zona donde Los Tripis tenían el control. Ahí aparece la sombra de un sector de la banda de Los Monos, aliado a este clan. La otra apunta a Francisco Riquelme, que también tiene poder en la zona oeste, fundamentalmente en los barrios Empalme Graneros y Ludueña.
Esas tres armas, según Carbone, se usaron en tres ataques que ocurrieron días después de que asumiera como gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, que dispuso un reagrupamiento de los presos de alto perfil en los penales de la provincia, que generaron que se produjeran en las calles atentados y amenazas contra el mandatario provincial.
El primer ataque fue el 12 de diciembre, cuando dos hombres, uno de ellos con guantes de látex, disparó con una pistola calibre .40, de gran poder de fuego, contra la sede del Banco Macro de Ovidio Lagos y Saavedra. En ese lugar los atacantes dejaron una amenaza contra Pullaro, que hacía referencia al enojo de los presos de alto perfil de la cárcel de Piñero.
Unas horas después se produjo un ataque similar contra la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde el calibre que utilizaron los atacantes fue el mismo. Además, los tiradores dejaron otro mensaje casi idéntico al que habían arrojado en la puerta del banco horas antes.
El tercer ataque se produjo el 27 de diciembre. Ese día fue baleada la comisaría 19ª de Rosario. Los disparos, según los peritajes, se hicieron con una pistola .380. En una audiencia imputativa fue acusado Francisco Riquelme, preso actualmente en la cárcel de Marcos Paz, de planear y de financiar este ataque. La sospecha del fiscal era que también había organizado los dos atentados previos, pero no obtuvo pruebas para endilgarle esos hechos.
Además, en la investigación judicial detectaron que el 20 de enero pasado se usó una de las armas plantadas por la policía, una calibre 9 mm, para balear la sede de la TOE, en la zona oeste de Rosario. Ahí también se encontró un mensaje que hacía referencia a la banda Tripi. Tres días después, con esa pistola tirotearon el bar de una estación de servicio. Y apareció el mismo mensaje.
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Tras una serie de peritajes, el fiscal Carbone ordenó el domingo la detención de cinco policías, entre los que hay tres hombres de trayectoria en la fuerza y dos recién ingresados. Uno de los efectivos tenía carpeta médica, pero a pesar de eso se encontraba en la provincia de Córdoba. Este uniformado se desempeñaba en la Oficina de Gestión Judicial del Ministerio Público de la Acusación, aunque antes había pasado por el Comando Radioeléctrico, que era el lugar donde trabajaban actualmente los otros aprehendidos, que serán imputados este miércoles.
En el medio ocurrió algo que alteró aún más este escándalo de corrupción y narcotráfico: Leo Tripi, a quien pretendían perjudicar los policías fue acribillado en el barrio del oeste donde vive.
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La banda conocida como Tripi opera en los monoblocks del Fonavi Parque Oeste, donde el monopolio de la venta de drogas lo tiene Iván Tripi y su hermano Leo. El primero fue condenado el año pasado a siete años de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº2. La distribución de cocaína en el barrio la manejaban desde las cárceles de Resistencia y Ezeiza, donde están presos la mayoría de los integrantes de este grupo.
A este grupo criminal, que es fuerte en la zona donde se produjeron los atentados, es al que querían perjudicar los policías al plantar las armas a uno de sus integrantes para que los acusen de los ataques. Según el fiscal, era para favorecer a un contrario. En la zona oeste operan desde hace tiempo “franquicias” narco de las dos organizaciones más poderosas de Rosario, como Los Monos y Esteban Alvarado, pero también grupos más pequeños, con una cobertura barrial, como Tripi.
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