Los más graves fueron los cuatro homicidios que se sucedieron a principios de marzo, de trabajadores elegidos al azar. La clave en la investigación para llegar a tener bajo la lupa a los autores materiales surgió, entre otras fuentes, de los datos que aportó el menor de 15 años que fue detenido por el asesinato del playero Bruno Bussanich.
“Esto fue coordinado. Se conformó un grupo criminal para llevar adelante los atentados”, aseguró el fiscal Adrián Spelta en una conferencia de prensa que se realizó el martes al mediodía, luego de que se realizaran 30 allanamientos y se produjeran siete detenciones a los presuntos autores materiales y organizadores de los cuatro homicidios que se sucedieron a principios de marzo, y que provocaron un fuerte impacto en la ciudad, que quedó durante varios días paralizada y motivó a que el gobierno nacional envíe un refuerzo de efectivos federales.
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Como autores intelectuales aparecen, según altas fuentes del gobierno, dos jefes narcos que están presos en el penal de Ezeiza, como son Alvarado y “Morocho” Mansilla. Ambos intentaron fugarse en un helicóptero en marzo del año pasado de ese penal.
En esta serie de allanamientos, en los que participaron unos 300 efectivos, según detalló el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se secuestró la ropa que usó el joven durante el homicidio en la estación de servicio Puma, donde quedó registrado por las cámaras.
Spelta dijo que en la audiencia que se realizará el martes esperan delinear parte del plan que se usó para generar conmoción en Rosario a partir de los atentados y los cuatro homicidios.
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El sicario que mató al playero quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar. Su detención permitió avances en la investigación sobre los otros atentados.
La hipótesis más firme que se maneja es que esta cadena de ataques fueron una reacción a las políticas carcelarias que aplicó el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro después de asumir, cuando el 12 de diciembre se empezaron a aplicar una serie de controles y restricciones a los presos de alto perfil de la cárcel de Piñero, que está ubicada a unos 25 kilómetros de Rosario.
El primer hecho de la saga comenzó el 2 de marzo, cuando fue atacado a balazos un ómnibus que trasladaba agentes penitenciarios.
Los allanamientos que se realizaron durante la madrugada, en medio de un fuerte despliegue en el que participaron agentes de la Tropa de Operaciones Especiales y de la Policía de Investigaciones, llevó a domicilios que estarían vinculados a un sector cercano a Alvarado.
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Esteban Alvarado es uno de los jefes narcos presos en la cárcel de Ezeiza.
Este jefe narco aparece en la trama a partir de que entre los detenidos se encuentra gente que tributaba a “Morocho” Mansilla, quien se fugó en 2021 del penal de Piñero tras un ataque comando. Fue recapturado 11 meses después y la Justicia decidió trasladarlo a la cárcel de Ezeiza, donde tenía previsto participar con Alvarado de un plan de fuga más impactante: escaparse con un helicóptero del penal federal, algo que no logró concretar después de que el piloto delatara al jefe narco.
En el gobierno evalúan que, si las evidencias en la Justicia son sólidas, pedirán el aislamiento total de Alvarado y de Mansilla, ya que ambos están alojados en el penal de Ezeiza.
La principal hipótesis que se maneja es que los jefes narcos pasaban información sobre los ataques a través de las visitas íntimas, que no están restringidas en el régimen actual.
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Este martes se realizaron requisas en el penal de Ezeiza, según confirmó el fiscal, y también en el penal de Piñero.
Hasta ahora no aparece en la investigación que haya una acción conjunta entre distintas que antes eran antagónicas, como conjeturaban en el gobierno a partir de información que había surgido desde adentro de las cárceles.
“Creemos que hicieron correr esa información de manera intencionada”, planteó una alta fuente, que aclaró que aún no se descarta esa estrategia. Pero sí la coordinación fue entre Alvarado, Mansilla y Núñez, conocido como “Chucky” Monedita, un sicario de peso.
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El ataque a balazos contra un colectivero en Rosario, quien murió pocos días después, causó conmoción en la ciudad.
Alvarado tiene una inquina particular contra Pullaro desde que en su gestión en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe fue detenido en febrero de 2019 en un camping en Río Tercero, que era el lugar donde se escondía.
A partir de su caída empezaron a surgir investigaciones en el fuero provincial y federal que lo llevaron otra vez a la cárcel. Y mandó a matar a varios testigos que declararon en su contra, como Carlos Arguelles, un amigo desde su juventud.
En el Ministerio de Seguridad de la Nación, celebraron “avances fundamentales” en la investigación. Plantearon que “se está trabajando fuertemente para hallar a los responsables de los crímenes que sembraron terror en la sociedad”.
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“El Estado está unido, somos más fuertes que cualquier organización criminal y vamos a llegar a los responsables”, planteó Pullaro en las redes sociales. “Los santafesinos y el país deben saber que no hay impunidad. Hoy dimos un paso adelante importante y sabemos que falta mucho por hacer en la lucha contra las mafias”, sostuvo.
Los 30 allanamientos en diversos puntos de Rosario se llevaron adelante bajo estricta reserva. El objetivo era dar con los acusados de los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero de la línea K Marcos Daloia, y de Bussanich.
Además, existieron otros hechos vinculados a estos homicidios, como balacera a la Comisaría 12, un ataque a un colectivo de la línea 122 y el incendio de un taxi.
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El fiscal rosarino Adrián Spelta tiene a su cargo la investigación de los últimos crímenes ocurridos en Rosario.
El gobierno provincial y nacional calificaron estos hechos como “narcoterrorismo”. Y ensayaron luego varias medidas para lograr que la población vuelva a despojarse del miedo, después del impacto que provocaron estas muertes. Fueron víctimas elegidas al azar para causar la sensación en la gente de que cualquiera podía ser blanco de una ejecución.
La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el gobernador de Santa Fe llamaron a la creación de un Comité de Crisis para intervenir en el tema. Y llegaron a Rosario unos 450 efectivos de las cuatro fuerzas federales, a los que se sumaron camionetas y colectivos del Ejército, junto a dos helicópteros que todo el tiempo patrullan desde aire.
Rosario atraviesa un escenario novedoso y particular. Una instancia que no tiene antecedentes. El problema no es la cantidad de casos de violencia, como sucedió a lo largo de la última década, sino el tipo de acción que llevan adelante los grupos criminales. Y está ahí puesta la preocupación del gobierno porque se confirmó que hubo acciones coordinadas para generar un estado de pánico.
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El análisis que hacen en el gobierno es que se buscó golpear la confianza en la gente a esta nueva gestión, que se planteó como prioridad bajar la violencia.
Este nuevo capítulo genera no sólo preocupación, sino también cierto desconcierto sobre dónde pueden golpear la próxima vez. En el gobierno provincial no descartan que se produzcan nuevos hechos que provoquen más conmoción. Lo que repiten es que no van a retroceder con las medidas que tomaron en las cárceles.
