Efectivos del Ejército, de la Armada Argentina y de Gendarmería llegaron este jueves a la ciudad de Rosario.
Nadie puede hacerse el sorprendido. Hace años que se habla de la conflictividad en la ciudad de Rosario y alrededores a raíz del crecimiento o reproducción de bandas de narcotraficantes. La venta de drogas y el feroz enfrentamiento entre quienes la distribuyen, no preocupó demasiado hasta que las víctimas de las extorsiones y de las balaceras comenzaron a ser ciudadanos inocentes.
La dirigencia política santafesina, salvo excepciones, estuvo más ocupada en chicanearse con las presuntas responsabilidades que en encontrar una verdadera solución al problema y hacerse cargo de sus propios errores o complicidades.
Ahora, ante el descontrol total de la situación, el gobierno nacional de Javier Milei y el de la provincia de Santa Fe van camino a repetir un histórico fracaso a nivel global: declararle la “guerra” al narcotráfico con la participación de las fuerzas armadas, incluido el Ejército.
El líder libertario prometió enviar al Congreso un proyecto para modificar la ley de Seguridad Interior y el gobernador Maximiliano Pullaro salió a apoyarlo.
En complicidad con la ONU y la Organización Mundial de la Salud, en 1971, Estados Unidos declaró la guerra a las drogas y, debido a que el país del norte es el mayor consumidor, pero no productor, la estrategia fue atacar a los estados abastecedores de estupefacientes. Así, países de Latinoamérica ingresaron con esa disputa dentro de sus propios territorios.
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Millonarias sumas de dinero en armamento, en personal de fuerzas de seguridad, en inteligencia e inversiones en el ámbito judicial, no lograron en ninguno de los países involucrados resultados favorables. Por el contrario, el consumo de drogas aumentó drásticamente, las cárceles se superpoblaron de los denominados “perejiles”, y las calles de muertos –integrantes de las bandas criminales, policías y ciudadanos comunes-. En cambio, los recursos destinados a intervenir en el financiamiento del narcotráfico y determinar los verdaderos gerentes del negocio, son escasísimos.
En diálogo con el programa de AIRE, Pasan Cosas, Luciano Anzelini, doctor en Ciencias Sociales (UBA), profesor de las Universidades Nacionales de San Martin, Quilmes y Torcuato Di Tella, y ex Director Nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa, advirtió que “el presidente Milei, claramente, toca de oído en este tema”.
El especialista rechazó la posibilidad de que el Ejército Argentino participe de la lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario. “La idea de reformar la ley de Seguridad Interior con los supuestos de participación de las fuerzas armadas es un error importante. En la Argentina se ha dado un consenso normativo sólido de carácter multipartidario”.
“Estados Unidos tiene un ordenamiento normativo similar. Las fuerzas armadas no pueden participar en operativos de seguridad interior”, dijo y precisó los motivos, claramente atendibles: “Las fuerzas armadas no están preparadas para eso porque se forman para otra cosa. La persona que elige dedicarse a la defensa se forma para usar el máximo empleo de la fuerza del Estado. No tiene un uso gradual y administrado como el que puede emplear una fuerza intermedia –como Gendarmería y Prefectura- y una fuerza policial. El militar usa fuerza letal”.
Además, para Anzelini la gravedad de la situación de lo que ocurre en el sur de la provincia de Santa Fe aún dista de lo que ha ocurrido en México y Colombia. “El estadio de evolución del problema del narcotráfico en Argentina es complejo. Claramente, tiene situaciones trágicas como pasa en Rosario, pero lo cierto es que no tiene grandes evoluciones como pasó en México y Colombia”, y explicó que “allí había organizaciones narcocriminales con disposición de armamento y táctica militar. Para esos casos, eventualmente, se podría emplear unidades específicas de las fuerzas armadas, pero en Argentina la evolución del narcotráfico todavía puede ser abordada desde la inteligencia criminal, sumado al apoyo a jueces y fiscales. Y eso no es una expertiz que tengan las fuerzas armadas”.
El especialista remarcó también que el apoyo logístico de las fuerzas armadas para cuestiones de seguridad interior ya está incluido en la ley, por tal motivo, no hay que modificar ninguna ley.
Además, según el especialista, los países que en Latinoamérica han usado las fuerzas armadas para temas de seguridad interior, sin mucho éxito, fue porque no disponían de estos cuerpos intermedios; y como si faltasen motivos para rechazar este tipo de políticas públicas, para Anzelini, la idea de que el Ejército se inmiscuya en aspectos de seguridad interior “no tiene consenso en las fuerzas armadas”.
El doctor en Ciencias Sociales recomendó escuchar a los líderes de la derecha a nivel internacional. “Un abanderado de la lucha contra el narcotráfico con las fuerzas armadas y que las usó ampliamente, fue ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que recibió el premio Nobel de la paz. Cuando recibió el premio dijo que había que replantearse la guerra mundial contra las drogas porque no estaba teniendo éxito. Había que buscar otros mecanismos. Estaba apuntando a que (el narcotráfico) es un fenómeno económico y que no se resuelve con el máximo poder de fuego del Estado”.
Por su parte, el diputado provincial Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Carlos Del Frade, hizo referencia a la importancia del control de la hidrovía del río Paraná y al uso del Ejército para reprimir la protesta social con la excusa de combatir al narcotráfico.
En diálogo con AIRE, el legislador recordó que “el 24 de abril del 1978 por un acuerdo entre la dictadura de Videla y Hugo Banzer de Bolivia, llegaron los primeros 200 kilos de cocaína al puerto de Rosario a la zona franca de Bolivia. Vamos a cumplir 46 años de lo que los paraguayos llaman la hidrovía de la cocaína”.
Sobre la problemática actual, casi 50 años después de ese fundacional, Del Frade precisó que “de los cientos de kilos que van a diferentes lugares del mundo, 47 bandas narcopoliciales y barriales, ubicadas en distintas zonas de Rosario, se los debaten a los tiros”.
“A partir de diciembre del año pasado aumentaron las condiciones de rigurosidad en las cárceles para los referentes de algunas de esas bandas y eso produjo el asesinato de cuatro trabajadores jóvenes”, dijo el diputado sobre los hechos que desencadenaron la ola de asesinatos ocurridos la semana pasada en Rosario. Al respecto, remarcó que “la salida fue la misma de siempre: la undécima llegada de fuerzas federales que generan dos meses de tranquilidad y después las bandas vuelven a pelearse”.
Del Frade remarcó que las bandas conforman los eslabones inferiores y afirmó que “los que manejan los negocios del narcotráfico son las grandes burguesías, en el mundo, en América Latina, en Argentina, en la provincia de Santa Fe y en Rosario”.
Por otro lado, el legislador advirtió por la cuestión social y las políticas represivas. “La receta que ahora se impone es el único plan político que hace 40 años está vigente: la doctrina de seguridad continental, generada por Estados Unidos en los años 90. Se hizo para generar control social con la excusa de lo que dicen llamar ahora narcoterrorismo. Lo hacen casi todos, el presidente, la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa y la mayoría de los gobernadores. Usan a Rosario para generar este plan de política estadounidense pare la Argentina”, expresó.
Sobre el mismo punto, hizo foco en “la idea de que la hidrovía del río Paraná sea comandado por el Comando Sur del Ejército norteamericano. Es un retroceso de la democracia y el retroceso en la ley de seguridad interior es para volver a ver al Ejército en las calles, algo que servirá para reprimir la protesta social”.
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Dos casos paradigmáticos del fracaso de la lucha armada contra las drogas son México y Colombia. En México han sido asesinadas alrededor de 350.000 personas y más de 72.000 continúan desaparecidas —según cifras oficiales de enero de 2006 a mayo de 2021— no solo por la militarización, sino sobre todo porque los soldados salieron de los cuarteles para combatir una guerra ficticia.
En Colombia, en 2018, se registraron más de 3.500 asesinatos, más de 240 más que en el mismo tiempo de 2017, lo que representa un aumento del 7,2%.
De acuerdo con un informe mundial de Human Rights Watch, en 2021 al menos 290 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) fueron asesinados, se documentaron 82 masacres cometidas por grupos armados ilegales, al menos 60.000 personas han sido desplazadas forzosamente y desde 2016, al menos 500 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas.
El ex jefe del Ejército, Martín Balza sostuvo que los países que involucraron a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico tuvieron “resultados negativos, letales y desmoralizadores”.
Además, para el general Balza, que también fue embajador en Colombia y Costa Rica, esta estrategia, en otros países, afectó “seriamente la esencia y la profesionalidad” de las Fuerzas Armadas.
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“Por muchos factores, porque las Fuerzas Armadas del mundo y las nuestras, estoy convencido, no tienen ni por misión, ni por estructura, ni por despliegue ni por instrucción o adiestramiento, armamento y capacidad, para actuar contra el flagelo del narcoterrorismo”. En este punto, ejemplificó: “Pongo el caso de Colombia, ¿se terminó el narcotráfico? No. ¿Se incrementó? Sí”.
Por último, Sabrina Quinteros, abogada e integrante de la Asociación Civil Miradas, de la ciudad de Rosario, hizo hincapié en la necesidad de contar con una nueva ley de drogas.
En diálogo con AIRE, Quinteros aseguró que “el problema del abordaje de sustancias ilegales en Argentina data de mucho tiempo y nosotros hemos intentado poner sobre la mesa y en la agenda política una discusión seria sobre el tema”.
“La mal llamada guerra contra las drogas ha fracasado y otros paradigmas son posibles. Se necesita una nueva ley de drogas. Tenemos que empezar a abrir la discusión. La ley actual es el reflejo de un paradigma represivo, que vulnera los derechos y estigmatiza a los usuarios y usuarias. La ley surgió para perseguirlos”, remarcó la especialista.
En la misma dirección, advirtió que “si seguimos sosteniendo discursos políticos que crean estereotipos peligrosos o enemigos a combatir, anclamos el problema solamente en quien hace de transa (vendedor minorista) y en quien consume. No hacemos foco en otros temas complejos, como el consumo problemático, el lavado de dinero del narcotráfico y el rol que cumple la justicia y las políticas públicas”.
Según Quinteros, se debe apuntar a reducir la oferta, disminuir la demanda y alentar programas como Nueva Oportunidad, el Plan Abre y toda aquella política orientada al empleo joven, sumando lo cultural y educativo. “Ese es el camino y no otro”, sostuvo.
Por último, avisó que “el discurso sobre el narcoterrorismo y la juntada con la escalada de violencia sirve para un escenario para justiciar el accionar de las fuerzas armadas en pos de la seguridad interna. Son funcionales a una militarización de los barrios más vulnerados”.
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