Cuando el crimen amenaza al Estado: gobernar y juzgar bajo el manto de la amenaza permanente

Ejercer la magistratura federal en el norte de Santa Fe constituye, desde hace años, un ejercicio diario de templanza, pero también de coraje. Quienes asumimos la responsabilidad de aplicar la ley frente al crimen organizado sabemos que el camino es complejo y la realidad demostró que las estructuras delictivas no tienen reparos en quebrar cualquier límite institucional para intentar imponer su pedagogía del terror y esto lo he vivido en carne propia: en mi despacho, en las rutas de mi provincia y en la intimidad de mi hogar.

La primera señal de que el cumplimiento de mi deber comenzaba a afectar intereses enquistados en la impunidad llegó en septiembre de 2011 ya que a medida que avanzaban las causas por delitos de lesa humanidad en Reconquista, la reacción no tardó en manifestarse: pintadas intimidatorias aparecieron en el edificio del Juzgado Federal. Aquellos hechos me confirmaron que cada paso hacia la verdad y la justicia incomoda a quienes confiaban en permanecer al margen de toda rendición de cuentas frente a la sociedad.

Con el paso de los años, la transformación de la criminalidad, cada vez más vinculada al narcotráfico y a estructuras delictivas transnacionales, incrementó la gravedad y la audacia de las intimidaciones. Es así como, en julio de 2016, mientras regresaba de madrugada por la Ruta Provincial 40 después de asistir a la cena por el Día de la Independencia organizada por el Club de Leones de Reconquista, fui interceptado en un tramo completamente oscuro por un automóvil con vidrios polarizados y cuando el vehículo se emparejó con el mío, uno de sus ocupantes me apuntó directamente con un arma de fuego. Aceleré todo lo que el vehículo permitía y, pocos segundos después, se alejaron doblando hacia el carril contrario y desaparecieron a toda velocidad en la oscuridad.

En aquel momento tenía a mi cargo asuntos de enorme trascendencia institucional ya que integraba el Tribunal Oral Federal de Resistencia que juzgaba la megacausa de narcotráfico conocida como "Carbón Blanco" y, simultáneamente, me desempeñaba como juez federal subrogante en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde impulsaba investigaciones por presuntas maniobras de fraude en una Universidad Nacional ubicada en la provincia del Chaco y cuyo rector -actualmente fallecido- resultó condenado.

Cuando las luces de la función pública se apagan y las amenazas se esfuman en el silencio, lo único verdaderamente valioso es la certeza de haber honrado aquel juramento inicial con integridad.

El mensaje era inequívoco ya que quienes estaban detrás de aquella acción sabían quién era, dónde me encontraba, en qué vehículo me movilizaba y cuáles eran mis movimientos. Fue una demostración deliberada de vigilancia y poder destinada a intimidar ya que, en el mundo del crimen organizado, cuando la corrupción no encuentra receptores y el dinero no logra comprar voluntades ni torcer decisiones, se recurre a la amenaza y al miedo como herramientas de presión. Aquella noche comprendí que el episodio no estaba dirigido solamente a mi persona, sino también contra la independencia en las decisiones judiciales, pero, lejos de amedrentarme, aquel hecho reafirmó una convicción que había sostenido desde el inicio de mi carrera: ninguna suma de dinero, ningún favor y ninguna amenaza pueden apartar del cumplimiento del deber a quien ha decidido honrar su juramento y ejercer la magistratura con independencia, integridad y apego irrestricto a la ley.

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El agravamiento de estas prácticas mafiosas alcanzó su punto más perturbador dentro de mi propio despacho del Juzgado Federal de Reconquista. Es así como un miércoles 7 de agosto de 2019, al ingresar en horas tempranas a mi oficina me topé con una escena escalofriante: un gorrión muerto, con la cabeza aplastada yacía justo al lado del mouse de mi computadora. Las ventanas estaban cerradas y el edificio contaba con custodia ininterrumpida las 24 horas por parte de la Gendarmería Nacional, por lo que alguien había caminado por mi despacho, vulnerando el anillo de seguridad institucional más estricto de la región para dejar sobre mi escritorio una advertencia silenciosa pero letal, una demostración inequívoca de lo que podía sucederme.

Lejos de detenerse, el acecho terminó por trasladarse a mi ámbito más íntimo y personal. En julio de 2022, un delincuente atacó violentamente la puerta principal de mi residencia de toda la vida, ubicada en el barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe. A golpes, destrozó parte de la estructura y forzó la cerradura con la aparente intención de ingresar al inmueble, pero por suerte la intervención y el estado de alerta de los vecinos impidieron que consumara su propósito.

El episodio no fue interpretado como un hecho aislado y las circunstancias que lo rodearon llevaron a la justicia a investigarlo como una nueva intimidación vinculada al ejercicio de mi función y a las decisiones adoptadas en causas de gran sensibilidad, especialmente aquellas dirigidas contra organizaciones dedicadas al lavado de activos y al narcotráfico con ramificaciones provinciales y regionales.

Para entonces, la secuencia resultaba demasiado evidente para ser ignorada: primero las pintadas intimidatorias, luego las amenazas en la ruta, el mensaje mafioso en mi oficina y finalmente el ataque a mi domicilio. Distintos escenarios, pero una misma lógica mafiosa y un mismo mensaje intimidatorio. Quizás ello se explique porque, a lo largo de mi trayectoria, jamás promoví ni toleré las denominadas "puertas giratorias" para los delincuentes. Siempre entendí que la libertad es un derecho fundamental, pero también que la ley debe aplicarse con firmeza cuando los hechos y las pruebas así lo exigen y que la protección de las víctimas constituye un deber ineludible de la Justicia y esa línea de conducta, sostenida sin excepciones, fue conocida tanto por quienes acudían al Juzgado en busca de justicia como por quienes pretendían eludirla.

Recuerdo una breve anécdota que refleja con claridad esa realidad, ya que, en una oportunidad, un narcotraficante detenido mientras transportaba estupefacientes desde Paraguay sobre la ruta nacional 11 se lamentaba ante el gendarme que lo custodiaba camino a la cárcel. Según me relató el propio funcionario, el detenido decía que su peor fortuna había sido caer dentro de la jurisdicción del Juzgado Federal de Reconquista y no en otra, porque sabía que allí se encontraría con un juez inflexible frente al delito y ajeno a cualquier tipo de presión o negociación. Más allá de la anécdota, aquellas palabras me confirmaron algo que siempre consideré esencial: la credibilidad de un juez no se construye con discursos, sino con decisiones coherentes y públicas a lo largo del tiempo.

Esta experiencia personal, marcada por la hostilidad constante, me permite comprender con absoluta nitidez la crítica situación que hoy atraviesa el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La ofensiva criminal que el mandatario sufre desde que asumió el cargo no es un fenómeno distinto al mío; es la misma maniobra mafiosa operando a gran escala. Cuando el crimen organizado responde a las políticas de seguridad con balaceras contra un banco y un hospital en Rosario, dejando notas que amenazan la vida de sus hijos, o cuando satura las paredes con grafitis que prometen masacres si se continúa con el derribo de búnkeres y el endurecimiento de los pabellones de alto perfil en las cárceles, lo que se busca no es solamente atacar a un gobernador sino quebrar la voluntad del Estado Provincial de combatir el delito.

La reciente alerta sobre un presunto plan de sicariato para atentar contra la vida del gobernador Pullaro, tras una visita oficial a Ceres en octubre de este año, que derivó en la detención del sospechoso apodado "Pantera" y en el secuestro de armas de fuego, constituye una confirmación dramática de una realidad que quienes enfrentamos al crimen organizado venimos advirtiendo desde hace años. Las amenazas, intimidaciones y actos de amedrentamiento que relaté anteriormente ya no aparecen como episodios aislados, sino como manifestaciones de un mismo fenómeno: el avance de organizaciones criminales cada vez más audaces, violentas y convencidas de que pueden desafiar abiertamente al Estado.

Debo aclarar que estas reflexiones no implican adhesión política, partidaria ni ideológica alguna respecto del actual gobernador de la provincia, ni constituyen una valoración sobre su gestión de gobierno. Mi propósito no es intervenir en el debate político ni pronunciarme a favor o en contra de una determinada administración sino que lo que motiva estas consideraciones es una preocupación estrictamente institucional: las amenazas dirigidas contra un gobernador, un juez, un fiscal o cualquier funcionario público no deben interpretarse como agresiones individuales, sino como ataques al normal funcionamiento del Estado y por ello, merecen idéntico rechazo con independencia de la identidad de la persona afectada, de su orientación ideológica o del partido al que pertenezca, ya que la defensa de las instituciones republicanas, de la vigencia de la ley y de la autoridad legítima del Estado constituye un deber que se encuentra por encima de cualquier circunstancia política contingente.

Por otra parte, observo que las bandas criminales ya no operan únicamente en las sombras, sino que han acumulado poder económico, capacidad logística y niveles de violencia que les permiten disputar territorios, intentar intimidar funcionarios y condicionar decisiones y atacar a quienes consideran obstáculos para sus negocios ilícitos. Cuando no logran sus objetivos mediante la corrupción o la influencia del dinero, recurren a las amenazas y a la violencia y cuando tampoco consiguen doblegar la voluntad de quienes cumplen con su deber, elevan la escala de sus acciones.

En todos los casos reseñados el patrón es idéntico: se intenta instalar una disyuntiva perversa entre la claudicación o el peligro perenne y la respuesta más efectiva frente a esos desafíos sigue siendo la misma: fortalecer las instituciones, actuar con firmeza y demostrar, con hechos y no con palabras, que ni el miedo, ni las presiones, ni el dinero pueden prevalecer sobre la justicia y el Estado de Derecho.

A nivel personal, estas circunstancias nos obligan a una profunda introspección ya que sería una hipocresía negar el impacto de estas agresiones. El temor es una reacción biológica e inevitable ante el peligro real, pero la diferencia radica en que quienes tenemos convicciones firmes simplemente decidimos no atender ese miedo, no dejar que dicte nuestras decisiones, que nos paralice o que nos haga temblar el pulso al momento de firmar una sentencia condenatoria.

Al final del día, uno comprende que la vida no se trata meramente de perdurar en el tiempo o transcurrir en la comodidad de la indiferencia sino de dejar una impronta, una huella indeleble que demuestre que el paso por la función pública tuvo un sentido superior: la defensa de la justicia y de la libertad de nuestra comunidad a la que servimos.

El supuesto plan para atentar contra Pullaro se inició a raíz de un llamado al 911 que alertó la situación.

Hay un costado de esta lucha del que rara vez se habla, un costo invisible y silencioso que no se paga con estadísticas ni se refleja en los fallos judiciales: el impacto en el entorno familiar ya que si bien quienes ejercemos esta labor asumimos conscientemente los riesgos que conlleva, nuestros seres queridos son ajenos a dicho compromiso y se convierten, sin haberlo elegido, en la otra trinchera de la resistencia institucional.

A menudo, desde afuera, se mira la custodia policial o la asignación de escoltas como un símbolo de estatus o un privilegio propio del cargo. La realidad cotidiana es exactamente la opuesta: la custodia es profundamente invasiva, un recordatorio constante de que la normalidad y la privacidad han sido arrebatadas. Significa aprender a convivir con autos vigilando en la puerta, con movimientos limitados, con la imposibilidad de transitar la ciudad con libertad y con la angustia permanente de saber que el blanco de las amenazas no es solo uno, sino también a aquellos a quienes más amamos. Alterar las rutinas de los hijos, medir cada paso y transformar el hogar —que debería ser el último refugio de paz— en un espacio vigilado es, quizás, la prueba más difícil de soportar. No obstante, en medio de esa asfixiante intromisión en la intimidad, la familia sostiene, acompaña y comprende que ceder ante esa presión significaría renunciar a los valores más esenciales que debemos legarles.

Por todo ello las organizaciones criminales deben comprender que sus amenazas son estériles ya que sin importar el nombre del juez que dicte una sentencia, del fiscal que impulse una investigación o del gobernante que adopte una decisión, la lucha contra el crimen organizado trasciende a las personas para convertirse en una política de Estado permanente e irreversible. Cuando las instituciones actúan con firmeza y cohesión, el miedo deja de ser una herramienta de poder y vuelve a ocupar el lugar que le corresponde: el de un recurso desesperado de quienes saben que la ley terminará alcanzándolos.

La historia demuestra que ninguna organización criminal es más fuerte que un Estado decidido a hacer cumplir la ley ya que los nombres de las bandas cambian, sus jefes caen y sus estructuras terminan desmoronándose, pero lo único que permanece es la fortaleza de las instituciones cuando quienes las integran tienen la determinación de no ceder y es por eso por lo que, frente a la amenaza, la respuesta debe ser siempre la misma: más justicia, más ley y más República.

Al final del camino, cuando las luces de la función pública se apagan y las amenazas se esfuman en el silencio, lo único verdaderamente valioso es la certeza de haber honrado aquel juramento inicial con integridad; es la íntima y serena convicción de poder mirar a los ojos a las próximas generaciones sabiendo que, frente a cada encrucijada, nunca se priorizó la comodidad por encima de la ley.

*El autor es abogado, docente y actualmente se desempeña como juez federal en Reconquista. En febrero de 2026 fue elegido como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.