La impunidad también mata: de Marta a Ana, una historia que la Justicia santafesina nunca logró cerrar

El 23 de marzo de 1988 una joven profesora de educación física llamada Marta Isabel Romero salió de su casa en la ciudad de Santa Fe capital y nunca regresó, tenía apenas 27 años y dejaba una beba de meses. Aquella mañana debía concurrir a un encuentro vinculado a los trámites de su separación, pero jamás llegó a destino, sino que horas más tarde su automóvil apareció abandonado en el estacionamiento del Hospital Iturraspe frente a la cancha del Club Union.

Desde entonces nadie volvió a verla y su cuerpo nunca fue encontrado quedando detrás de esa desaparición una niña que crecería sin el abrazo de su madre, una familia condenada a convivir con la incertidumbre y una pregunta que el paso de los años jamás logró responder: ¿qué pasó con Marta?

La desaparición de Marta Romero atravesó años de investigación, durante las cuales la causa pasó por las manos de seis jueces sin que pudiera brindarse judicialmente una respuesta definitiva sobre lo ocurrido.

Treinta y un años después, el destino pareció escribir en la misma ciudad de Santa Fe una historia demasiado parecida como para ser ignorada. El 17 de octubre de 2019 desapareció Ana María Alurralde, también apareció un automóvil abandonado y nuevamente una familia recorrió comisarías, hospitales y calles con el corazón desgarrado por la incertidumbre. Dos días después, Ana fue encontrada asesinada en una zanja de la zona de Ángel Gallardo y según la pericia médica, había sido brutalmente golpeada en la vivienda que compartía con quien había sido su pareja durante más de veinte años.

Las similitudes entre ambas historias resultan estremecedoras, pero el dato más perturbador es que ambas mujeres habían compartido en distintos tiempos una parte importante de sus vidas con el mismo hombre: Santiago Daniel Fernandez y ambas atravesaban procesos de distanciamiento o ruptura de pareja cuando desaparecieron.

El femicida Fernández cuando fue detenido e imputado en tribunales de Santa Fe.

Maiquel Torcatt/ Aire Digital

A diferencia de lo ocurrido con Marta, en el caso de Ana la investigación logró llegar a una condena ya que Santiago Daniel Fernández terminó admitiendo su responsabilidad penal en el femicidio y fue condenado a prisión perpetua el 13 de octubre de 2021. Quedó acreditado que había denunciado falsamente la desaparición de Ana e intentado construir una historia destinada a desviar la investigación por lo que la verdad finalmente salió a la luz. Pero esa misma verdad judicial alcanzada en 2021 volvió a proyectar inevitablemente una mirada retrospectiva sobre la desaparición de Marta Romero y sobre las preguntas que durante más de tres décadas permanecieron sin respuesta ya que si bien la condena por el femicidio de Ana cerró un caso; paradójicamente, abrió nuevamente el interrogante sobre otro que la justicia santafesina aún no ha logrado cerrar.

Es así como la propia Justicia santafesina dispuso en 2021 la reconstrucción y revisión de la investigación, procurando alcanzar una reconstrucción histórica de los hechos vinculados a Marta Isabel Romero luego de la condena dictada por el femicidio de Ana María Alurralde y ello es porque la desaparición de Marta no representa únicamente una tragedia familiar, sino también una deuda institucional que todavía interpela a la sociedad santafesina.

LEER MÁS ► Ordenan reabrir la investigación por la desaparición de Marta Romero hace 33 años

No se trata de distribuir culpas con la comodidad que concede el paso del tiempo, sino de reflexionar sobre las consecuencias que deja una causa que nunca encontró respuestas satisfactorias.

Ana no eligió compartir su vida con un femicida sino con un hombre que durante años supo ocultar quién era realmente. Conoció a una persona amable en las formas, correcta en el trato, capaz de proyectar una imagen de sensibilidad y de aparente normalidad, pero como ocurre en tantas historias de violencia, la máscara apareció mucho antes que el verdadero rostro. Si Ana hubiese conocido al hombre que hoy surge de la reconstrucción de los hechos y de las decisiones judiciales posteriores, probablemente jamás lo habría elegido como compañero de vida.

Fernández fue sentenciado a la pena de prisión perpetua.

Maiquel Torcatt/ Aire Digital

Existe también otro aspecto que no puede ser ignorado y es que Ana tampoco conoció a un hombre señalado por la justicia santafesina por la desaparición de Marta Romero, sino que, por el contrario, conoció a una persona que durante más de tres décadas transitó la vida sin que el sistema judicial hubiera logrado atribuirle responsabilidad alguna en aquel hecho que conmocionó a Santa Fe. La desaparición de Marta permaneció envuelta en interrogantes, hipótesis y dudas, pero sin una respuesta judicial definitiva y cuando la justicia no logra ofrecer respuestas, la sociedad termina conviviendo con una apariencia de normalidad.

¿Cómo podía Ana sospechar aquello que las propias instituciones no habían logrado esclarecer?, ¿Cómo podía ver detrás de una máscara que ni siquiera una investigación que atravesó décadas y seis jueces penales habían conseguido remover por completo? Es una pregunta dolorosa, pero necesaria, porque nadie elige libremente vincularse con quien cree que es capaz de destruirle la vida, ya que las víctimas de femicidio no se enamoran de monstruos; se enamoran de personas que al principio saben disimular muy bien lo que son.

Tal vez allí se encuentre una de las consecuencias más graves de la impunidad, y esta es no solamente el sufrimiento que provoca a las víctimas y a sus familias, condenadas a convivir durante años con preguntas sin respuesta, sino también en el mensaje que transmite a la sociedad. Desde Cesare Beccaria en adelante existe un amplio consenso criminológico acerca de que la certeza de la sanción posee mayor efecto preventivo que la mera severidad del castigo. Es así que se ha insistido en una misma idea: lo que desalienta la comisión de delitos no es tanto la gravedad de la sanción como la certeza de que el Estado investigará, descubrirá la verdad y hará efectiva la responsabilidad de quien cometió el hecho y cuando eso no ocurre, cuando un acontecimiento gravísimo permanece durante décadas sin esclarecimiento definitivo, la Justicia deja de cumplir una de sus funciones esenciales: demostrar que ninguna persona está por encima de la ley.

Este año el MPA pidió su reconocimiento constitucional.

Maiquel Torcatt/ Aire Digital

Nadie puede afirmar qué ocurría en la conciencia de Santiago Daniel Fernández, ni saber cuáles eran sus pensamientos o convicciones íntimas. Pero sí resulta legítimo preguntarse si una investigación capaz de arribar oportunamente a la verdad y de hacer efectivas las responsabilidades que correspondieran habría evitado que otras personas quedaran expuestas a riesgos que nunca debieron existir.

La experiencia judicial demuestra que la ausencia de consecuencias o impunidad suele convertirse en un poderoso estímulo para quienes están dispuestos a transgredir los límites. Cuando una persona atraviesa más de treinta años sin tener que responder judicialmente por sospechas tan profundas como las que rodearon la desaparición de Marta Romero, resulta inevitable preguntarse si no termina desarrollando la creencia de que tampoco deberá responder por sus actos futuros.

La Justicia tiene la obligación de incorporar una verdadera perspectiva de víctima y en su caso de género en cada una de sus decisiones, lo cual implica comprender en este último supuesto que la violencia contra la mujer rara vez aparece de manera repentina sino que por el contrario, suele manifestarse como un proceso progresivo de control, aislamiento, dominación psicológica, dependencia económica y restricción de la autonomía personal y cuando esas señales son analizadas de manera aislada, muchas veces parecen insignificantes, pero sin embargo, observadas en conjunto suelen constituir verdaderas señales de alarma.

LEER MÁS ► Habló un familiar de Marta Romero, la expareja desaparecida del imputado por el femicidio de Alurralde

También es necesario desterrar una idea que, demasiadas veces, ha servido para justificar investigaciones insuficientes o resignaciones prematuras: las personas no se esfuman en el aire, la tierra no se traga a la gente. Detrás de toda desaparición existe una explicación, una secuencia de hechos y una verdad que espera ser descubierta y que cuando una mujer sale de su casa y jamás regresa, cuando abandona abruptamente a sus hijos, a su familia, sus afectos y sus proyectos de vida, la respuesta no puede ser la indiferencia ni la aceptación resignada del misterio.

Frente a una desaparición, la primera respuesta institucional no debería ser buscar argumentos para explicar por qué alguien pudo haberse ido voluntariamente, sino agotar todos los esfuerzos necesarios para determinar qué ocurrió realmente. Marta Romero no se evaporó, no desapareció por obra del destino, sino que algo le ocurrió y mientras la sociedad y la Justicia no logren responder qué fue ese algo, seguirá existiendo una deuda moral, humana e institucional que ningún paso del tiempo puede extinguir.

La perspectiva de género no exige abandonar la objetividad, invertir la carga de la prueba, ni tampoco significa condenar sin evidencias. Significa comprender los contextos en los que se producen determinadas violencias y evitar que prejuicios culturales o estereotipos naturalicen conductas que, en realidad, constituyen mecanismos de sometimiento. Del mismo modo, la perspectiva de víctima obliga a recordar que detrás de cada expediente existen personas, familias y sufrimientos concretos.

Nuevo edificio de los tribunales de Santa Fe.

Maiquel Torcatt / Aire Digital

Con demasiada frecuencia los sistemas judiciales observan los hechos desde la lógica del victimario: qué prueba existe, qué pudo acreditarse, qué explicación alternativa puede formularse lo cual es indispensable en un Estado de Derecho, pero también resulta imprescindible preguntarse qué señales fueron ignoradas, qué contextos de vulnerabilidad no fueron advertidos y qué riesgo corría quien buscaba protección o intentaba recuperar su libertad dentro de una relación de pareja.

En los casos de violencia de género, la ausencia de una mirada integral puede tener consecuencias irreparables ya que una amenaza minimizada, un comportamiento controlador interpretado como un simple conflicto de pareja, un aislamiento progresivo confundido con una decisión personal o una denuncia que no recibe la atención adecuada pueden convertirse en el primer eslabón de una cadena que termina en tragedia. Por eso cuando hablamos de la verdadera función preventiva de la Justicia, esta no consiste únicamente en castigar cuando el delito ya ocurrió, sino también en identificar oportunamente los factores de riesgo que anuncian su posible desenlace.

Si la perspectiva de género obliga a comprender los contextos en los que se produce la violencia, la perspectiva de víctima obliga a mirar el sufrimiento de quienes quedan esperando respuestas. Obliga a pensar en esas noches sin dormir, en las llamadas que nunca llegan, en las recorridas interminables por hospitales, comisarías y calles aferrándose a una esperanza que se desvanece con el paso de las horas. Durante dos días, buscamos a Ana y convivimos con esa angustia hasta que recibimos la peor de las noticias. La familia de Marta Romero, en cambio, lleva casi cuatro décadas habitando la incertidumbre. Por eso la perspectiva de víctima no consiste solamente en analizar expedientes o valorar pruebas; consiste también en comprender el impacto humano que provoca la ausencia de respuestas ya que mientras la verdad no aparece, la búsqueda continúa, el dolor permanece y la herida nunca termina de cerrar.

Ana María Alurralde no es para mí un nombre más dentro de un expediente judicial ni una referencia en una sentencia, sino que era mi hermana y compartiamos una misma historia familiar, los mismos recuerdos de infancia, afectos y sueños de futuro. Su ausencia no es una cuestión abstracta ni un debate académico sobre el funcionamiento de las instituciones: es una herida que acompaña cada día de nuestras vidas y por eso estos párrafos no nacen únicamente de una reflexión jurídica o institucional, sino también del dolor de quien tuvo que atravesar la desaparición de un ser querido, buscarlo desesperadamente sin respuestas, aferrarse a la esperanza hasta el último momento y enfrentar después la certeza de una pérdida irreparable. Hablo desde el derecho, pero también desde el lugar irrenunciable de un hermano que sabe que detrás de cada expediente hay personas reales, familias que sufren y ausencias que jamás podrán repararse por completo.

Precisamente por eso, la desaparición de Marta y el femicidio de Ana nos obligan a reflexionar sobre la responsabilidad institucional, es decir, no solamente acerca de lo que la Justicia hizo, sino también acerca de aquello que quizás no advirtió, no comprendió o no logró esclarecer.

Cuando una víctima desaparece sin que se alcance una respuesta definitiva, cuando una familia espera décadas por una verdad que no llega y cuando otra mujer termina perdiendo la vida en circunstancias que obligan a mirar retrospectivamente aquella historia inconclusa, la sociedad tiene derecho a exigir algo más que expedientes. Tiene derecho a exigir una Justicia capaz de ponerse en el lugar de las víctimas, comprender los contextos de violencia de género y actuar con la sensibilidad, la profundidad y el compromiso que una tragedia humana de semejante magnitud requiere.

LEEER MÁS ► Condenaron a prisión perpetua al autor del femicidio de Ana María Alurralde

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en numerosas oportunidades que la impunidad erosiona la confianza pública en las instituciones y afecta la propia vigencia del Estado de Derecho. Pero además existe otra consecuencia, menos estudiada y más dolorosa: la impunidad puede convertirse en un mensaje. Un mensaje devastador para las víctimas, porque les dice que su sufrimiento quizás no encontrará respuesta y un mensaje igualmente peligroso para quien ha logrado atravesar años o décadas sin rendir cuentas ante la Justicia, porque puede llegar a persuadirlo de que las reglas no rigen para él.

Por eso esta historia no habla solamente de una víctima y de su agresor sino también de una deuda institucional, de una desaparición ocurrida en 1988 que aún espera una respuesta definitiva, una familia que lleva casi cuatro décadas reclamando verdad y, sobre todo, de una sociedad que tiene derecho a preguntarse si la falta de esclarecimiento de un hecho tan grave no terminó generando las condiciones para que la tragedia volviera a repetirse.

Porque la impunidad no solo les falla a las víctimas del pasado; también deja desprotegidas a las víctimas del futuro. Marta Romero sigue ausente después de casi cuatro décadas y Ana María Alurralde ya no está y entre una historia y otra hay familias que esperan, preguntas que persisten y los mismos interrogantes esenciales: qué ocurrió, por qué ocurrió y si pudo haberse evitado. Como hermano de Ana, sé que ninguna sentencia podrá devolverme lo perdido, pero sí puedo exigir que la desaparición de Marta no quede sepultada por el paso del tiempo. Mientras no se conozca toda la verdad, la deuda seguirá abierta y la obligación de la Justicia santafesina continuará vigente ya que una sociedad que renuncia a conocer la verdad sobre sus tragedias más profundas no solo les falla a quienes ya no están, sino también a quienes pueden convertirse en las víctimas del mañana.

*El autor es abogado, docente y actualmente se desempeña como juez federal en Reconquista. En febrero de 2026 fue elegido como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.