Un hombre de 42 años identificado como Leonardo Rafael Romero, imputado por encubrimiento agravado en la causa que investiga el robo de cables en Santa Fe, firmó una condena a través de un procedimiento abreviado. La misma comprende tres años de prisión condicional, el pago de multas y el resarcimiento económico a la EPE, principal perjudicada en el robo de cables.
En La Guardia los investigadores secuestraron cuatro toneladas de cobre y cables.
La audiencia de admisión del procedimiento abreviado se desarrolló ante el juez Jorge Patrizi, y el acuerdo fue avalado por la fiscal del caso, Clelia Trossero, el abogado defensor particular del imputado, José Mohamad, y por el propio Romero. El hombre recuperó la libertad al finalizar la audiencia tras pasar dos semanas detenido.
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Encubrimiento de robo
Romero fue detenido por el personal de la Agencia de Investigación Criminal a principios de junio, y fue imputado como autor del delito de encubrimiento de robo, agravado por la habitualidad y el lucro, por hechos cometidos en octubre de 2020 y julio de 2021. La defensa acordó mantener la prisión preventiva para resolver la causa a través de un procedimiento abreviado.
Un mes después de la detención, las partes acordaron una condena de ejecución condicional de tres años, más el pago de multas que alcanzan el medio millón de pesos y un resarcimiento económico a la EPE por un millón. En tanto, el hijo del chatarrero, identificado como Eric Brian Romero, de 26 años, también fue condenado como autor de encubrimiento de robo, en una causa similar que data de octubre de 2020.
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Robo de cables
La investigación que lleva adelante la fiscal Trossero comenzó a fines del año 2019, y se profundizó durante el 2020. La causa cuenta con varias personas identificadas que forman parte del entramado delictivo, si bien hasta el momento ninguna ha sido imputada formalmente por el robo de los cables.
Durante octubre y noviembre del 2020 se realizaron una serie de allanamientos en Santa Fe, Santo Tomé, Gálvez y Esperanza, que permitieron detectar a los responsables de la compra y la reventa del cobre robado. Para ese entonces, se pudo determinar que el perjuicio económico que había sufrido la EPE era cercano al millón y medio de pesos.
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En el marco de estos allanamientos se recuperaron toneladas de cable, y también diferentes piezas y placas de bronce sustraídas de plazas, dependencias públicas y hasta del cementerio municipal.
A pesar de la activa investigación que lleva adelante la Agencia de Investigación Criminal bajo la directiva de Trossero, los robos de cables y elementos de cobre no cesan, y restan identificar varios eslabones más de esta cadena de ilícitos.
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