Qué hay detrás del decomiso de bienes de Pillín Bracamonte que ordenó la Justicia federal
El juez Carlos Vera Barros hizo lugar al pedido de la Procelac y de la UIF. La medida alcanza una camioneta, la casa de Álvarez Thomas 1870 y las participaciones del exjefe de la barra de Rosario Central en seis sociedades. Los fiscales sostienen que la muerte del imputado no puede convertir en herencia el dinero de las extorsiones.
La investigación patrimonial de Bracamonte empezó en el MPA en 2020.
Casi dos años después de que lo mataran a pocas cuadras del Gigante de Arroyito, el Estado dio el primer paso para quedarse con lo que Andrés “Pillín” Bracamonte tenía a su nombre. El juez federal Carlos Vera Barros ordenó este martes el decomiso sin condena de una camioneta Ford Ranger, de la casa de Álvarez Thomas 1870, en barrio Alberdi, y de las cuotas y acciones que el exjefe de la barra de Rosario Central tenía en ATE Servicios Integrales SRL, Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.
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La decisión responde al planteo que a fines de septiembre presentaron los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Federico Reynares Solari, de la Unidad Fiscal Rosario. La Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, adhirió al pedido.
El argumento es directo. Bracamonte no puede ser juzgado porque está muerto, pero eso no cambia el origen del dinero con el que, según la acusación, se compraron esos bienes. Si el expediente se cerraba sin más, la camioneta, la casa y las empresas pasaban a sus herederos.
La figura legal para evitar el traspaso de la herencia
La herramienta que usaron los fiscales es el artículo 305 del Código Penal, incorporado en 2011, que permite decomisar bienes de origen ilícito sin una sentencia condenatoria cuando el imputado murió, está prófugo o la acción penal se extinguió por otra causa. Exige que se acredite ese origen ilícito. En el fuero federal rosarino casi no tenía antecedentes, y en la Procelac consideran que este fallo puede marcar un camino.
Es una resolución de primera instancia. Los fiscales habían pedido que se diera intervención a los herederos y al Ministerio Público de la Defensa, porque una de las posibles herederas es menor de edad.
La apoderada de la UIF, Natalia Agusti, sostuvo en su presentación que la causa investiga maniobras de lavado con dinero proveniente de extorsiones y coacciones a contratistas de la construcción, y de actividades desarrolladas desde la conducción de la barra. Describió una estructura de inmuebles, vehículos de alta gama y sociedades incompatible con los ingresos que Bracamonte declaraba, y el uso sistemático de personas interpuestas para registrar los bienes. Para la UIF, la muerte del imputado “no puede constituir un obstáculo” para recuperar lo que tiene origen ilícito, con resguardo de los derechos de herederos y terceros.
Incompatibilidad patrimonial y sociedades involucradas
Los números del expediente marcan esa distancia. Bracamonte estaba inscripto en la categoría F del monotributo, con un tope anual de facturación de 8 millones de pesos, como vendedor de indumentaria deportiva. Como empleado de su propia empresa, ATE, recibió en una década transferencias por 7,1 millones. Registró 46 salidas del país desde 2013, con destinos como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Cuba, México y República Dominicana. Vivía en el Lote 21 del country Los Álamos, en Ibarlucea, una casa que figura a nombre de Eduardo Langhi, que la compró en 2018 por 120.000 dólares declarados. Pillín pagaba las expensas y el seguro como si fuera el dueño.
El núcleo del decomiso son las empresas. La acusación señala que fueron creadas o adquiridas entre 2017 y 2023, el mismo período en que se habrían cometido las extorsiones.
Vanefra SRL, rebautizada ATE Servicios Integrales en 2021, y Ser-Eco SRL se dedicaban a los baños químicos y las viandas que, según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), las constructoras del cordón industrial estaban obligadas a contratar. Ruffino SAS, que Bracamonte compartía con Sergio Quiroga, intendente del estadio de Central, facturaba el 87% de sus ventas al club. Kabrasi SRL tenía como objeto la venta de combustible para buques; B+D Logística, con sede en un departamento que Pillín había ocupado en la zona norte, el transporte de cargas, y Welding & Company, constituida tres meses antes de su detención, la ingeniería para la industria petroquímica.
ATE es la más relevante. Tras la muerte de Bracamonte dejó su sede de Capitán Bermúdez y hoy funciona en Alemania 1181, en San Lorenzo, bajo la gestión de Agustina D., su última pareja, que declaró ante un tribunal provincial que la firma tiene unos ochenta clientes.
Medidas sobre prestanombres y la red de testaferros
El decomiso solo alcanza lo que estaba formalmente a nombre de Bracamonte. El resto del patrimonio, registrado a nombre de familiares y allegados que siguen imputados por lavado, quedó bajo el pedido de embargo preventivo por hasta 600 millones de pesos que los fiscales presentaron junto con seis allanamientos, ejecutados por Gendarmería el 28 de septiembre.
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Esa lista incluye 19 vehículos —entre ellos un BMW M2, un Volkswagen Scirocco, una Yamaha R1, cuatro Amarok y un Mini Cooper—, los departamentos de Dr. Vila, el Lote 21, una moto de agua Sea-Doo bautizada “La Pitufina” y cuatro licencias de taxi.
Los fiscales sostienen que la muerte de Pillín no desarmó la estructura: solo cambió quién la administra. Dieciséis días después del crimen se inscribió a nombre de su pareja una Toyota Hilux radicada en el Lote 21. Las medidas cautelares que había dispuesto la Justicia provincial vencieron: el embargo sobre el Scirocco del hijo caducó en marzo de 2025 y en abril de este año el auto fue vendido a un tercero.
El debate por los decomisos antes de la condena
En Santa Fe, el decomiso anticipado genera discusión. El gobierno de Maximiliano Pullaro impulsó remates de bienes secuestrados en causas penales a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes Patrimoniales (APRAD). El 17 de octubre informó que en seis subastas recaudó 6600 millones de pesos, destinados a reparar a víctimas y a programas sociales. Las críticas apuntan a casos en los que los bienes se dispusieron antes de una sentencia y el proceso terminó sin condena.
En la Procelac responden que el problema más frecuente es el inverso: bienes de origen delictivo que nunca se recuperan porque el imputado muere, lo matan o la causa prescribe antes del juicio. Agregan que rara vez alguien litiga para recuperar un bien cuyo origen no puede justificar, y que, si un proceso termina sin condena, el Estado debe resarcir a valor actualizado.
Origen y recorrido de la causa judicial
La investigación patrimonial empezó en el MPA en 2020, después de un allanamiento en el Lote 21 ordenado en otra causa, la que investigaba la alianza de Ariel “Guille” Cantero con la barra de Newell’s para presionar al sindicato de peones de taxi. Allí aparecieron dinero en efectivo, dólares, cheques, documentación de las sociedades y el contrato de alquiler que Bracamonte había firmado con Langhi.
El 29 de noviembre de 2023, el MPA detuvo a Bracamonte y a Carlos Vergara, extitular de la Uocra Rosario, como jefes de una asociación ilícita que imponía servicios a las constructoras, cobraba un “libre deuda sindical” y ubicaba empleados que nunca trabajaban. Una semana después la Procelac abrió una investigación preliminar y en febrero de 2024 los denunció por lavado agravado.
La disputa de competencia llegó a la Corte Suprema, que en diciembre de 2025 resolvió que el lavado correspondía al fuero federal por tratarse de un delito autónomo. En agosto de este año se dividió el expediente: la Justicia federal quedó con el lavado y la provincia, con la asociación ilícita y las extorsiones.
Bracamonte fue asesinado el 9 de noviembre de 2024, junto a su ladero Daniel “Rana” Attardo, tras el partido entre Central y San Lorenzo. El fallo de Vera Barros no depende de cómo avance esa investigación ni de lo que ocurra con el resto de los imputados por lavado: los bienes que estaban a su nombre ya no forman parte de la herencia.
