El policía de Seguridad Vial Iván Leguizamón fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Claudia González, en el marco de un juicio que culminó este viernes.
Claudia González fue asesinada a la vera de la ruta 90 en septiembre de 2021
La Justicia de Melincué decidió condenar al policía de Seguridad Vial, Iván Leguizamón, por el femicidio de Claudia González, ocurrido en septiembre de 2021 en el sur de la provincia de Santa Fe. La sentencia fue dictada por unanimidad por los jueces Paula Borrello, Mariana Vidal y Adrián Godoy.
El juicio a Leguizamón se desarrolló durante agosto en los tribunales del sur provincial; la acusación fue sostenida por el fiscal Julián Cochero, y por las abogadas querellantes Ana Regidor, en representación del marido de Claudia y también víctima en el hecho, y Carolina Walker Torres, en representación de la familia de Claudia, quien insistió en que el crimen de Claudia fue un feminicidio, un crimen de Estado.
Finalmente, la abogada defensora de Leguizamón, Celeste Roa Hertelendi, sostuvo en los alegatos de clausura que el acusado era inocente de los hechos, y que debía ser absuelto de culpa y cargo.
El femicidio de González ocurrió el 18 de septiembre de 2021, antes del mediodía; la mujer circulaba junto a su actual pareja por la ruta 90, a bordo de un Peugeot 307; iban desde Villa Cañás hacia Elortondo. A la altura del kilómetro 130 se cruzaron con el móvil de Seguridad Vial en el que se conducía Leguizamón junto a los otros dos agentes en sentido contrario.
Leguizamón cruzó en sentido contrario y comenzó a perseguir al Peugeot, con señas de luces y las sirenas encendidas. Tres kilómetros antes de llegar a Elortondo, el vehículo se detuvo en la banquina y Leguizamón le cruzó el patrullero adelante: se acercó al vehículo y le ordenó al hombre que se bajara, con la excusa de que necesitaba hablar con Claudia. Pero tras un intercambio de palabras, el agente disparó con su arma reglamentaria en la cabeza a su expareja, ocasionándole la muerte.
Al escuchar el disparo, la pareja de la mujer se acercó nuevamente al auto y logró detener al agresor tras un forcejeo en el que Leguizamón también intentó dispararle; todo esto ocurrió ante la inacción de los dos policías que venían con él en el patrullero, y que se fueron condenados a través de un juicio abreviado por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Para la querellante Walker Torres, el crimen de Claudia es un FEMINICIDIO, por "la clara interrelación entre la muerte de la víctima con la responsabilidad estatal existente. No podemos negar que a Claudia González la mató la mató la policía de la provincia de Santa Fe, con un arma de la Policía de la provincia de Santa Fe y en un procedimiento de la Policía de Santa Fe, por lo cual no podemos tratar esta muerte como cualquier otra. Yo les decía en mis alegatos de apertura citando a Marcela Lagarde, investigadora y antropóloga mexicana, que el término FEMINICIDIO va más allá que el de femicidio, y se relaciona con un patrón de violencia de género tolerada por el Estado", refirió en sus alegatos.
Lagarde acuñó el término “feminicidio” y le confirió a ese concepto un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en estos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía. Por esta razón, Lagarde considera que el feminicidio es un crimen de Estado. Se trataba, decía, de “una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Un Estado que dota a sus varones de las fuerzas de seguridad sin el adecuado control, sin la formación necesaria, sin la obligatoria capacitación en género, sin los controles psicofísicos periódicos y necesarios etcétera;", remarcó Walker Torres.
"Y quisiera preguntar qué hizo la Policía de Santa Fe luego del feminicidio de Claudia con sus varones integrantes de la fuerza? Porque cuatro meses después del feminicidio de Claudia moría otra mujer en Murphy – Marina Espíndola - en manos de su ex pareja también policía, y con el arma reglamentaria. Seguramente sabremos menos cada vez, porque la solución ha sido cerrar organismos, observatorios, líneas gratuitas, etc. Esto no es una declaración política sino es una profunda preocupación", sostuvo Walker, y recordó en este caso hay una doble responsabilidad estatal: "por un lado porque se trata de un hecho de violencia de género contra la mujer y por el otro porque quien comete ese hecho de violencia de género es un miembro integrante de las fuerzas de seguridad; por lo cual la justicia debe dar serias muestras que la violencia de género extrema cometida por miembros de fuerzas de seguridad debe ser severamente condenada, y que no es TOLERADA".
Finalmente, Walker reclamó que el Tribunal "exhorte a las autoridades de la provincia de Santa Fe, en particular del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Santa Fe, a tomar medidas concretas de abordaje, tratamiento, prevención y asistencia contra la violencia de género en las fuerzas de seguridad de nuestra provincia, en virtud de las obligaciones internacionales garantía y el deber de debida diligencia reforzada asumidas por nuestro país y adheridas por nuestra provincia".
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