El empresario y exconvicto santafesino, Mario Bardina, quedó en prisión preventiva este viernes por decisión del juez José Luis García Troiano en el marco de una causa que investiga la usurpación del edificio de 9 de Julio y Suipacha, el cual permanece abandonado desde hace 26 años.
El fallo hizo lugar al pedido de las fiscales Gabriela Arri y María Lucila Nuzzo que habían pedido la medida cautelar tras acusar a Bardina de haber sido el jefe de una asociación ilícita que cometió estafas procesales para luego adueñarse ilegalmente del inmueble.
La resolución del magistrado tuvo la particularidad de que ordenó la prisión de manera domiciliaria para el exconvicto (que fue condenado por delitos del fuero federal y también provincial) luego de que sus abogados defensores, César Cello y Marcelo Lógica, solicitaron que cumpla la detención en su domicilio ya que su salud se encuentra deteriorada.
Durante la misma audiencia recuperaron la libertad los otros implicados que tiene el caso: Cristian S. y Pablo P., quienes oficiaban como serenos en el edificio, y los abogados Gustavo R. y Cristian B., los cuales deberán abonar una fianza de un millón y medio de pesos.
En torno a los cargos que las fiscales investigan, el juez García Troiano dio por acreditado que los acusados formaron parte de una "asociación ilícita" y que además efectuaron una "usurpación" del inmueble, cuando el pasado 26 de enero abrieron el cerco de seguridad y buscaron "reactivar" la obra para hace 26 años. En tanto, el magistrado de primera instancia, descartó la acusación de "estafa procesal" que las fiscales le habían atribuido a la banda.
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La causa
El caso salió a luz en enero, luego de que de manera sorpresiva un grupo de hombres se metió dentro del edificio y buscó reactivar la obra. Sin embargo, los verdaderos propietarios del inmueble denunciaron la situación en la Fiscalía por lo que se inició una investigación penal por usurpación.
Bardina fue acusado en carácter de organizador de la asociación ilícita y de los delitos de estafa procesal y usurpación. Mientras que el resto como miembros de la organización que investiga la Justicia.
En la imputación, las fiscales expusieron que la banda pretendió la obtención ilegal del edificio para así lograr un rédito económico. Tal maniobra fue a sabiendas de que el 50% del inmueble había sido adquirido por un hombre, en una subasta pública realizada en el año 2005 y el otro cincuenta, por una mujer, en el 2009. Según detectó la investigación, Bardina le vendió el 13 de julio del 2018 -por medio de un boleto de compraventa inválido- dos unidades habitacionales a los abogados Gustavo R. y Cristian B. La misma maniobra realizó para quedarse, el mismo, con otra serie de unidades dentro del edificio.
Según establecieron desde la Fiscalía, tales operaciones posibilitaron a los abogados involucrados iniciar un juicio de escrituración, en el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Santa Fe, contra los primeros dueños del edificio. En tal demanda, tanto Bardina como los letrados aseguraron ser los propietarios del inmueble con el objetivo de “inducir al error al juez que atendió el pleito judicial” y lograr obtener el título propietario.
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