El edificio de la polémica se ubica en la esquina de Suipacha y 9 de julio de la ciudad de Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El juez José Luis García Troiano dispuso que la audiencia por el pedido de prisión preventiva para Mario Bardina y los otros cuatro imputados por usurpar el edificio en construcción ubicado en la esquina de 9 de Julio y Suipacha en el macrocentro santafesino se realice sin presencia de público. Para el magistrado ya con las partes intervinientes había demasiada gente en la sala para sumar a la prensa y al público en una situación de pandemia.
La causa es tramitada por las fiscales del MPA Gabriela Arri y María Lucila Nuzzo, quienes atribuyeron a Bardina conformar una asociación ilícita junto a los abogados Gustavo R. y Cristian B., y los serenos del edificio, Cristian S. y Pablo P., para apropiarse ilegítimamente del inmueble y obtener un rédito económico. De la audiencia participan también los abogados particulares César Cello y Marcelo Lógica, en representación de Bardina, Alejandro Otte en representación de los letrados y el defensor público Sebastián Moleón en representación de los serenos.
En el acto procesal que se desarrolla en la sala 1 del subsuelo de tribunales, las fiscales expondrán la maniobra delictiva atribuida a los imputados y la pretensión de que permanezcan detenidos o no mientras avanza la investigación. Aire pudo saber que los dos letrados y los dos serenos recuperaron la libertad bajo una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, y para los abogados Gustavo R. y Cristian B. se fijó una fianza de un millón y medio de pesos.
En la audiencia imputativa las fiscales le atribuyeron a los cinco detenidos haber formado parte de una “asociación ilícita” que comenzó a funcionar desde al menos desde julio del 2018 hasta febrero de este año y que tuvo como objetivo apoderarse ilegítimamente, mediante distintas maniobras, del edificio abandonado.
Bardina fue acusado en carácter de organizador de la asociación ilícita y de los delitos de estafa procesal y usurpación. Mientras que el resto como miembros de la organización que investiga la Justicia.
Las fiscales expusieron que la banda pretendió la obtención ilegal del edificio, simulando ser dueños, para así lograr un rédito económico. Tal maniobra fue con el pleno conocimiento de que el 50% del inmueble había sido adquirido por un hombre, en una subasta pública, en el año 2005 y el otro cincuenta, por una mujer, en el 2009.
Según detectó la investigación, Bardina le vendió el 13 de julio del 2018 -por medio de un boleto de compraventa inválido- dos unidades habitacionales a los abogados Gustavo R. y Cristian B. La misma maniobra empleó para quedarse, el mismo, con otra serie de unidades dentro del edificio.
Tales operaciones, creen desde Fiscalía, habrían posibilitado a los abogados involucrados a que inicien un juicio de escrituración contra los primeros dueños del edificio en el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Santa Fe. En tal demanda, tanto Bardina como los letrados aseguraron ser los propietarios del inmueble para así “inducir al error al juez que atendió el pleito judicial” y lograr obtener el título propietario.
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