Un electricista de Santa Fe estuvo dos meses preso, porque lo confundieron con otra persona con el mismo nombre. Qué dijo el auditor general del MPA.
Luis Alberto Leguizamón, un electricista de barrio Yapeyú, terminó dos meses preso porque lo confundieron con otra persona con el mismo nombre.
Luis Alberto Leguizamón, un electricista de 46 años que vive en barrio Yapeyú, estuvo preso entre el 21 de noviembre de 2022 y el 17 de enero de 2023 porque la policía y los fiscales que intervinieron en la causa lo confundieron con otro Luis Alberto Leguizamón.
No solo él estuvo en prisión, sino también su hijo y un sobrino, acusados erróneamente de haber integrado la banda de delincuentes que el 17 de noviembre de 2022 copó la Subcomisaría de Arroyo Leyes, asaltó una vivienda cercana y se tiroteó con efectivos policiales.
Durante los 57 días en que Leguizamón estuvo detenido, sufrió dos infartos de miocardio.
A raíz de una nota publicada el 3 de mayo del año pasado en AIRE sobre este caso, bajo el título "Asalto a la subcomisaría Arroyo Leyes: sobreseyeron al electricista que estuvo dos meses preso porque se equivocaron de persona", el auditor del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, decidió evaluar el accionar de los fiscales Rosana Peresin y Manuel Cecchini, y llegó a la conclusión que no cometieron ninguna irregularidad que amerite medidas disciplinarias.
El 16 de agosto pasado, Mai emitió su resolución. Si bien ratifica todo lo expuesto hasta el momento -que Luis Alberto Leguizamón, su hijo y su sobrino fueron detenidos y liberados porque la Justicia descubrió que el sospechoso era otra persona con el mismo nombre-, sostiene que cuando los fiscales pidieron las detenciones actuaron con "razonabilidad", ya que se habían realizado "fotofits" -identikit de una persona sobre la base de testimonios de terceros- en los que había gran similitud con los detenidos.
Remarca dos elementos presentados por los fiscales y que fueron evaluados en ese momento por el juez Lendro Lazzarini, cuando se ordenó la prisión preventiva de estas personas: que las antenas de celulares detectaron el teléfono de Luis Alberto Leguizamón en Arroyo Leyes los días previos al copamiento de la Subcomisaría -en realidad estuvo en la zona trabajando como electricista- y que algunos testigos identificaron a los detenidos en ruedas de reconocimiento.
También destaca que la propietaria de la vivienda asaltada por la banda de delincuentes, no pudo reconocer a ninguna de estas personas detenidas por error.
Otros dos jueces revisaron el los elementos probatorios reunidos por los fiscales Peresin y Manuel Cecchini y ratificaron las detenciones. Se trata de los magistrados Pablo Busaniche y María Celeste Minniti.
Mientras todo esto sucedía, Leguizamón continuaba diciendo que era inocente y que no tenía noción alguna de los cargos que se le estaban imputando.
Sin embargo, todo cambió el 17 de enero de 2023, cuando los mismos fiscales que habían insistido en que estas personas permanecieran detenidas, pidieron una nueva audiencia y cambiaron su posición: "Consideramos que se puede morigerar la prisión preventiva con medidas alternativas, las cuales hemos acordado con el señor defensor", dijeron.
Ese día, Luis Alberto Leguizamón y los otros detenidos dejaron la cárcel, se les prohibió acercarse a menos de 500 metros de las víctimas, se les impuso que no fueran a Arroyo Leyes, que no tuvieran armas de fuego y que se presentaran cada 30 días en el MPA.
Hasta que, finalmente, el 29 de marzo terminaron reconociendo el error: "...Con el avance de la investigación se pudo determinar que no había elementos que permitieran vincular a los señores Leguizamón con los hechos atribuidos, razón por la cual en fecha 17 de enero del 2023 se solicitó con urgencia Ia celebración de una audiencia de cese de prisión preventiva. En definitiva, a raíz del progreso de la investigación y la individualización de otros presuntos responsables, permite a esta Fiscalía estimar que no existen medidas que justifiquen mantener a los señores Matías y Luis Alberto Leguizamón vinculados a la causa".
Luego de evaluar lo sucedido, el auditor Leandro Mai llegó a la conclusión de que "no corresponde promover procedimiento disciplinario alguno contra los fiscales denunciados".
En este sentido, platea la "razonabilidad de la teoría del caso desarrollada por parte de los órganos fiscales intervinientes, que se basa en los elementos reunidos en esa oportunidad, los que motivaron tanto la orden de detención, como la prisión preventiva".
Mai expresa que "...salvo manifiesto y arbitrario mal desempeño (de los fiscales), la Auditoría no tiene incumbencia respecto a las estrategias investigativas, disconformidad por morosidad en el trámite, por las teorías del caso desarrolladas según hipótesis fuertemente preferidas, por denegatoria de evidencias ofrecidas o por indicios de falta de objetividad".
De todos modos, el auditor hace una "recomendación" a los fiscales: les pide que cuando modifiquen su postura con respecto a la situación de un imputado -como sucedió en este caso-, brinden detalles sobre los argumentos que los llevó a cambiar de posición.
"No puede dejar de advertirse la flaqueza argumentativa de la decisión fiscal... No se menciona, ni siquiera sucintamente, cuáles son aquellos elementos reunidos en el avance de la investigación que resultaron desincriminantes para los imputados, teniendo en cuenta la hipótesis originaria", insiste.
Y remarca: "El caso bajo análisis, donde se había ordenado la detención de dos personas y solicitado la prisión preventiva, necesariamente requería un mayor esfuerzo argumentativo a la hora de resolver el archivo fiscal".
El abogado defensor de Luis Alberto Leguizamón, Gabriel Luna, dijo que ya presentó una denuncia contra el Estado de Santa Fe para que su cliente sea resarcido por los daños sufridos. Y que próximamente presentará otra denuncia para que los fiscales Peresin y Cechini respondan de manera personal frente a esta situación.
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