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Las Mercedes de Recreo: mantienen el congelamiento sobre las cuentas de los imputados por tiempo indefinido

La jueza Carrara resolvió mantener sin plazos las medidas cautelares impuestas a los imputados por estafas reiteradas en el loteo de Recreo. Los defensores habían solicitado que queden sin efecto mientras que la Fiscalía había pedido 180 días de prórroga.

La jueza Rosana Carrara resolvió mantener sin plazos la inhibición sobre las cuentas bancarias de los imputados por estafas reiteradas en el loteo Las Mercedes, ubicado en la ciudad de Recreo. La Fiscalía y la querella solicitaron que prorroguen por 180 días las inhibiciones y la medida de no innovar, mientras que las defensas habían solicitado que quedaran sin efecto.

En la resolución, la magistrada enumera las nuevas medidas probatorias realizadas en la causa que tramita en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y destaca la "constante actividad en la presente investigación".

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La jueza Rosana Carrara prorrogó el congelamiento de las cuentas bancarias de los imputados por tiempo indefinido

La jueza Rosana Carrara prorrogó el congelamiento de las cuentas bancarias de los imputados por tiempo indefinido

Medidas y nuevos elementos

Las medidas fueron impuestas el 24 de diciembre por un plazo de 90 días, por lo que los abogados defensores Sánchez Lecumberri (por Giraldez), Martin Durando (por los hermanos Lopez), Mariana Oroño (por Pirera) y el abogado Albiñana en representación de sí mismo, solicitaron que queden sin efecto por haberse cumplido el plazo dispuesto. En tanto, el 19 de marzo las fiscales Mariela Jiménez, Barbara Ilera y Laura Urquiza solicitaron la prórroga de las medidas dispuestas en relación a la inhibición general y medidas de no innovar en relación a los imputados.

En su resolución, la jueza Carrara entendió que no corresponde levantar las medidas ya que debía tratarse el pedido de prórroga solicitado por las fiscales, “interpuesto con anterioridad al vencimiento, encontrándose algunas medidas vigentes a la fecha y otras en trámite”.

La magistrada enumeró las recientes medidas realizadas en la investigación, como ser las recientes imputaciones a dos mujeres, GB y GP, la ampliación de imputación a Ovidio Lopez, allanamientos, parcial por la supuesta firma falsificada en el acta de constitución del fideicomiso, informes de migraciones, pericial contable en curso necesaria para determinar el monto de los daños, entrevistas a testigos, la declaración en carácter de arrepentido de Giraldez quien aportó información de relevancia, datos que han surgido de los celulares secuestrados, "todo lo cual da cuenta de una constante actividad en la presente investigación", valoró Carrara.

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La jueza destacó la constante actividad de la investigación para mantener las medidas cautelares

La jueza destacó la constante actividad de la investigación para mantener las medidas cautelares

Carrara entendió que “lo que se debe valorar es la existencia de elementos nuevos o sobrevinientes que permitan modificar o revocar lo dispuesto anteriormente, y de ello nada se ha controvertido”. Además, en cuanto al ofrecimiento de bienes a los efectos de sustituir las medidas ordenadas para los hermanos López, la jueza remarcó que el perjuicio patrimonial aun no se encuentra determinado en su totalidad, por lo que no es posible considerar que lo ofrecido por el Durando sea suficiente a esos fines, estando pendiente además la pericial contable.

Al momento de analizar la prórroga de las medidas, Carrara entendió que “en la presente causa están en investigación delitos de carácter económico donde existen perjuicios de la misma índole, con víctimas perjudicadas con frustración de derechos", por ello la procedencia de las medidas cautelares y la necesidad de que sea prorrogada sin plazo, "atento a la diversidad de medidas que se están llevando a cabo y aún resta por realizar”.

Para la jueza, lo solicitado y fundamentado por la Fiscalía es suficiente a los fines de disponer la prórroga de inhibición general y medidas de no innovar de los imputados "en los mismos términos dispuestos y sin plazo, debiendo librarse las comunicaciones pertinentes a los respectivos registros de la propiedad del automotor, inmuebles y créditos prendarios.

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El barrio se conformó con el correr de los años pero muchos de sus vecinos aún no pudieron escriturar por el pleito judicial.

El barrio se conformó con el correr de los años pero muchos de sus vecinos aún no pudieron escriturar por el pleito judicial.

La causa

La investigación se encuentra a cargo de las fiscales Mariela Jiménez, Laura Urquiza y Bárbara Ilera, a raíz de una denuncia radicada por José Manuel Ruiz Moreno, representado como querellante por los abogados Alejandro Otte y Matías Lassaga. La investigación permitió determinar una maniobra defraudatoria llevada a cabo por un grupo de personas para quedarse con la titularidad del loteo propiedad de Ruiz Moreno.

En noviembre de 2020 fueron imputados el abogado Alejandro Albiñaga, el escribano Ariel López, el contador Ovidio López, el odontólogo Oscar Pirera y el comerciante, Luis Giraldez como parte de una asociación ilícita que fraguó documentación para perpetrar las estafas y se impuso una fianza millonaria para que tramiten el proceso en libertad, además de la inhibición de sus cuentas bancarias.

A principios de abril las fiscales ampliaron los cargos contra el contador López, a quien le endilgaron “falsificación de documento público” y “cohecho pasivo”. La causa también sumó como nueva imputada a una abogada santafesina identificada como M.E.G.B. (42), la cual fue acusada de ser miembro de la asociación ilícita y de haber realizado una estafa con falsificación ideológica.

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Muchas familias aún no saben qué ocurrirá con sus terrenos

Muchas familias aún no saben qué ocurrirá con sus terrenos

La maniobra delictiva

La acusación sostiene que los imputados se valieron de documentación alterada para llevar al engaño a la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, y obtuvieron así la inscripción de la sociedad ‘Las Mercedes de Recreo SA”. Para esto, los imputados “simularon ser socios, mediante el uso de actas de contenido falso, perjudicando el patrimonio de la sociedad y de los accionistas, mediante la administración y disposición del inmueble que es el único capital social de la empresa”.

Las fiscales ubicaron el origen de las maniobras a principios del 2000. Arquímides P., padre de uno de los imputados, había firmado un contrato de compra de acciones a la sociedad Las Mercedes, el año anterior, hasta el momento propiedad de los hermanos Clucellas. Al no concretarse el pago, en junio de 2000, Arquímides fue intimado a pagar la suma de 230.000 dólares que debía, para que se concrete la venta de las acciones. Se fijó una reunión entre las partes, y al momento de firmar el acta, el hombre se descompensó y debió recibir atención médica. La Fiscalía sostuvo que los imputados se valieron de esa acta, agregaron la firma faltante y presentaron una fotocopia. Dos años después los imputados firmaron un convenio con los Clucellas para saldar esa deuda con un terreno en la provincia de Santiago del Estero.

Otra vez la documentación que avala esta operatoria consta de fotocopias, sin haberse encontrado originales. No hay registro de que los Clucellas hayan participado de esa transferencia, e incluso ese campo fue vendido a otras personas oriundas de Córdoba. Ese acto dio lugar, según explicó la acusación, a una asamblea extraordinaria a través de la cual los Clucellas transfirieron las acciones a los imputados, y renunciaron a la presidencia de la sociedad. De esta asamblea sólo se secuestró una fotocopia del acta con las firmas certificadas, sin que conste en ningún libro, ni registro, ni foja…”Es un acto falso, no existió”, sostuvieron desde la Fiscalía.

Sobre ese punto las fiscales se remitieron a la investigación existente, expuesta al inicio de la audiencia por uno de los imputados: “El juez De La Torre se dio cuenta en 2014 de la maniobra por la documentación aportada el propio denunciante (hoy imputado), quien habría adquirido el paquete accionario en tres oportunidades según la documentación que él mismo aportó a la causa”, explicó la fiscal.

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La Fiscalía cuenta con abundante evidencia documental para sostener la imputación

La Fiscalía cuenta con abundante evidencia documental para sostener la imputación

Tras ese supuesto acto de transferencia de acciones y renuncia de los Clucellas a la sociedad, en el año 2004 el hoy denunciante Ruiz Moreno recibió parte de las acciones de su madre, y al poco tiempo heredó la totalidad cuando esta falleció. Ruiz Moreno quedó como presidente de la asociación por un lado, realizando las tareas necesarias para concretar el loteo del terreno, mientras que los imputados continuaron con las maniobras para hacerse del terreno, por otro. En 2010 Ruiz Moreno fue denunciado y se originó la investigación referida más arriba, en la que finalmente fue sobreseído en el año 2014 y el juez De La Torre advirtió la maniobra. Mientras tanto, los imputados siguieron intentando obtener la conformación del fideicomiso ante el organismo de Inspección de Personas Jurídicas, a quien en un plazo relativamente corto de tiempo le presentó como sede social varias direcciones tanto en la ciudad de La Plata, como en Recreo e incluso una dirección en la ciudad de Santa Fe que era un terreno baldío.

Finalmente, un viernes 24 de diciembre “con el pan dulce debajo del brazo y como por un tubo, el fiscal adjunto firmó la resolución para el nuevo estatuto de la Sociedad Las Mercedes. Fue esta resolución la que le dio forma a la sucesión de actos fraudulentos”, sostuvo la Fiscalía. En 2016 Arquímides P. cede todas sus acciones “que no poseía” a sus hijos y éstos forman el fideicomiso Las Mercedes S.A. en el año 2018. Es en ese año cuando uno de los imputados denuncia el extravío de los libros societarios, libros de actas, etcétera, “libros que no existían”, para que el registro público de comercio le otorgue una nueva rúbrica. Con esto, las fiscales consideraron acreditada la existencia tanto de la asociación ilícita entre los nueve implicados, a quienes les atribuyó también las estafas reiteradas.

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Allanaron el fideicomiso que administra el loteo del barrio Las Mercedes de Recreo.jpg
El predio está ubicado en la ruta 11 en la ciudad de Recreo y comprende unos 600 lotes

El predio está ubicado en la ruta 11 en la ciudad de Recreo y comprende unos 600 lotes

Cronología de la causa

Los abogados Alejandro Otte y Matías Lassaga presentaron una denuncia en 2019, donde indicaban que un cliente suyo, José Ruiz Moreno, había sido desapoderado de la totalidad del paquete accionario de Las Mercedes S.A., la entidad que administró el loteo del barrio. En aquella demanda, los letrados también les explicaron a las fiscales que el paquete accionario fue cedido por medio de un acta falsa de asamblea extraordinaria, fechada el 29 de mayo del 2002, en donde los dueños originales de la sociedad, Mercedes Clucellas de Ruiz Moreno y Juan Luis Clucellas -los únicos accionistas en ese entonces-, transfirieron la totalidad de sus acciones a los dueños actuales de Las Mercedes S.A.

Con el paso de los años, Ruiz Moreno quiso tomar posesión del loteo, pero no contaba con ningún tipo de documentación. De hecho, fue denunciado penalmente en 2010 por el grupo empresario que aseguró tener la totalidad de las acciones de Las Mercedes S.A. En medio de esa situación, se inició una causa en el viejo Juzgado de Instrucción N°7 a cargo de Diego De la Torre que terminó con Ruiz Moreno sobreseído. Sin embargo, en 2017, aquella causa volvió a tener un episodio en la Cámara de Apelaciones cuando el juez Alejandro Tizzón, ordenó que la causa siga abierta para destrabar el conflicto judicial. Un año después, el 13 de noviembre del 2020, tras diez allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigaciones, las fiscales ordenaron la detención de los López, Pirera, Giraldéz y Albiñaga. Este último no pudo ser encontrado en los procedimientos y terminó entregándose dos días después en la sede del Ministerio Público de la Acusación.

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La causa es tramitada por la Unidad de Delitos Complejos a raíz de una denuncia presentada por los abogados Otte y Lassaga

La causa es tramitada por la Unidad de Delitos Complejos a raíz de una denuncia presentada por los abogados Otte y Lassaga

Todos fueron imputados por las fiscales Urquiza, Jiménez e Ilera, por "asociación ilícita", “estafas reiteradas” y "falsedad ideológica" y su libertad estuvo sujeta a tratamiento en una audiencia de medida cautelar donde las representantes del Ministerio Público de la Acusación pidieron la prisión preventiva.

Tal pedido terminó en un impasse luego de que tanto las fiscales como los defensores acordaron que los imputados sean excarcelados y transiten la causa en estado de libertad con una serie de reglas: pagos de fianzas, por distintos montos de dinero según el imputado, presentarse de manera periódica en sede fiscal para demostrar que se encuentran sujetos al proceso; y prohibición de contacto con los damnificados del loteo. Esta última regla fue la que, según las fiscales, Giráldez (quien se desempeñó como encargado del fideicomiso creado) no cumplió y continuó en contacto con personas que adquirieron lotes dentro del terreno que se encuentra en disputa. Por esa razón, el comerciante radicado en Recreo terminó siendo nuevamente detenido y el 30 de diciembre del 2020 quedó en prisión preventiva por orden de la jueza Sandra Valenti.

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