jueves 28 de enero de 2021
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Las Mercedes de Recreo: congelan por tres meses los bienes de los imputados

La jueza Carrara avaló la pretensión fiscal de disponer una inhibición general de los cinco imputados por estafas en el loteo de la ruta 11. La medida rige por 90 días.

La justicia santafesina dispuso congelar durante tres meses las cuentas bancarias de los imputados por estafas en el loteo Las Mercedes de Recreo, así como la imposibilidad de disponer de sus bienes tanto muebles como inmuebles.

La medida fue resuelta por la jueza Rosana Carrara a raíz del pedido realizado por las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, Mariela Jiménez y Bárbara Ilera, en una audiencia desarrollada el pasado miércoles en los tribunales santafesinos.

Las fiscales solicitaron la inhibición general y medidas de no innovar de los imputados Alejandro A., abogado, Edgar L. y su hermano Ovidio L., contador y escribano, Luis G. y Oscar P. Las cinco personas están imputadas en una causa por asociación ilícita, estafas y falsificación de documentos para hacerse de las acciones de Las Mercedes S.A.

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La fiscal Jimenez solicitó la inhibición general de los cinco imputados en la causa

La fiscal Jimenez solicitó la inhibición general de los cinco imputados en la causa

Jiménez solicitó que se autorice la inmovilización o la abstención de liberar fondos que se encuentren depositados en entidades bancarias, como así también la inhibición de realizar cualquier operación a través del registro general de la propiedad inmueble y registro de la propiedad del automotor, por el plazo de 90 días

Los abogados querellantes Alejandro Otte y Matías Lassaga, en representación del denunciante José Ruiz Moreno, y Martín Risso Patrón en representación de un grupo de vecinos, solicitaron que sea excluido de la medida Oscar P., quien en sede civil desistió de la titularidad de las acciones de la acción declarativa de certeza reconociendo el mismo expresamente la titularidad de las acciones de la sociedad en propiedad de Ruiz Moreno.

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Los abogados defensores Martín Durando, Raúl Sanchez Lucumberri y Néstor Oroño rechazaron la solicitud de las fiscales. Sin embargo Carrara resolvió hacer lugar a la petición fiscal fundamentado en "la entidad del delito endilgado, las maniobras maliciosas que tendieron a que se tornara ilusorio el derecho adquirido por un sinnúmero de personas que se vieron perjudicadas patrimonialmente".

La medida también alcanza al imputado Oscar P., a pesar de lo expresado por los abogados querellantes. La jueza destacó en sus fundamentos dados a conocer este martes y los que tuvo acceso Aire Digital, que la titularidad de las acciones no es lo único que conforma la investigación que se lleva a cabo, y sostuvo que existen "transferencias de ventas de lotes -muchas por montos irrisorios-, cuyo dinero no se ha podido localizar, ausencia de cuentas bancarias del dicho fideicomiso, operaciones que siguieron realizándose desde el mes de agosto y/o septiembre del corriente año, aun estando en curso la investigación por delitos como estafa, falsificación de documentos, etc., existiendo adquirientes de buena fe que no han podido escriturar o ventas de mismo lote a distintas personas".

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En la audiencia de medidas cautelares se acordaron alternativas a la prisión

En la audiencia de medidas cautelares se acordaron alternativas a la prisión

Carrara destacó que la medida solicitada por la Fiscalía es procedente atento que se dan los tres requisitos que exige el artículo 205 del Código Procesal Penal en cuanto a la apariencia de responsabilidad de los imputados con el delito endilgado, y la proporcionalidad de la medida con la posible pena que pueda corresponder. El presente caso es una investigación que involucra delitos de carácter económico, "donde hubo perjuicios de igual índole, y persona perjudicadas con frustración de derechos, y siendo que los mismos pueden seguir perdiéndose que se torna necesaria dicha cautelar", valoró Carrara.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida, la jueza sostuvo que es razonable: "en el caso se encuentra acreditado por la cantidad de transacciones efectuadas, el volumen de lotes y las operaciones que siguieron realizándose, la no existencia de datos en AFIP respeto de facturaciones, recibos, claves fiscales, etcétera".

De este modo, Carrara dispuso la inhibición general y medidas de no innovar de las personas nombradas, autorizando la inmovilización o la abstención de liberar fondos que se encuentren depositados en entidades bancarias, como así también la inhibición de realizar cualquier operación a través del registro general de la propiedad inmueble y registro de la propiedad del automotor, por un plazo de 90 días.

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