Esa droga se fabricó en el laboratorio HLB Pharma, ubicado en Ramallo, cuyos dueños tienen una larga historia en Rosario, entre ellos, Ariel García Furfaro, que era uno de los titulares del extraño laboratorio Apolo, ubicado en el barrio La Tablada, que explotó la madrugada del 24 de junio de 2016.
Tanto el gobierno de Santa Fe como el municipio de Rosario se presentarán como querellantes en la causa que sigue en La Plata el juez federal Ernesto Kreplak, hermano de Nicolás, actual ministro de Salud de la provincia. También se presentó como querellante el Sanatorio de Diagnóstico de Santa Fe que pertenece al grupo de salud del empresario de Rafaela Carlos Tita, pero en el juzgado federal de La Plata que lleva la causa no aceptaron el pedido y requirieron para considerarlo más evidencia que los señale como damnificados.
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En la justicia federal figura que Tita le vendió en 2020 la droguería Alfarma al grupo HLB. De acuerdo al Boletín Oficial de Santa Fe, quienes quedan a cargo de la empresa a partir del 17 de marzo de 2020, son Ariel Fernando García Furfaro y su hermano Damián, los titulares de HLB Pharma. El capital social era en la fecha del traspaso, según el documento oficial, de 204.000 pesos.
La semana pasada, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra Alfarma por una presunta evasión agravada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, entre 2021 y 2022, superaría los 112.000.000 de pesos. Según ARCA, la maniobra se sostendría en el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores identificados como contribuyentes “fantasma”, y en la utilización de créditos fiscales que, de acuerdo a la normativa vigente, resultan injustificados. Esta operación se habría complementado, además, con la omisión sistemática del prorrateo del IVA, mecanismo obligatorio para ciertas actividades, generando declaraciones juradas alejadas de la realidad fiscal.
Alfarma fue suspendida el 6 de junio pasado por disposición de la ANMAT e inhabilitada su licencia tras detectarse “deficiencias graves” durante una inspección de verificación de Buenas Prácticas de Distribución. Esta inspección se realizó junto a inspectoras del Ministerio de Salud de Santa Fe, por orden del juzgado a cargo de Kreplak.
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El laboratorio HLB Pharma, con sede en Ramallo, fue el responsable de producir los lotes de fentanilo contaminado que provocaron la muerte de 53 personas.
"Cuando se tire del hilo, van a encontrar muchas conexiones", aseguró el intendente de Rosario Pablo Javkin esta semana, una frase que deja entrever que la trama del fentanilo contaminado recién empieza.
Los periodistas Diego Cabot y Camila Dolabjian publicaron en el diario La Nación la madeja de relaciones políticas que tenía García Furfaro, titular de HLB Pharma y Alfarma, que dejaron al descubierto una ruta que lleva parte de esta historia hacia Paraguay, donde montaron un laboratorio en Ciudad del Este, la triple frontera.
Desde hace tiempo, la agencia norteamericana DEA puso la lupa sobre las maniobras con fentanilo, una droga legal, que en Estados Unidos provocó una epidemia de sobredosis y graves problemas en la salud de los jóvenes, sobre todo en el ambiente universitario. Los agentes buscan dónde los carteles mexicanos trasnacionalizaron la producción de esta droga.
De acuerdo con el “National Drug Threat Assessment 2024″, elaborado por la DEA de Estados Unidos, el tráfico de fentanilo está hegemonizado por el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Algo parecido ocurrió hace más de dos décadas con la producción de metanfetaminas, una droga que en ese momento era nueva en el mercado ilegal norteamericano. Según cifras oficiales, entre 1999 y 2010 Argentina importó 55.395 kilogramos de efedrina –insumo esencial para la fabricación de ese estupefaciente-, cuando la industria farmacéutica de local consumía no más 100 kilogramos por año para la elaboración de antigripales y descongestivos.
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El caso se hizo visible por el triple crimen de General Rodríguez. Sebastián Forza, torturado y asesinado de ocho balazos, en 2008, fue una de las tres víctimas de la masacre, y la Justicia determinó que el móvil de los homicidios se debió a que Forza intentó convertirse en proveedor de los carteles mexicanos. Pero, sus competidores, más poderosos y protegidos por algunos integrantes de las fuerzas de seguridad, lo mataron.
El rosarino Mario Segovia era el que proveía a los carteles mexicanos, a través del envío de efedrina bajo el nombre falso de Héctor Germán Benítez, que tenía una oficina trucha en Entre Ríos y San Luis del centro de Rosario. Este fue el proveedor de los 294 kilos de efedrina que salieron hacia México en noviembre de 2007, mezclados en 1200 kilos de azúcar, y también proveyó los 525 kilos que estaban disimulados en una mercadería similar que usaron de camuflaje, que fueron encontrados en un depósito del barrio de Barracas. Así emergió el llamado “rey de la efedrina”, que se movía en Rosario con una Hummer y un Rolls-Royce.
Por ese tiempo, sin la notoriedad que tuvo Segovia, había otra persona que tenía esa camioneta vistosa en Rosario, que llamaba la atención de todos. Jorge Salinas, a quien apodaban “Leo Mattioli rubio”, por las cadenas de oro que exhibía y en los autos que circulaba. Era uno de los dueños del laboratorio Apolo, de barrio La Tablada.
En 2016 esa planta voló por el aire. No quedó casi nada del edificio que funcionaba en Alem al 2900, en el sur de Rosario, donde cinco vecinos resultaron heridos.
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El laboratorio Apolo, en barrio La Tablada de Rosario, voló por el aire en 2016.
Clarín
Los accionistas de ese laboratorio, que generaba sospechas en varios ámbitos, entre ellos el Concejo Municipal de Rosario, decidieron luego del siniestro abrir otra empresa, que se llama Ramallo SA, y funciona en la misma planta que HLB Pharma Group SA, en la provincia de Buenos Aires. Esa firma fue la que fabricó los lotes de fentanilo contaminado, que provocaron que 53 pacientes fallecieran.
La historia del laboratorio tiene una precuela en Rosario, con la explosión de Apolo, que fue en 2016 y profundizó las sospechas sobre esa firma, que acarreaba en Paraguay una investigación por contrabando de sueros.
En Rosario, se abrió una investigación por la explosión que se produjo el 24 de junio de 2016, pero la Fiscalía no profundizó sobre las causas y sobre qué podría haber detrás de este siniestro que provocó conmoción en el barrio La Tablada, donde decenas de viviendas sufrieron averías por la onda expansiva. La empresa llegó a acuerdos individuales para resarcir a algunos vecinos. La hipótesis fue que había explotado una caldera por un sobrecalentamiento.
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Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro y su hermano Damián y Marcela Vozza fueron acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor.
Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, adquirió el laboratorio en 2017 a quien había bautizado la empresa con las iniciales de su nombre: Hernán López Bernabó.
Ariel García Furfaro es uno de los titulares de HLB Pharma. También figuró como accionista del laboratorio Apolo, que explotó en Rosario en 2016.
El 20 de mayo de 2019, el juez Hernán Postma avaló un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados Gómez y Ferré, a quienes se les impuso una probation. La sanción fue llamativa: debían concurrir una vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista, en San Nicolás, que manejaba el exdiputado provincial y actual concejal del peronismo, Andrés Quinteros, que tenía vínculos con los accionistas de Apolo.
Los otros imputados, como Damián García, Ariel García Furfaro y Vozza fueron sobreseídos al aplicarse el “criterio de oportunidad”. Lo llamativo de la medida judicial era que uno de los imputados, como Furfaro, figuraba como abogado del Museo Justicialista de San Nicolás. La resolución de este caso no tuvo casi difusión.
