Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible los planteos formulados por la defensa de Roberto Carlos Monzón, condenado por la comercialización de estupefacientes.
La defensa llegó a la Corte Suprema con un recurso de queja en donde cuestionó unas escuchas telefónicas que lo involucraban y aseguró que se lo estaba confundiendo con otro acusado con un nombre parecido, Carlos Alberto Monzón, y con el que no tenía ni vinculación ni parentesco.
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Sin embargo, en la causa se captaron charlas de un policía con Roberto Carlos Monzón, alias "Robert", quien se encargaba personalmente de la administración, el abastecimiento y el control de uno de los puntos de venta estupefacientes de uno de los bunkers de Rosario. Y tanto el tribunal oral como la Cámara Federal de Casación Penal tuvieron por acreditado su intervención. “Resultó una de las personas de mayor confianza del grupo”, se afirmó.
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En 2021, el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario condenó a penas de hasta trece años de prisión a veinte personas acusadas de pertenecer a cinco organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes. Los jueces hicieron lugar al planteo del fiscal general Fernando Arrigo, que consideró que los imputados pertenecían a una banda extendida en cinco ramificaciones, cada una de ellas con un líder a cargo.
La investigación comenzó con una nota de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina en base a una intervención telefónica. De acuerdo a la comunicación, un hombre proveía de estupefacientes a una persona investigada en otra causa, por lo que se le dio trámite al tratarse de una organización delictiva diferente. Luego de analizar llamadas y escuchas, se dio con una mujer llamada Eliana Tamara Moreira, que comercializaba sustancias al menudeo desde su domicilio junto con su hermana Nadia.
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Tras intervenir distintos abonados, se detectó un grupo de personas que tenían su mismo modus operandi, y dependían de un proveedor identificado como Eduardo Luciano Maldonado, que lideraba una organización con varias personas a cargo, al igual que otra persona, señalada como Claudio Benítez.
Ambos recibían colaboración de distintos miembros de sus familias, cumpliendo cada uno de ellos con distintos roles en la venta de estupefacientes y, en el caso de Benítez, se descubrió además una sociedad delictiva con una persona llamada Maximiliano Monachesi, que lideraba su propia banda.
Luego de que en otra investigación se detuviera al proveedor de estas organizaciones, aparecieron en escena Arnaldo Duré Flores y Carlos Monzón. El primero abastecía a Monzón de grandes cantidades de estupefacientes, que trasladaba desde Buenos Aires a Rosario, y este a su vez comercializaba la sustancia a Maldonado, Benítez y Monachesi.
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Las tareas de inteligencia permitieron advertir el día, horario y lugar en el que Duré Flores, Marbenl Mercado Peña y Gladis Aguilar Cuellar (estos dos últimos identificados al momento de las detenciones) llevarían a la ciudad un cargamento de 104 ladrillos de marihuana que fue recibido por Jonatan Savan, por lo que se llevó a cabo un operativo y una serie de allanamientos que concluyeron con el secuestro del material y la detención de las personas imputadas. En este sentido, el fiscal destacó la labor desplegada por el personal de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina.
Para la fiscalía, durante el juicio se identificó una estructura criminal integrada hacia adentro por cinco organizaciones liderada cada una por una persona distinta (Maldonado, Monachesi, Benítez, Monzón y Flores), cuyas tareas se emparentaban con la provisión de cantidades abultadas de estupefacientes y con el diseño de la seguridad para alcanzar un mayor desarrollo del mercado.
Entre los integrantes de cada banda existía una relación de conocimiento previo que brindó una pauta suficiente para considerar que pertenecían a una misma organización troncal, aun cuando los puntos de venta funcionaban bajo la exclusiva decisión de cada líder.