Condena firme por corrupción contra un ex titular de la Unión Industrial en la causa Río Turbio

La Corte Suprema dejó firme las condenas a cuatro años de prisión del empresario Juan Carlos Lascurain, ex titular de la UIA, y del asesor Juan Marcelo Vargas, a raíz del desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, a fines de 2015.

El empresario Juan Carlos Lascurain fue titular de la Unión Industrial Argentina entre 2008 y 2010.

El empresario Juan Carlos Lascurain fue titular de la Unión Industrial Argentina entre 2008 y 2010.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme las condenas a cuatro años de prisión del empresario Juan Carlos Lascurain, quien fuera titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2008 y 2010, y del asesor Juan Marcelo Vargas, a raíz del desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, a fines de 2015. En otra resolución, también quedó firme la absolución del ex coordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, imputado en la causa.

A través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos de las defensas de Lascurain y Vargas, y de la fiscalía contra la absolución resuelta en la Cámara Federal de Casación Penal en favor de Larregina. La condena de Atanacio Pérez Osuna, que se encuentra detenido, ya había quedado firme en la Corte Suprema en 2021, por falencias en la presentación formal (incumplimiento de acordada 4/2007).

El tribunal oral había dispuesto que todos los implicados fueran presos una vez que la condena quede firme. También que en ese marco se restituyera el dinero más los intereses, unos 50 millones de pesos a valores de 2015.

rosatti lorenzetti rosenkrantz Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Ricardo Lorenzetti , Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, jueces de la Corte Suprema de la Nación.

Ricardo Lorenzetti , Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, jueces de la Corte Suprema de la Nación.

Fue el primer juicio oral por presuntas irregularidades en Río Turbio. Hay otro debate ordenado por el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos contra funcionarios encabezados por el ex ministro de Planificación Julio De Vido, pero aún no se realizó. Se trata de la causa por la que De Vido perdió sus fueros en 2017 y quedó detenido por primera vez.

Como parte de esa investigación, una primea parte fue elevada a juicio. Allí se investigó el desvío de fondos para la construcción de 7 kilómetros del trazado de la "Avenida de los Mineros" entre Río Turbio y la localidad de 28 de Noviembre que nunca se hizo. La empresa que debía hacer la obra era Fainser, de Lascurain y estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de la luego gobernadora Alicia Kirchner.

En el juicio oral, que se sustanció en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 dio por probado que Atanacio Pérez Osuna -en su calidad de interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio-, Miguel Ángel Larregina -coordinador general de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio-, Juan Marcelo Vargas -asesor de la Intervención- Horacio Matías Mazu -intendente de la Municipalidad de Río Turbio- y Juan Carlos Lascurain -presidente de la firma FAINSER S.A.- tomaron parte, respectivamente, en la substracción de fondos públicos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos, concretamente al desviar 50 millones de pesos), sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa FAINSER S.A., a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015, cuando cambiaba el Gobierno Nacional.

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Durante el juicio, el empresario reconoció haber cobrado ese anticipo y dijo que lo gastó en contratación de personal y en la puesta en marcha de la futura obra, mientras que Pérez Osuna sostuvo que "hubo una decisión política de este gobierno de no querer hacer esta obra”.

Los jueces Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero condenaron a los acusados por el delito de peculado e impusieron la pena de cuatro años de cárcel para Lascurain, Pérez Osuna, Miguel Ángel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazú, que ya falleció, y el exasesor Juan Vargas. También ordenaron devolver el dinero.

En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal –con la firma de los jueces por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques- confirmó las condenas para todos, salvo para Larregina. Las defensas de Lascurain y Vargas presentaron recursos extraordinarios en queja ante la Corte Suprema de Justicia, que hoy fueron desestimados. En el mismo sentido, el máximo tribunal desestimó el planteo del Ministerio Público contra la absolución de Larregina.

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