Las tres personas habían sido detenidas acusadas como autores de comercialización de estupefaciente agravado por la intervención organizada de tres o más personas.
En septiembre de 2020, el Juzgado Federal de Venado Tuerto procesó a los imputados. Sin embargo, en la misma resolución, se les concedió la excarcelación a Vecino y Capporosi, lo que generó una apelación por parte del Ministerio Público Fiscal, que solicitó la prisión preventiva.
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Posteriormente, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario revocó las resoluciones y ordenó la detención de los tres imputados.
Frente a esto, la defensa oficial recurrió a Casación, argumentando la doctrina de arbitrariedad, vulneración del debido proceso legal, defensa en juicio, principio de inocencia, derecho a la libertad ambulatoria y garantía de la igualdad.
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Los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación por inadmisible.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría rechazar el planteo. La jueza Angela Ledesma votó por hacer lugar al planteo de la defensa por entender que los procesados tenían domicilio fijo, un grupo familiar de apoyo y habían cumplido las reglas de conducta.
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Así, propuso mantener la decisión del juzgado federal de Venado Tuerto. Su colega Mariano Borinsky entendió que el planteo era inadmisible. Por su parte, el juez Javier Carbajo sostuvo que la Cámara de Rosario había realizado un correcto análisis de las particularidades del caso y entendió que, a los fines del proceso, debía disponerse la prisión preventiva.
También subrayó que el contexto de pandemia por el virus del Covid-19 y el encierro carcelario no eran razones suficientes para disponer libertades.
La defensa llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia que finalmente, con el voto de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación por inadmisible.
