La acusación será ante el juez Lisandro Aguirre y estará a cargo de la fiscal de Criminalidad Económica, Bárbara Ilera, que investiga un fraude millonario que dejó al menos 45 víctimas que realizaron compras de terrenos y propiedades.
Según dispuso la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), la audiencia tiene previsto comenzar a las 13.15 y según trascendió será solo de imputación para los detenidos. Los mismos fueron identificados como Alfonso S. (abogado); Agustín S. (corredor inmobiliario); Atilio Domingo D.M.; Diego Marcelo P.; Javier Andrés C.; María Fernánda G.; y Emiliano Lihuel C. Todos representados por defensas particulares y pública.
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El caso además cuenta con una serie de abogados querellantes que componen el bloque acusador: Alejandro Otte; Ricardo Veglia y Marcelo Lógica, entre otros, los cuales representan a los damnificados de las estafas cometidas por la organización que investiga la Fiscalía.
Si bien los detalles de la causa se conocerán este mediodía, trascendió que el fraude que investiga la Justicia fue a partir de una serie de operaciones inmobiliarias de lotes ubicados en Santa Fe, Sauce Viejo y Arroyo Leyes, cuyas escrituras habrían sido fraguadas.
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La causa se tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
De hecho, se estima que muchos de los lotes fueron comercializados por la organización en más de una oportunidad, pese a que su verdadero titular nunca lo había puesto a la venta.
Trascendió además que la organización habría cometido los fraudes a partir del acceso a la información de lotes y propiedades que figura en el sistema de Catastro, que se ocupa de actualizar los datos jurídicos y agro económicos de terrenos y viviendas, entre otras tareas.
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Con esos datos, los acusados ofrecían terrenos y loteos a través de las redes sociales. Luego simulaban la titularidad de la propiedad para lograr concretar la operación inmobiliaria. Inclusive, habrían concretado cesiones de derechos y acciones sobre los inmuebles y hasta impulsados juicios civiles de escrituración o usucapión, asentados en documentación falsa para inducir a engaño a los jueces civiles que tendrían que intervenir.
Tal maniobra, entienden desde la querella representada por Ricardo Veglia, se dio con el objetivo, de que los compradores estafados creyeras que una vez que saliera la sentencia judicial iban a poder escriturar. No obstante, en medio del ardid, firmaban los boletos de compra y venta.
