Desahogo. Los familiares de las víctimas tras escuchar la sentencia condenatoria del tribunal.
Aire Digital
“Yo sabía, yo sabía...la vida ya no sirve, los mató la policía”. La arenga de decenas de familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil que integran la Multisectorial contra la Violencia Institucional en la puerta del Centro de Justicia Penal de Rosario (CJP) coronó el juicio oral y público que el viernes concluyó con las condenas a prisión perpetua a dos policías por el doble homicidio de David Campos y Manuel Medina en junio de 2017. Un caso paradigmático de gatillo fácil y abuso de poder.
En la historia judicial no hubo una causa con tantos agentes imputados por un caso de gatillo fácil como el de Medina-Campos. El antecedente más reciente se remonta a otro hecho escalofriante. El crimen de Iván Leonel Mafud, un joven de 27 años, padre de cuatro niños, que perdió la vida bajo un infierno de proyectiles oficiales calibre 9 milímetros en 2014 luego de un alocado raid policial.
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El homicidio de Mafud ocurrió el 8 de septiembre de 2014 a la madrugada en un supuesto enfrentamiento, el cual se probó que fue orquestado. Mafud conducía un Fiat Marea y recibió 18 balazos en el cruce de las rutas A012 y nacional 9, tras una persecución que comenzó en la zona sur de Rosario y al que se plegaron varios patrulleros.
De acuerdo a la versión judicial, los policías se desplazaban hacia el norte a alta velocidad por la A012 y le produjeron heridas a Mafud, que perdió el control del auto y se incrustó en un zanjón. Luego recibió una lluvia de proyectiles, seis de los cuales le dieron de lleno y le provocaron la muerte.
Durante más de un año el caso se investigó como un enfrentamiento entre la víctima y los policías, y tuvo ribetes escandalosos porque de a poco se fue develando la trama de encubrimiento policial. Hasta que el fiscal de Homicidios Miguel Moreno develó que los únicos que habían disparado eran los uniformados, y acusó a los 15 en un juicio oral y público.
En ese entonces, Moreno solicitó penas de prisión perpetua para siete de ellos, y de hasta 10 años para quienes montaron la escena falsa, fraguaron el acta policial y ni siquiera notificaron lo ocurrido la comisaría de Roldán. En junio de 2018 en un polémico fallo, el Tribunal del debate integrado por Eleonrora Verón, Juan Carlos Curto y Mariano Alliau, resolvió condenar con penas leves a sólo cuatro de 15 policías.
Uno de los uniformados, Matías Ricardo Maidana, fue condenado a cuatro años por un “homicidio en exceso de las causas de justificación”. A otros tres, un año y medio por falsedad ideológica. El resto fue absuelto. La desazón y la realidad de injusticia atragantó a la familia de Mafud.
La Cámara Penal revisó el fallo y elevó la pena a Maidana, acusado de dispararle en la cabeza a Mafud, fue sentenciado a 11 años y medio de prisión por homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Y condenó a dos oficiales que habían sido absueltos: Javier Amarilla y Jonatan Gabriel Sánchez, a quienes los jueces hallaron responsables del delito de falsedad ideológica de instrumento público, y le impusieron 1 año y medio de prisión condicional.
Ese caso dejó un antecedente negro en la policía de Santa Fe. Pero también en el sistema judicial penal, que no dio una respuesta a la altura del proceso. La historia tenía preparado otro capítulo de gatillo fácil aún más pavoroso: el de los amigos David Campos, empleado metalúrgico de 28 años, y Emanuel Medina, un comerciante de 32.
La mañana del 23 de julio los jóvenes circulaban a bordo de un Volkswagen UP, cuando varios patrulleros empezaron a perseguirlos porque supuestamente evadieron un control vehicular. La frenética persecución duró media hora, y terminó cuando el auto de Medina y Campos perdió el control y se estrelló contra un árbol en Cazadores y Callao.
Ambos quedaron sumergidos en los airbags del vehículo, indefensos, y de inmediato fueron blanco de un ataque a mansalva. No había indicios para suponer que representaban algún peligro. Sin embargo Medina, que iba al volante, recibió nueve balazos, y su amigo otros tres.
Murieron en el acto. A esa hora, 10 de la mañana, la zona quedó repleta de patrulleros, ambulancias y la mirada perpleja de vecinos que deambulaban por las calles. El caso quedó en manos del fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos Adrián Spelta.
En una trabajosa investigación, que tropezó primero con la complejidad que supone tantos imputados y el silencio cómplice de varios de ellos, las pericias balísticas determinaron que los proyectiles que mataron los amigos habían partido de las armas de los policías Alejandro Rubén Bustos y Leonel Emiliano Mendoza.
Ambos fueron imputados por homicidio calificado y quedaron en prisión preventiva. El resto de los uniformados fueron implicados en maniobras de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por falsear el acta de procedimiento.
Spelta dividió el hecho en tres momentos. El primero fue el de la persecución que se inició “por pasar un semáforo en rojo” y terminó con el auto estrellado rodeado de policías. El segundo, cuando al menos tres efectivos empezaron a disparar. Bustos al menos diez veces, Mendoza baleó a Campos y le fraccionó la médula, y Marcelo Escalante se arrimó y disparó dos veces a la parte baja del auto pero sin impactar a los amigos.
El tercer momento fue el “protocolo de encubrimiento”. Es que para lograr impunidad los policías plantaron dos armas de fuego junto a los cadáveres, se ocultaron vainas, se les colocó restos de pólvora en las manos de uno de los jóvenes asesinados, y regaron de datos falsos el acta de procedimiento. Patético y burdo, pero real.
Para lograr impunidad los policías plantaron dos armas de fuego junto a los cadáveres
Los 19 policías implicados fueron acusados el año pasado y la causa se elevó a juicio. La situación de Bustos fue particular, porque su defensa esgrimió que no podía entender la criminalidad de su actos por trastornos psiquiátricos, y pretendía que se lo declare inimputable. Ese aspecto demoró el proceso un par de veces porque según un dictamen de la Junta Especial de Salud Mental debió estar inhabilitado para portar armas porque quedó traumado luego de sufrir la muerte de un compañero en un procedimiento. Finalmente se lo declaró apto para afrontar la acusación.
El juicio finalmente comenzó a principios de septiembre con los 19 policías sentados en el banquillo de los acusados, y luego de una larga lucha de los familiares de las víctimas, que recibieron el respaldo y contención de la Multisectorial contra la Violencia Institucional. Desde un primer momento se compuso el doble homicidio como un caso de gatillo fácil, “un fusilamiento” a sangre fría insistieron en cada marcha en reclamo de justicia.
El debate fue presidido por el Tribunal conformado por los jueces Román Lanzón, María Trinidad Chiabrera y Gonzalo López Quintana. El fiscal Spelta fue el acusador, mientras que el abogado Santiago Bereciartúa representó la querella en nombre de las familias víctimas.
Los jueces convalidaron la teoría fiscal y las pruebas, y respetaron la solicitud de condena a prisión perpetua sobre los principales acusados. Tras dos meses de discusión dictaron un fallo que marca a fuego la historia policial y judicial de la provincia.
Condenaron a prisión perpetua a Bustos, del Comando Radioeléctrico, y a Mendoza, de la Policía de Acción Táctica, por efectuar disparos mortales contra Medina y Campos. Le endilgaron la autoría del homicidio calificado por el abuso de su función o cargo como miembros de la fuerza policial.
Los gritos de la familia al escuchar ese primer tramo del veredicto fue de desahogo. El policía Escalante, que disparó al auto sin herir a las víctimas, fue condenado a 7 años de prisión por abuso de armas calificado por ser funcionario público, y de encubrimiento doblemente agravado, por el delito que encubrió y por ser funcionario público.
El policía Hugo Daniel Baroni recibió 5 años de prisión por encubrimiento doblemente agravado. Por el mismo delito, otros trece efectivos fueron condenados a 3 años de prisión condicional y cumplirán la pena en libertad y con reglas de conducta, sobre todo no acercarse a Roxana María Ramírez y Jésica Elisabet Lezcano, dos policías acusadas que se quebraron y confesaron que fueron amenazadas por sus compañeros para firmar el acta del hecho con datos falsos.
Ellas develaron lo de las armas plantadas, y describieron que las víctimas fueron acribilladas por sus compañeros. Hasta el día de hoy tienen custodia de Gendarmería Nacional. Las dos recibieron una pena leve de 1 año de prisión condicional por el delito de encubrimiento doblemente agravado.
Los familiares de Campos y Medina estallaron en llanto y gritos de desahogo al escuchar el veredicto. “Un poco de alivio, al fin se hizo justicia por mi hijo y por Emanuel. Pero la muerte de un hijo no se supera jamás, es una herida que no cierra. Era lo que esperábamos, porque ellos eran inocentes. La Justicia existe hoy acá; me voy con alivio. Después de tres años de lucha”, dijo emocionada la madre de David en la explanada del Centro de Justicia Penal (CJP).
Un relato desgarrador fue el de Germán, hermano de David. Con la voz entrecortada expresó las “gracias a todos los que nos apoyaron. Estos años de lucha no fueron en vano. Hay que saber agradecer cuando las cosas se hacen bien. Agradecido al fiscal Spelta, a nuestros abogados, a la Multisectorial, a todos. Vinimos por estas condenas, para que ninguno de estos esté patrullando nuestras calles. No puede pasar más esto, la policía nos tiene que cuidar, ministro Sain (Marcelo) hágase cargo, tiene en sus manos un poder enorme para que esta policía no mate más gente”, suplicó el hombre en referencia al ministro de Seguridad Marcelo Sain.
Atragantando por el llanto, casi a los gritos, remarcó que no se encontró “al responsable que plantó las armas, pero uno de 19 los hizo, sabemos que alguno puso pólvora la pólvora, que manipularon los cuerpos, que mintieron, nos mintieron a nosotros y a toda la sociedad. Eso no tiene que pasar más, necesitamos una policía eficaz, que nos defienda, no que mate inocentes”. Y tras enumerar a víctimas de gatillo fácil reclamó “que no maten más pibes por favor”.
Al ser consultado por la calidad de las pruebas del juicio indicó que fueron “contundentes”, y calificó de alevosa la escena que trató de simular la policía. “Armas plantadas, una de la cuales no funcionaba, pólvora implantada en las manos de mi hermano, ya fallecido. Se hizo justicia, eternamente gracias”.
Santiago Bereciartua, uno de los abogados querellantes, indicó a Aire Digital que la sentencia debe ser valorada desde tres niveles. “Lo más importante es que a dos familias devastadas se le devolvió un cachito de calma, de paz, luego de tanta lucha, un reconocimiento a la verdad que tanto pregonaron durante más de tres años, se las reparó desde la justicia, desde esa institución de la que uno espera tanto luego de una pérdida tan grande como la muerte de un familiar”.
“Que la verdad sea receptada en la justicia y se la vista de sentencia, es el hecho más trascendental para cualquier lucha por justicia”, remarcó el profesional. En término indicó que la resolución “volvió a ubicar a la justicia en el lugar que debe ocupar en la sociedad, como principal órgano sancionador y aleccionador. Si la justicia no sanciona categóricamente estas acciones, se pierde el respeto a la institución, y se colabora con el caos y la asunción de la misma por mano propia”.
Para Berriatúa, “confiar en la justicia es una necesidad de cualquier democracia. Si cada poder asume su obligación, nos acercamos a la paz social. Debemos valorar la sentencia como un mensaje a las fuerzas de seguridad, un mensaje claro que les afirma que dentro de la ley todo, pero fuera de ella nada. El fallo castiga ejemplarmente al brazo armado del Estado por automatizarse y actuar ilegal y arbitrariamente, para que no se crean soldados en guerra sino servidores de la ley y la seguridad ciudadana y democrática”.
¿Qué diferencia hubo entre los casos de Mafud, y Campos-Medina, muy similares, pero con un resultado judicial casi diametralmente opuesto?. “El Tribunal”, contestó categórico Aire Digital un referente de la Multisectorial contra la Violencia Institucional que estuvo en los dos procesos.
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