Se trata de una pericia contable que fue ordenada por la fiscal Bárbara Ilera (del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación) y la cual apunta a establecer primero si hubo fraude, tal como sostiene la denuncia, y si así lo fuera, de cuánto fue el desfalco.
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La pericia quedó a cargo del perito contador de la Corte Suprema de Justicia, Germán Pérez, quien años atrás tuvo a su cargo también el peritaje de las cuentas de Colón, en el marco de la causa que investigó a Germán Lerche, actualmente condenado por administración fraudulenta del club.
El caso salió a la luz el pasado 8 de agosto, luego de que agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron la sede de la firma, en bulevar Gálvez al 1400, en busca de documental, y la casa de una de las propietarias, ubicada en la zona de la costanera.
Estafas: la denuncia que movilizó la causa
La causa contra la constructora comenzó a partir de una denuncia penal impulsada por un grupo de inversores inmobiliarios que acusaron a la firma de haber incumplido con la entrega de departamentos.
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Bárbara Ilera, fiscal a cargo de la causa.
Según trascendió, los denunciantes sostuvieron ante Fiscalía que la constructora habría puesto a la venta departamentos que ya estaban comprometidos contractualmente a otros beneficiarios.
Otros denunciaron que tres obras que la firma arrancó quedaron inconclusas y otras dos ni siquiera comenzaron. Uno de los casos más emblemáticos es el de un edificio de 20 pisos, cuya finalización estaba prevista para el 2020. Sin embargo, a cinco años de esa fecha, se encuentra sin obrador ni personal.
La demanda pidió a la Fiscalía además que investigue si existió un posible vaciamiento del fideicomiso, a través de retiros de materiales de construcción en alguno de los proyectos inmobiliarios.
Denuncia y allanamientos
La denuncia fue admitida por la fiscal de Delitos Complejos, Bárbara Ilera, que tras analizar el caso dispuso allanar la sede de la empresa y secuestrar elementos que pudieran estar vinculados a la causa: celulares, computadoras y documentos.
A su vez, requirió al Colegio de Jueces Penales inspeccionar el domicilio de una de las propietarias de la empresa y evaluar si tenía documental relevante para la investigación judicial, que hasta el momento tiene más de 20 damnificados.
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