Los primeros detalles del caso fueron dados a conocer en la audiencia imputativa a un hombre de 37 años que entre 2023 y 2025 estafó a cuatro mujeres y les generó deudas millonarias.
En los allanamientos se secuestraron elementos de interés para la investigación.
Un camillero de 37 años oriundo de Santo Tomé fue imputado por solicitar tarjetas de crédito y préstamos a nombre de sus parejas y generar deudas millonarias que llevaron a las mujeres a figurar en el VERAZ.
Los primeros detalles del caso fueron ventilados por la fiscal del MPA Yanina Tolosa en el marco de la audiencia imputativa que se realizó este jueves en la sala 2 de tribunales ante el juez Leandro Lazzarini.
El imputado, identificado como Matías D.L.P., fue imputado como autor de estafas y estuvo asistido por la defensora pública Virginia Segado. El martes se resolverá si continúa detenido en prisión preventiva mientras avanza el proceso penal.
La fiscal Tolosa relató cuatro hechos similares, que fueron denunciados por cuatro mujeres que mantenían una relación afectiva con el imputado. El primero se remonta a 2023, cuando el imputado abrió una cuenta única en una entidad bancaria en octubre, que se cerró por mora en junio de 2024. Esa cuenta tenía como servicios la adhesión al sistema de tarjetas y la solicitud de préstamos con contratación electrónica, entre otros.
Para esto, la fiscal sostuvo que el hombre utilizó los datos personales de quien era su pareja en ese momento, y sin contar con el consentimiento de la mujer. Es así que solicitó dos préstamos personales que generaron una deuda de casi seis millones de pesos. A esta deuda se sumó la generada por la caída de la cuenta única, por poco más de 54 mil pesos, y por lo no pagado de los consumos realizados con la tarjeta de crédito, una suma de 74 mil pesos. Esto provocó que la mujer figure en situación crediticia 5 (irrecuperable) en el BCRA, en diciembre de 2024.
En agosto de 2024, Matías D.L.P. realizó la misma maniobra, según la imputación. En este caso, utilizó los datos personales de una amiga para abrir una cuenta bancaria, requerir tarjetas de crédito y préstamos a nombre de la mujer, lo que le provocó a la víctima un perjuicio económico cercano a los cinco millones de pesos.
Con estos datos, también abrió un perfil en una aplicación financiera, que le generó a la mujer una deuda de superior a los seis millones de pesos. “Ambas deudas provocaron que figure en situación crediticia 4 (alto riesgo de insolvencia) de la Central de Deudores del sistema financiero conforme el BCRA y Equifax (VERAZ) al mes de julio 2025”, detalló Tolosa.
La tercera de las maniobras atribuidas por la fiscal ocurrió durante los meses de noviembre y diciembre de 2024; en esta oportunidad, la Fiscalía sostuvo que el hombre utilizó sus datos personales, foto y DNI de su pareja de entonces, y solicitó préstamos y tarjetas de crédito a su nombre, en distintos Bancos y entidades financieras, lo que causó un perjuicio económico que asciende a los $47.369.000.
Esto generó que la víctima figure en situación situación crediticia 3 (con problemas) de la Central de Deudores del sistema financiero conforme el BCRA, al mes de julio de 2025.
Además de las deudas generadas por consumos con tarjetas de crédito por casi 39 millones de pesos, se suma un préstamo que solicitó a través de una mutual, por una suma superior a los cuatro millones de pesos, y con una tasa de interés de 135,25%, a pagar en 36 cuotas mensuales y consecutivas, que se debitan del sueldo de docente de la mujer.
En esta oportunidad, el hombre admitió haber solicitado el préstamo y pagó algunas cuotas hasta junio de 2025; cuando la mujer fue a reclamar, la insultó, le dijo que no cuente nada de lo que había pasado y le recriminó “... qué querés que haga, que robe un Banco”, precisa la imputación realizada por Tolosa. En diciembre, solicitó una tarjeta de crédito con los datos de esta mujer y generó una deuda de $3.339.000.
Finalmente, la última de las maniobras ocurrió en marzo de 2025; en este caso, la fiscal sostuvo que el hombre “abusó de su confianza y de la relación sentimental que mantenían -con la víctima-, y la convenció de solicitar un préstamo en el Banco donde ella tiene una cuenta a su nombre, para luego realizar supuestas inversiones con ganancias en dólares”.
En esta oportunidad, el préstamo fue gestionado por la mujer a través del cajero automático, por $6.052.790.- a pagar en 72 cuotas de $400.000.- cada una.
Luego, la mujer le transfirió la suma de $5.100.000.-, proveniente del préstamo, a una cuenta de una aplicación financiera, con la finalidad de la supuesta inversión. “Pero ante la desconfianza y el reclamo de la víctima con relación al destino y modo de inversión, Ud. solo le devolvió $1.200.000.- y respondió con intimidaciones y amedrentamientos, sin devolverle ni el dinero, ni intereses, ni respuestas claras y concretas”, detalló Tolosa en la audiencia.
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En abril, la mujer fue a reclamarle la devolución del dinero al sanatorio donde el hombre se desempeña como camillero; “usted le respondió que ya se había asesorado con un abogado, que si seguía insistiendo la iba a denunciar por daños y perjuicios, además que la podía demandar por hostigamientos y le aclaró que como ella le había transferido el dinero voluntariamente, no podía hacer nada”, relató la fiscal.
Por último, Tolosa agregó que el 22 de abril el hombre se presentó en la casa de la mujer y le dijo “levantá la denuncia porque si no, te vas a gastar toda la plata en abogados porque vos no podés ir sola al Ministerio Público de la Acusación, y si no iremos a juicio, nos va a demorar 6 meses…”.
Matías D.L.P fue imputado como autor de estafa (cuatro hechos) en concurso real entre sí y en calidad de autor. Entre la evidencia del caso se encuentran las denuncias de las víctimas, informes del Banco Central, extractos bancarios de las diferentes entidades que otorgaron los prestamos, resúmenes de las tarjetas de crédito, conversaciones de whatsapp, entre otros elementos.
La fiscal solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva, y por un acuerdo con la defensora, se realizará el martes en horario a determinar por la Oficina de Gestión Judicial.
