Estafas a ATE y ATEM: rechazan la devolución de bienes embargados a dos de los imputados 

La causa es investigada por la Unidad de Delitos Complejos, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Leandro Corti en representación de las entidades damnificadas.

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Un año y medio después, César Rosman, abogado defensor de dos de los imputados, P. Marrero y F. Faría, solicitó a la justicia que los bienes oportunamente secuestrados sean restituidos a sus representados, a cambio de trabar embargo sobre dos inmuebles. El juez Octavio Silva autorizó la sustitución de los vehículos secuestrados en abril de 2019 por el embargo sobre los bienes inmuebles “que estén libres de gravámenes y garantías reales, libre de embargos y/o inhibiciones personales anteriores, por el monto de pesos cincuenta y ocho millones ($58.000.000) más un 20% estimados provisoriamente por intereses y costas....".-

Esta resolución judicial fue apelada por la Fiscalía y la Querella, y en el mes de octubre se desarrolló la audiencia ante el juez de Cámara Enrique Álvarez. El fiscal Jorge Nessier sostuvo que la resolución resulta irrazonable y causa un gravamen irreparable “toda vez que dispone sobre una medida de caución real y la sustituye; dichos bienes tienen que ver con el ilícito que se investiga”. El fiscal solicitó entonces que se revoque la resolución y se mantenga el secuestro de los bienes como fue dispuesto en su oportunidad.

El abogado querellante Leandro Corti, advirtió que los bienes en cuestión están bajo el régimen de decomiso, y sostuvo que “habilitar la sustitución por otros bienes de los imputados, desnaturaliza la pena del decomiso”.

Al momento de resolver, el camarista destacó que “claramente se verifica un gran número de vehículos secuestrados que prima facie están sospechados de haberse adquirido a través de maniobras ilícitas (...), por lo que hay un obstáculo insalvable que es la pena accesoria del decomiso a la cual se alude en el art. 23 del Código Penal”.

Álvarez remarcó que el Código Procesal Penal determina que el Tribunal dispondrá embargo en bienes del imputado en medida suficiente para garantizar la pena pecuniaria y costas del juicio. Además, el Código dispone también que el Fiscal “podrá disponer en caso de urgencia el secuestro de aquellas cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o las que puedan servir de prueba”.

El camarista sostuvo también que “tampoco es justo que los imputados deban soportar durante tanto tiempo una sospecha y hasta aquí no hay una resolución de la situación de los mismos. Es necesario imprimir velocidad procesal para clarificar los hechos porque el principio de inocencia juega a favor de los imputados y hasta aquí el avance que se consigna es muy escaso”.

La causa

El 25 de abril de 2019 cuatro personas fueron imputadas como coautores de estafas reiteradas por un monto millonario en perjuicio de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Mutual. El entonces fiscal de Delitos Complejos Leandro Lazzarini, junto a la fiscal Laura Urquiza, explicaron en la sala de audiencias ante el juez Jorge Patrizi las maniobras endilgadas a las cuatro personas.

En un primer momento se imputó a quien se desempeñaba como gerente de la entidad, M. Naput, a su esposa M. Velázquez, encargada del depósito, y a F. Faría, empleado público y empresario, haber emulado la compra de productos informáticos y de telefonía entre junio y diciembre de 2017 causando un perjuicio a ATE superior a los 15 millones de pesos. Este delito les fue atribuido como coautores de estafas reiteradas en 38 oportunidades en concurso real.

En segunda oportunidad se imputó a Naput, Velazquez y una jubilada y comerciante, P. I. Marrero, haber utilizado la campaña de los bolsones escolares y entre octubre de 2017 y abril de 2018, emular la compra de indumentaria y calzado ocasionándole a la mutual un perjuicio económico de 7 millones de pesos.

El fiscal explicó cómo era la maniobra defraudatoria: el gerente emitía órdenes de compra directa, tanto para el material de telefonía como para la indumentaria, y los proveedores emitían las facturas de las compras que nunca se concretaban. En tanto, la encargada del depósito hacía figurar en el stock la mercadería inexistente.

En la audiencia de medidas cautelares, realizada a los pocos días, los ex empleados dieron su versión de los hechos. Los primeros en hablar fueron los ex empleados de ATE, quien se desempeñaba como gerente, M. Naput, y su esposa, encargada del depósito, M. Vázquez. Naput comenzó detallando todas las tareas que desempeñaba en la entidad, llegando a ser responsable, según sus palabras, de la parte de recursos humanos de la Mutual, de ATE Casa España, del predio de ATE y finalmente del Hotel ATE UNL.

Al referirse directamente a los procesos de compra, Naput se excluyó de cualquier posición de toma de decisiones: “el encargado de compras y la secretaria de finanzas definían los montos a disponer para cada producto”. Además dijo que él nunca tuvo claves para realizar transferencias, ni firma autorizada para emitir cheques.

A continuación dejó entrever que la denuncia tendría su motivación en reclamos laborales que tanto él como su esposa comenzaron a realizar a sus superiores. Dentro de estos reclamos detalló cuestiones relacionadas al vínculo laboral como también ciertas advertencias de irregularidades en las compras que notificaba a los superiores.

En sentido similar, Vazquez precisó sus funciones como encargada del depósito. Explicó que tenía nueve personas a su cargo y que quienes recibían la mercadería eran los empleados. “Yo ingresaba la mercadería al stock cuando los chicos me llevaban los remitos”.

La imputada explicó cómo será la maniobra de “ajuste de stock” que se sospecha manipulaba para ingresar mercadería que no era recibida. Vazquez acusó al encargado de compras de haber solicitado mercadería sin la orden, y que luego ella debía ingresarla en el sistema sin contar con el remito. Al igual que su esposo, explicó que estas irregularidades habían sido advertidas a los superiores.

Irregularidades

Al momento de justificar la imputación, el fiscal Lazzarini precisó las maniobras detectadas en las compras que vinculan y complican a los cuatro imputados. En primer lugar, se precisó que en ninguna de las compras realizadas a Faría y Marrero, proveedor de telefonía e indumentaria respectivamente, se detectaron órdenes de compra. “Alteraron el proceso de compra desde el primer momento”, manifestó el fiscal.

Además, toda la mercadería de estos proveedores ingresó por ajuste de stock, no se cuenta con un solo remito. El gerente autorizaba una orden de pago sin contar con la documentación correspondiente. Todos los pagos a estos proveedores fueron autorizados por Naput, excepto en tres oportunidades que lo dispuso vía telefónica.

Por último, Lazzarini insistió que el procedimiento irregular de compra se constató únicamente con estos dos proveedores.