La causa es tramitada por la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Bárbara Ilera, quien precisó que las estafas investigadas fueron cometidas entre junio de 2022 y agosto del año pasado por un total de 271.083.521,40 pesos –monto que, actualizado por inflación, asciende a más del doble.
Varias personas fueron imputadas por integrar una asociación ilícita, liderada por la tesorera de la empresa, Lucila Palao Chartano. Martinez, Torres y Baudino fueron condenados como miembros de asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas.
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La causa es tramitada por la Fiscalía de Delitos Complejos
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Abreviados
Martínez, Torres y Baudino fueron condenado a tres años de prisión condicional y, entre otras medidas, no podrán acercarse a las instalaciones de la empresa ni a los denunciantes, testigos y demás personas investigadas en el legajo. Además deberán pagar una multa de 90.000 pesos.
Martinez tendrá que cederle a la compañía una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok y donar un automóvil marca Fiat modelo Idea al Ministerio de Seguridad de la provincia. Torres y Baudino, en tanto, entregaron un Toyota Yaris en concepto de reparación.
Las sentencias fueron dispuestas por el juez Pablo Spekuljak, en el marco de sendos juicios abreviados. En tanto, otros cinco imputados aguardan la resolución del proceso en prisión preventiva, mientras otras personas se encuentran con medidas alternativas a la prisión.
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El juez Pablo Spekuljak presidió las audiencias de juicios abreviados.
Cheques adulterados
La investigación comandada por la Fiscalía permitió establecer que la asociación ilícita operó de manera permanente, estable y organizada durante un año y dos meses, a partir de una modalidad delictiva que fue diseñada por la tesorera de la empresa. En reiteradas oportunidades, Palao Chartano, imputada como jefa del grupo criminal, sustrajo cheques de los que era titular la constructora, falsificó la firma del presidente de la compañía e insertó como beneficiarios a los miembros de la banda delictiva, entre ellos, a quienes ya fueron condenados.
La tesorera modificó registros contables para que en el sistema informático empresarial figurara que las chequeras habían sido utilizadas para saldar deudas con proveedores reales, lo cual no era cierto; "Para evitar ser descubierta, luego canceló las supuestas operaciones", explicó Ilera.
En tanto, Martínez, Torres, Baudino y otros miembros de la asociación ilícita recibieron los cheques adulterados a sabiendas de su procedencia ilegítima: "Los presentaron al cobro depositándolos en sus cuentas personales o los endosaron de manera cruzada a favor de otras personas", sostuvo la fiscal. "Ninguno de ellos brindó contraprestaciones por los pagos que aceptó", destacó.
En cuanto al origen de la investigación, puntualizó que los directivos de la empresa constructora en principio denunciaron a la tesorera por tentativas de estafa y falsificación de firma y, tras realizar una auditoría interna, advirtieron que las maniobras defraudatorias habían sido más graves de lo estimado inicialmente. Al respecto, valoró que "la constructora aportó documentación valiosa para esclarecer lo sucedido".
