La vicepresidenta de la empresa que denunció una estafa millonaria sostuvo que debieron despedir empleados por no contar con el dinero para pagar los sueldos.
Una pericia detectó la emisión de cheques por más de 270 millones de pesos
Este lunes se definió la situación procesal de los involucrados en una causa por estafas millonarias atribuidas a la tesorera de una empresa de ingeniería.
La vicepresidenta de la empresa sostuvo ante la jueza Celeste Minniti que debieron despedir a cien empleados por no contar con el dinero para pagar los sueldos, tras el desfalco económico perpetrado.
La causa es tramitada por la fiscal Bárbara Ilera, de la Unidad de Delitos Complejos, e involucra a la tesorera de una empresa de ingeniería, Lucila Palao Chartano, imputada como organizadora de una asociación ilícita que cometió una serie de estafas reiteradas en perjuicio de una empresa de ingeniería.
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Primero se definió la situación procesal de tres de los imputados ante el juez Jorge Patrizi: Silvio Alejandro Bersezio, Daiana Romina Baudino y Mariano Javier Martínez acordaron la prisión preventiva, con el aval de sus abogados Carlos Corestein y Carlos Carlozzi, Pedro Busico y Romeo Diaz Duarte y Agustín Márquez, respectivamente.
Estas personas recibían los cheques que Palao Chartano fraguaba de la empresa y los cobraban en mutuales y en diferentes entidades bancarias: según la pericia realizada en la investigación, Bersezio cambió cheques en dos bancos por más de 35 millones de pesos, Martínez cobró cheques por casi 45 millones y Baudino por casi 48 millones.
La fiscal explicó que también cambiaron cheques en dos mutuales para evitar el control de las autoridades, que se ha detectado que los imputados salieron varias veces del país y que no se pudo detectar el destino del dinero. Esta maniobra ocurrió al menos desde mediados de 2022 hasta mediados de 2023.
En agosto de 2023, una empleada de la empresa advirtió que la tesorera Palao Chartano insertaba la firma de presidente en varios cheques, y le relató la situación a su jefa. La vicepresidenta radicó la denuncia en la comisaría de Monte Vera y el fiscal en turno Ignacio Orio ordenó una requisa.
Cuando la policía fue a buscar a la mujer, y mientras era trasladada a la comisaría rompió cheques por siete millones de pesos cuando se dirigía a la comisaría y fue imputada como autora de hurto calificado, falsificación de firma y tentativa de estafa.
La causa fue remitida a la Unidad de Delitos Complejos del MPA, y la investigación permitió detectar el entramado delictivo y el resto de los involucrados: personas que no tenían ningún vinculo con la empresa, y que recibían los cheques adulterados para cobrarlos.
Luego, la jueza Minniti analizó la situación del imputado Carlos Alberto Seccone, representado por la defensora pública Sonia Bustos, quien reclamó medidas alternativas a la prisión preventiva.
La fiscal Ilera sostuvo la necesidad de que Seccone continúe en prisión preventiva al igual que el resto de los imputados, debido a que están vigentes los riesgos procesales y a la pena de prisión que enfrenta. Seccone era una de las personas que recibía los cheques que libraba la tesorera Palao Chartano en las maniobras defraudadoria.
Ilera sostuvo que Seccone recibió 28 cheques, constituyó plazos fijos, realizó transferencias a coimputados, por un monto cercano a los 15 millones de pesos.
Para la Fiscalía es necesario profundizar la investigación para dar con las personas prófugas, para determinar dónde se encuentra el dinero, para dar con otros involucrados aun no identificados, entre otras cuestiones.
A su turno, la defensora Bustos remarcó que Seccone sólo conocía a Emilio Paglia, pareja de la tesorera imputada, porque eran excompañeros de trabajo, y que le había vendido la mitad de una propiedad; por eso recibía los cheques como parte de pago, alegó Bustos, pero que desconocía el origen ilícito de los fondos.
La defensora insistió que Seccone no se benefició con el dinero, que no se detectó un aumento patrimonial de Seccone, y que tiene un hijo menor de edad que quedó sólo, ya que la mujer se allanó a la prisión preventiva.
Al momento de resolver, Minniti evaluó que no hay elementos para entender que Saccone actuó de buena fe recibiendo cheques de una empresa firmados por el presidente, sin que hubiera tenido ninguna vinculación con la empresa; la magistrada remarcó que ni siquiera habían sido endosados por Paglia, si el objetivo era pagar la propiedad.
"Los giros injustificados generan una desestabilización en la empresa y genera complicaciones como los que relató la señora vicepresidenta al inicio de esta audiencia", recordó la jueza, y agregó: "Los empleados despedidos son víctimas indirectas de estas maniobras".
En cuanto a los riesgos procesales, Minniti tuvo en cuenta que se desconoce el destino de dinero, y valoró que Seccone era parte de la asociación ilícita, aunque no hubiera conocido a todos los integrantes, ya que su participación fue fundamental para los fines de la asociación: “si nadie cobrara los cheques que libraba Palao Chartano no se hubiera concretado el desfalco”.
La jueza dictó la prisión preventiva de Seccone, y tras un cuarto intermedio se definió la situación de la organizadora, Palao Chartano, asistida por el defensor particular Héctor Acuña.
Hasta este momento, la mujer había transitado el proceso con alternativas a la prisión preventiva, tras la primera imputación de tentativa de estafa y falsificación de firma. Luego, se amplió su imputación como organizadora de asociación ilícita, y declaró con importantes aportes para la investigación. Este mediodía se dispuso que continuará el proceso en prisión domiciliaria.
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