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Policiales Marcelo Bailaque | Esteban Alvarado | AIRE

El juez Marcelo Bailaque quedó acorralado por tres causas: lo imputarán por "prevaricato" e "incumplimiento de deberes"

Una de las investigaciones es la que reveló AIRE el pasado 11 de junio, cuando publicó que el magistrado compartía contador con el narco Esteban Alvarado.

Es un hecho histórico, sin precedentes en la provincia de Santa Fe: este jueves el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, será imputado por tres causas en las que aparece como protagonista central. Una de esas causas, y que fue la que activó esta serie de investigaciones, fue la revelación que hizo AIRE el pasado 11 de junio, cuando publicó que el contador Gabriel Mizzau tenía dos clientes que se conocían: uno era el jefe narco Esteban Alvarado y el otro, quien lo estaba investigando, Bailaque. Pero además había otro ingrediente: Sebastián Mizzau, hijo del profesional, se desempeñaba en el juzgado federal que investigaba al narcotraficante.

Esta revelación no provocó revuelo en los medios de comunicación de Santa Fe. Mostraba la influencia que tenía el magistrado. Provocó que la diputada provincial Lionella Cattalini presentara una denuncia contra el magistrado. La publicación de esta trama generó que varios fiscales federales se pusieran a hurgar en causas en las que había actuado Bailaque para poder determinar si había un comportamiento irregular. Encontraron tres casos.

Embed - Imputarán al juez Marcelo BAILAQUE por "PREVARICATO" e "INCUMPLIMIENTO DE DEBERES"

La audiencia que se realizará este jueves a las 11 tendrá impacto en el Consejo de la Magistratura, donde se investiga el desempeño de Bailaque en la Causa Alvarado. Se presume que tardó casi tres años en iniciar una investigación, cuando la propia Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le entregó informes sobre las actividades criminales de este narco, que está actualmente preso en el penal de Ezeiza.

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El contador que comparten Bailaque y Alvarado

Gabriel Mizzau era contador de Bailaque y a su vez firmó los balances de las empresas Logística Santino y Sagrado Corazón de María. Esas dos firmas, según comprobó la Justicia, eran de Esteban Alvarado, quien había puesto como testaferros a parientes, entre ellos, a su esposa Rosa Capuano. El propio Bailaque describió, cuando procesó a Alvarado en 2019, que las firmas Toia y Logística Santino “están vinculadas a Alvarado, quien de hecho resulta ser quien las dirige”.

El magistrado federal participó como instructor en el caso por el cual Alvarado fue condenado como organizador de un transporte de 493 kilos de marihuana detectado en General Roca, Río Negro, en 2017. En el expediente que él controló aparece Mizzau, su propio contador, que firma los balances contables de las empresas de Alvarado.

Un juez bajo la lupa en una investigación inédita

La investigación que se abrió contra Bailaque en la Justicia federal de Rosario es inédita. Está a cargo de los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Juan Argibay Molina. El impacto de la revelación que hizo AIRE provocó que los funcionarios del Ministerio Público se pusieran a hurgar en casos “llamativos” en los que había intervenido el magistrado, en los que había cierta oscuridad.

Uno de esos casos, es el que tiene como coprotagonista al financista Fernando Whpei, que es “amigo” del magistrado. Según los registros de migraciones viajó con Bailaque al exterior en abril pasado. La relación de este financista va más allá de una simple amistad.

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La diputada provincial Lionella Cattalini presentó una denuncia formal contra el juez federal Marcelo Bailaque ante el Consejo de la Magistratura.

La diputada provincial Lionella Cattalini presentó una denuncia formal contra el juez federal Marcelo Bailaque ante el Consejo de la Magistratura.

Fernando Whpei y su hermano Guillermo pretendían quedarse con el manejo de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, que estaba intervenida, luego de la causa que se inició contra el histórico cacique que manejaba la estiba de todos los puertos agroexportadores Herme Juárez. Es una caja millonaria.

Los miembros de la cooperativa, por fuera de “Vino Caliente”, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 1.000.000 de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei, ambos financistas de Rosario, dueños de medios periodísticos y del llamado Museo de la Democracia.

En la recusación, los miembros de la cooperativa de estibadores señalaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei en el Museo de la Democracia en la que les dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.

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“Fernando Whpei les informó que tenía muy buena relación con el juez Bailaque, jactándose de una estrecha amistad y confianza de muchos años, que habría ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad. Sostuvieron que para lograr ese objetivo Whpei les manifestó que uno de sus abogados sería designado interventor de la cooperativa”, señala la recusación presentada por los estibadores.

Bailaque rechazó la recusación al argumentar que la inversión, es decir el manejo de los fondos por parte de la mutual a cargo de Whpei, decidida por la intervención de la cooperativa, había sido buena y que los fondos estaban protegidos. Pagaban una tasa de interés más alta que los bancos.

La confesión que complica al juez Bailaque

La camarista federal Elida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque, aunque después un fallo de la Cámara Nacional de Casación ordenó, con argumentos lapidarios de Ángela Ledesma, revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará, que consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: "Nunca negué que somos amigos".

El fiscal federal Federico Reynares Solari acusará este jueves a Bailaque que no expuso su admitida relación con el financista Fernando Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que precisamente por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Lo que aparece como trasfondo es que los financistas guionaron la causa para beneficiarse. Y que en esa trama fue clave la relación de “amistad” que tenían con el magistrado.

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La tercera causa contra Bailaque

Hay otra causa que se sumará a esta investigación, que tiene que ver con un expediente que inició Bailaque a partir de un anónimo contra otro financista Claudio Iglesias. Por este caso fueron allanadas la semana pasada las sedes de AFIP y Aduana. Uno de los apuntados es el ex titular de la AFIP Carlos Andrés Vaudagna.

Este funcionario apareció inesperadamente en 2021 ante los investigadores de una causa por estafa en el fuero provincial contra Vicentin para justificar que eran de él unos 200.000 dólares secuestrados en una caja de seguridad bancaria de un hijo del exdirectivo de agroexportadora Omar Scarell. Se comprobó que para el exdirectivo de Vicentin evitara ser investigado por lavado de dinero intentó generar un falso documento que justificara ese dinero.

Vaudagna reconoció que el dinero encontrado en la caja fuerte de Scarell eran suyos. Un fiscal provincial que estuvo suspendido y terminó por renunciar a su cargo hace cinco meses, Mariano Ríos, le concedió a Vaudagna una probation que consistió en dar clases en un colegio y una multa. El delito que le atribuyó fue el de falsedad ideológica de una escritura.

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Al enterarse, el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, reclamó la invalidez de esa salida, de la que tomó conocimiento por un medio de prensa el 11 de noviembre de 2021. Se secuestró el teléfono de Vaudagna. Y ese aparato es el que complica a Bailaque.

El fiscal de Procelac investiga si en el pasado Vaudagna actuó en una red de funcionarios públicos, donde estaba Bailaque, para intervenir en situaciones de favorecimientos a fuertes contribuyentes que se encontraban en problemas penales. Y también en sintonía con funcionarios de Aduana. La investigación apunta a que abrieron una causa contra el financista Iglesias con el objetivo de perjudicarlo en su carrera dentro de la compañía de seguros San Cristóbal.