El procedimiento tuvo lugar en su despacho de Oroño al 700 y, según trascendieron fuentes judiciales, terminó con el secuestro del teléfono personal del magistrado como también documental relevante para la causa que se tramita en el Ministerio Público Fiscal de Rosario y de la cual también participa la Procelac. No obstante, también fue secuestrado el celular del secretario del juez.
Fuentes del caso, indicaron que el operativo se dio a partir de una causa que se originó a raíz de una investigación por delitos tributarios y en los que se encuentran involucrados distintos empresarios.
LEER MÁS ► Cattalini pidió la destitución del juez Bailaque ante el Consejo de la Magistratura
A su vez, fueron allanadas una serie de oficinas de distintos organismos nacionales, como la Ex Afip (ahora Arca) y la Aduana de Rosario. Allí, circuló la versión, de que fueron también secuestrados teléfonos de distintos funcionarios.
Allanamiento AFIP Rosario 1.jpg
La sede de la Ex Afip de Rosario también fue allanada por la Gendarmería.
Bailaque además afronta otra denuncia por una supuesta conexión con el narco Alvarado, a raíz de que su contador, Gabriel Mizzau, le llevaba las cuentas al mafioso rosarino, actualmente preso en Ezeiza y condenado por homicidio y asociación ilícita.
Solicitaron su destitución
El desempeño del juez Bailaque fue denunciado además por la diputada provincial, Lionella Cattalini, quien días atrás fue convocada en el Consejo de la Magistratura para profundizar su denuncia en las cuales cuestionó el rol del magistrado en distintas investigaciones que tuvo sobre narcotráfico en la provincia de Santa Fe.
Marcelo Bailaque.jpg
Marcelo Bailaque, el juez federal que se encuentra actualmente bajo la lupa de la Justicia.
La legisladora solicitó además al Consejo de la Magistratura que agilice las investigaciones sobre el proceder del juez y avance en su destitución. “Bailaque se dedicó a retrasar permanentemente las investigaciones contra los principales narcos de la provincia, ignoró reiteradamente las advertencias de la policía y de fiscales, negó la realización de escuchas telefónicas y mantuvo vínculos personales cuestionables”, explicó Cattalini.
“Este año una investigación periodística reveló que el juez compartía el mismo contador con Esteban Lindor Alvarado, -Gabriel Mizzau- quien firmaba los balances de las empresas truchas de Alvarado. Además, y como si fuera poco, también ingresó como empleado de la Justicia Federal, al hijo de este contador”, agregó.