El paradero de la mujer se desconoce desde el 5 de mayo
Los hermanos Hugo y Mario Pérez quedaron en prisión preventiva este miércoles por decisión del juez Luis Octavio Silva, en el marco de la investigación por el paradero de Mónica Aquino, la mujer de Varadero Sarsotti, que fue vista por última vez el 5 de mayo. Los sospechosos fueron imputados como coautores de la explotación sexual de la mujer, y próximamente se definirá la situación de la madre de ellos, detenida en las últimas horas.
La investigación es llevada adelante por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Alejandra Del Río Ayala, quien ventiló la evidencia colectada en la causa y destacó un detalle que llamó la atención de los peritos en la vivienda de Mónica, en Varadero Sarsotti. También se destacaron los aportes realizados por varios testigos y la declaración de la propia Mónica aportada en una denuncia anterior.
Los hermanos Pérez fueron asistidos por la defensora pública Ileana Echaniz quien cuestionó la imputación y solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva. El juez Silva avaló la hipótesis fiscal y dispuso la prisión preventiva de los imputados.
Mario y Hugo Pérez, cuñado y pareja de Mónica Aquino fueron imputados como coautores de de explotación de la prostitución ajena agravada; Hugo además fue imputado como autor de promoción de la prostitución y lesiones leves dolosas calificadas por el contexto de violencia de género. La Fiscalía sostuvo que la investigación se originó tras la denuncia por el pedido de paradero radicada por el propio Hugo Pérez el 7 de mayo, dos días después de la desaparición de Mónica.
Del Río Ayala agregó que ya en mayo de 2022 la mamá de Mónica había presentado una denuncia por la situación de violencia en la que se veía inmersa su hija: Mónica le había contado que debió escaparse de la casa para llevar a su hija al hospital porque Pérez no la dejaba; el hombre la llamó por teléfono y la amenazó: “Si no volvés en 10 minutos te mato”. El hombre había logrado apartar a Mónica de su familia de origen, y el contacto con ellos era mínimo.
Mónica se presentó a declarar recién en agosto de 2022, “porque había sido muy difícil contactarla”, explicó la fiscal a fin de graficar el contexto de violencia y sometimiento que habían generado los imputados. En ese testimonio, Mónica admitió ser trabajadora sexual pero manifestó que lo hacía de manera voluntaria y que ella disponía del dinero que ganaba en los pases. En cuanto a la situación de violencia refirió que Pérez había sido violento con ella pero que desde hacía algunos meses eso había cambiado.
La fiscal sostuvo que todas los testimonios colectados en la causa, de allegados a Mónica, de otras trabajadoras sexuales y de vecinos de la zona dieron cuenta de la violencia que Pérez ejercía sobre la mujer: que la veían golpeada, con los ojos negros, con moretones en los brazos y en las piernas, e incluso que presenciaron situaciones de agresiones perpetradas por Pérez sobre Mónica.
Los testigos también aportaron que Hugo Pérez seleccionó las paradas para Mónica, que la llevaba en moto hasta el lugar y que la iba a buscar; también agregaron que luego de cada pase sexual que concretaba la mujer, Pérez pasaba a colectar el dinero. Algunas testigos refirieron también que Perez le exigía un monto excesivo de recaudación, y que si no llegaba a esa suma, debía pedir dinero prestado para que no la golpeen.
Finalmente, Del Río Ayala sostuvo que cuando Hugo Pérez iba a prisión (tiene tres condenas, la última de 2019 por tentativa de homicidio calificado), el control sobre Mónica lo ejercían Mario y la madre de ellos, que fue detenida en las últimas horas y será llevada a audiencia en los próximos días.
Por último, la fiscal se refirió a los riesgos procesales presentes en la investigación; relató que cuando los peritos se presentaron en la casa de Mónica a levantar rastros tras la denuncia por el pedido de paradero, llamó la atención que el dormitorio de Mónica había sido limpiado profundamente, y que en el resto de la vivienda se encontraron rastros de sangre con luminol, “que no es llamativo ya que Mónica era permanentemente golpeada” explicó la fiscal.
En cuanto a la denuncia por el pedido de paradero radicada por Hugo, Del Río Ayala remarcó que el hombre mintió: dijo que la había visto por última vez el 4 de mayo a la noche, cuando Mónica salió de la casa y le dijo “ya vengo cuidame los chicos”; sin embargo, fue visto cerca de las 3 de la mañana del 5 de mayo maltratando a Mónica en la parada.
Pérez también dijo que Mónica era adicta y mala madre: “De ninguna manera Mónica era mala madre; la directora de la escuela donde van sus hijos sostuvo que es una madre presente y de ninguna manera se hubiera ido de la casa dejando a sus hijos”, remarcó la fiscal.
A su turno, la defensora intentó cuestionar la imputación de explotación sexual haciendo referencia a aquella declaración de Mónica brindada en agosto de 2022 y solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, el juez entendió que toda la evidencia ventilada por la Fiscalía contradice la declaración de Mónica, que da cuenta de su vulnerabilidad y sometimiento, y que la situación de explotación sexual se encuentra acreditada en la causa.
Silva encontró acreditados también el riesgo de fuga y de entorpecimiento probatorio, en especial por la declaración de mujeres vulnerables que trabajan en la calle y que, por lo tanto, se encuentran expuestas; además deben protegerse las declaraciones de los hijos de Mónica, todos menores. Por todo esto, más la pena en expectativa de efectivo cumplimiento, el juez dictó la prisión preventiva de los dos imputados.
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