El tribunal que condenó a un hombre de 65 años por el abuso sexual de dos de sus hijas menores valoró el pedido como una prueba del daño que generaron las agresiones.
El juicio por abuso sexual se realizó en los tribunales de Santa Fe. (Imagen ilustrativa)
El tribunal que condenó a Sergio Omar G. a diez años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante calificado de dos de sus hijas menores dio a conocer los fundamentos de la sentencia.
El tribunal valoró el reclamo de las menores de sustituir el apellido paterno como un factor para medir la extensión del daño causado por los abusos; el fallo considera que este deseo de las niñas demuestra el daño devastador que el abuso provocó en la personalidad e identidad de las menores.
El fallo lleva la firma de los jueces Octavio Silva, Martín Torres y Pablo Spekuljak, y repasa la prueba producida en el marco de un juicio oral realizado en los tribunales de Santa Fe.
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Los jueces analizaron las declaraciones de las niñas en Cámara Gesell, cómo ocurrió el develamiento de los abusos, y las secuelas presentes en ambas menores como indicadores de abusos sexuales.
El tribunal destacó los testimonios que las dos niñas brindaron en Cámara Gesell: los jueces destacaron que los relatos poseían coherencia lógica, homogeneidad contextual y ausencia de contradicciones.
El tribunal otorgó una valoración central y determinante al proceso de develamiento de los abusos, considerándolo un pilar de la acusación por su carácter genuino y la forma en que se produjo; el proceso comenzó de manera espontánea en abril de 2021, durante una sesión psicoterapéutica de una de las niñas que no estaba motivada inicialmente por denunciar abusos, sino por tratar trastornos de alimentación y conductas autolíticas. El tribunal destacó que el hecho de que el relato surgiera frente a un tercero neutral (su terapeuta) y a raíz de un tema ajeno refuerza su franqueza y fiabilidad.
El fallo distingue dos momentos clave en el develamiento de los abusos: la revelación inicial, cuando una de las niñas le confiesa a su terapeuta que su padre la tocaba entre los seis y nueve años; y luego la confirmación fraternal, cuando la madre indaga a la otra hermana, esta confirma los hechos y revela la existencia de un pacto de silencio previo entre ambas: "Habíamos quedado que no íbamos a contar".
Así, el tribunal fundó la validez del develamiento en tres puntos específicos: fue dirigido a un tercero (psicóloga) de forma casual; existía un marco de confidencia y secreto entre las hermanas que luego fue corroborado por ambas; y su carácter tardío fue considerado una característica usual en casos de abuso sexual intrafamiliar, debido a la inmadurez psicosexual de las niñas y la incomprensión inicial de lo que vivían.
Finalmente, el tribunal descartó la teoría de la defensa sobre una supuesta influencia de la madre. Se valoró el hecho de que la madre ni siquiera tuvo inicialmente la intención de denunciar, siendo la psicóloga quien cumplió con la obligación legal de formular la denuncia ante la pasividad materna. Esto demostró que no hubo un plan orquestado ni implantación de ideas por parte de la progenitora.
El tribunal identificó diversos indicadores y secuelas en las menores que, al ser analizados junto a los relatos, constituyeron pruebas sólidas de la victimización sexual infantil. Los magistrados destacaron una serie de señales conductuales que coincidieron con el periodo de los hechos:
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