Los fiscales Matías Broggi y Alejandra Del Río Ayala presentaron la acusación contra J.T., el docente de educación física imputado por varios presuntos hechos de abuso sexual a alumnos del jardín de infantes de la escuela Ceferino Namuncurá.
El hombre era docente en la escuela Ceferino Namuncurá y cuando se conoció el hecho hubo reclamos en la puerta
La acusación detalla los hechos endilgados a J.T., detenido desde octubre de 2021, la calificación legal y el pedido de pena de 25 años de prisión. Al docente se lo acusa de ser autor de cuatro casos de abuso sexual gravemente ultrajante y de un abuso sexual simple, agravados por ser encargado de la educación y de la guarda de los menores.
Además de los 25 años de prisión, los fiscales también solicitarán que J.T. sea inhabilitado de por vida como maestro de nivel inicial y que sea inscripto en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
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La causa
La investigación comenzó hace cuatro meses, cuando una mujer radicó una denuncia en la que daba cuenta que su hija había sido abusada sexualmente en la clase de gimnasia en el jardín. Esto generó conmoción en la comunidad educativa que se acercó a la puerta del establecimiento a reclamar explicaciones, e incluso intentaron prender fuego la vivienda del docente acusado.
El hombre fue detenido e imputado por el fiscal Matías Broggi, y el juez juez Gustavo Urdiales dictó la prisión preventiva el 11 de octubre. Desde entonces comenzó una discusión judicial sobre quién debía tomar las entrevistas en Cámaras Gesell de los menores, ya que el abogado defensor Marcos Barceló había propuesto una psicóloga que luego no pudo realizarlas por diferentes circunstancias personales.
Finalmente el 10 de enero se realizaron las entrevistas y fueron llevadas a cabo por las psicólogas del Ministerio Público de la Acusación. El 11 de febrero se presentó la acusación tras cuatro meses de investigación.
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La oficina de gestión judicial debe fijar fecha para realizar la audiencia preliminar en la que se adelantará la prueba a producirse en el juicio y se presentará la lista de testigos, tanto por parte de los acusadores como de la defensa del imputado.
La polémica por las Cámaras Gesell
Las entrevistas a los menores en Cámaras Gesell habían sido fijadas para el 28 de octubre, poco después de un mes de la detención del docente, sin embargo, el día anterior el defensor propuso que las entrevistas no las realicen las psicólogas del Ministerio Público de la Acusación o de la Agencia de Investigación Criminal, sino una profesional de Rosario, María Lucila Farray en una audiencia desarrollada ante el juez José Luis García Troiano en los tribunales santafesinos.
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Para sostener su pretensión Barceló sostuvo que Farray se desempeñó tomando entrevistas de Cámara Gesell en el MPA de Rosario entre 2014 y 2021, y que dio capacitaciones a profesionales de Santa Fe y Rosario. El defensor remarcó que Farray, al ser experta en psicología forense, “puede aportar una mirada distinta que puede evitar el 'sesgo confirmatorio'”.
A su turno, la fiscal Alejandra Del Río Ayala expresó que habitualmente son los profesionales del MPA y la AIC quienes tienen el deber de objetividad en la investigación y protección de las víctimas, a diferencia de la profesional propuesta por el defensor, al no ser parte de ninguna entidad estatal. En este sentido, insistió que la investigación está a cargo y es dirigida por el MPA y las medidas que pueden hacer los defensores son en tanto y en cuanto no entorpezcan las medidas del MPA.
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Al momento de resolver, el juez García Troiano remarcó que está fuera de discusión el profesionalismo con el que se llevan a cabo las entrevistas por parte de las psicólogas del MPA y de la AIC, y que siempre se respetan los protocolos dispuestos especialmente por Unicef. El magistrado se refirió a la Guía de Buenas Prácticas de Unicef y entendió que no existen elementos para no hacer lugar al pedido del defensor. García Troiano valoró la trayectoria de la profesional y sostuvo que las entrevistas debían ser realizadas por Farray.
Desde entonces la Fiscalía intentó que la resolución del juez sea revisada por la Cámara de Apelaciones, pero la camarista Marta Feijóo entendió que el planteo de la Fiscalía era inadmisible. El planteo de Barceló y la resolución de García Troiano abrieron la puerta a la discusión sobre quién debe tomar las entrevistas en Cámaras Gesell, ya que el Código Procesal establece que sea un equipo interdisciplinario independiente de la Fiscalía y la defensa; sin embargo, a más de 6 años de entrada en vigencia del sistema este equipo aún no fue conformado.
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