martes 17 de mayo de 2022
Policiales Cámara Gesell | abusos sexuales | Corte

Un equipo intermedio para hacer las Cámaras Gesell, la deuda pendiente del sistema acusatorio

El reciente caso del docente del jardín Ceferino Namuncurá sacó a la luz una problemática que existe desde la puesta en funcionamiento, en 2014, del Código Procesal Penal en la provincia: la creación de un equipo interdisciplinario que aborde casos de abuso infantil y que sea independiente de la Fiscalía y la defensa.

La causa que investiga desde hace menos de un mes a un docente de la escuela y jardín Ceferino Namuncurá del barrio Yapeyú no solo fue el inicio de una investigación en la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público de la Acusación, sino también visibilizó, ante la opinión pública, la forma en que se tramitan los casos de esa índole.

La prueba más reciente es la que sucedió el miércoles de esta semana, cuando en una audiencia en tribunales el juez penal José Luis García Troiano permitió que la psicóloga prepuesta por el abogado del docente, Marcos Barceló, sea quien entreviste en Cámara Gesell a las víctimas (en total tres) que tiene la causa que encabeza el fiscal Matías Broggi el cual imputó al profesor Juan Trigatti "abuso sexual gravemente ultrajante agravado porque, al momento de los ilícitos, era el encargado de la educación y de la guarda de las víctimas”.

La medida del juez sorprendió a la Fiscalía, ya que desde hace años las psicólogas del organismo acusatorio o de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), estuvieron a cargo, en muchas oportunidades, de tomar las declaraciones de los niños y niñas víctimas de abusos sexuales.

Sin embargo, esa metodología, que parecía un método naturalizado en el tratamiento de los casos de abuso infantil tuvo un quiebre a partir de la reciente resolución del juez García Troiano. Es que tal medida, más allá de que fue otorgada a la defensa, sacó a relucir la necesidad de que exista un organismo intermedio para el abordaje y análisis de los testimonios de los menores implicados en delitos sexuales. En otras palabras, un equipo que ponga un punto medio, un equilibrio entre partes. El peso necesario para hacer justicia.

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José Luis García Troiano, juez penal de primera instancia de tribunales.

José Luis García Troiano, juez penal de primera instancia de tribunales.

La creación de un organismo técnico, conformado por especialistas y que tenga total independencia del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio Público de la Defensa Pública, o de abogados particulares no es una utopía, sino que el mismo Código Procesal, que rige en la provincia desde el 10 de febrero del 2014, se refiere a tal situación.

Es que en el artículo 160, la norma es clara, ya que sostiene que cuando el caso involucre a un menor de edad se “acordará intervención a un equipo multidisciplinario, que aconsejará acerca de la forma de producción del mismo y actuará en él, emitiendo opinión acerca de su valoración”. En tal articulado, el Código aclara que en caso de “necesidad y urgencia” se deberá convocar a profesionales o personas de manifiesta idoneidad.

El artículo agregó además que será la Corte Suprema de Justicia quien establecerá la “conformación del equipo multidisciplinario y proveerá lo necesario para que los actos que tenga que intervenir un menor se desarrollen en ambientes adecuados conforme a los conocimientos técnicos disponibles al efecto”.

Si bien en la letra chica el Código ordena la conformación de un organismo técnico que dependerá de la Corte, la realidad muestra una situación diferente porque desde que entró en vigencia el sistema acusatorio la problemática sobre quién debe tomar las cámaras gesell nunca terminó zanjando.

En sus inicios, las entrevistas comenzaron a ser tomadas por especialistas de la Defensoría del Pueblo, pero por razones poco claras el organismo descentralizado dejó de tener participación en los casos de delitos sexuales. A partir de allí, el entonces gobierno provincial -de Miguel Lifschitz- creó en 2017 la Unidad Interdisciplinaria de Atención en Medidas de Prueba (Uiamp) en Niños, Niñas y Adolescentes, un organismo estatal que no dependía de ninguna de las partes involucradas en un caso penal.

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El caso del docente del Ceferino Namuncurá puso en tema de debate sobre quien debe realizar las entrevistas a menores víctimas de abuso sexual.

El caso del docente del Ceferino Namuncurá puso en tema de debate sobre quien debe realizar las entrevistas a menores víctimas de abuso sexual.

Tal organismo formó parte de la Subsecretaría de Asuntos Penales (del gobierno provincial) y estuvo conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en la materia (de la psicología y el derecho) pero con el paso del tiempo dejó de tener intervención en muchos de los casos de abusos sexuales infantiles. Hay quienes creen, en el fuero penal, que la cantidad de casos y la falta de personal hicieron que la unidad quede sin efecto.

En medio de esa situación y ante el retraso en la toma de entrevistas en Cámara Gesell a niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público de la Acusación conformó la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, que es conocida como “Gefas”, y en paralelo se creó también un equipo interdisciplinario para atender los casos tramitados en el área.

En lo que respecta al Servicio Público de la Defensa Penal, desde que entró en vigencia el sistema acusatorio, cada regional de la defensoría contó con una profesional de la psicología. Sin embargo, nunca tomó un rol protagónico en la toma de entrevistas a los menores, sino que ofició (en su mayoría de los casos) en la realización de análisis de las entrevistas en cámaras gesell y en otros abordajes integrales de casos.

Desde entonces, quien mayormente ha tenido participación en las entrevistas de las cámaras han sido integrantes tanto del equipo del Ministerio Público de la Acusación como así también del organismo auxiliar, como lo es actualmente la Agencia de Investigación Criminal (Expolicía de Investigaciones).

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En efecto, el trámite de los casos de delitos sexuales continuó por esa vía, pero sin la participación de un equipo intermedio que no esté vinculado a ninguna de las partes que forman parte de una Investigación Penal Preparatoria (IPP).

En este sentido, según fuentes de la Corte Suprema, la conformación de un equipo que dependa del máximo tribunal de justicia ha intentado realizarse por lo que existieron pedidos desde el 2017 al Poder Ejecutivo para que otorgue presupuesto. En esa línea, indicaron las fuentes consultadas por AIRE, nunca fue asignado ninguna partida para la creación de un organismo imparcial.

Por ejemplo, el 19 de diciembre del 2017, el entonces presidente de la Corte, Daniel Erbetta, emitió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la creación de una serie de cargos para poder conformar el equipo dispuesto en el artículo 106 del Código Procesal y el cual tiene previsto desempeñarse en las distintas regiones del Poder Judicial: Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario y Venado Tuerto.

A cinco años de aquel pedido, el equipo de profesionales dependiente de la Corte no fue creado por lo que terminó convirtiéndose en una de las deudas pendientes del actual sistema acusatorio.