Denuncian por mal desempeño a un equipo interdisciplinario del Poder Judicial por su intervención en un caso de abuso sexual infantil
La denuncia fue presentada por la abogada querellante que representa a dos hermanas que denunciaron a su padre por abuso sexual y que fueron entrevistadas por el Equipo.
La denuncia fue presentada a través del sistema online del MPA
Un juicio por abuso sexual infantil intrafamiliar que se realiza en los Tribunales de Santa Fe expuso el accionar de un Equipo Interdisciplinario del Poder Judicial que mereció críticas de la Fiscalía y de la parte querellante.
La abogada que representa en el proceso a las dos hermanas que denunciaron a su padre por abuso sexual, Carolina Walker Torres, presentó una denuncia penal a través del Sistema de denuncias online del MPA, por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes, entre otros.
En tanto, el veredicto del juicio contra Victor D. (el apellido se preserva por respeto a la identidad de las víctimas) se conocerá el jueves, y en los alegatos de clausura la querellante reclamó al tribunal conformado por los jueces Pablo Ruiz Steiger, Gustavo Urdiales y Leandro Lazzarini que tome medidas por el accionar del equipo, entre ellas, la intervención de la Corte Suprema de Justicia santafesina.
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La abogada querellante Carolina Walker presentó una denuncia penal contra las integrantes del Equipo Interdisciplinario del Poder Judicial
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Las claves de la denuncia penal contra el Equipo Interdisciplinario
La denuncia fue presentada este miércoles a través del sistema online, contra una licenciada en psicología, dos licenciadas en trabajo social, una psicopedagoga y una psiquiatra, que conformaron el equipo interdisciplinario que entrevistó a las hermanas en el marco de un proceso en el fuero de Familia.
Las profesionales realizaron un informe, que luego dos de ellas sostuvieron como testigos convocadas al juicio penal, en el que entendían que los hechos descriptos por las niñas no eran abusos sexuales porque eran prácticas naturalizadas en el núcleo familiar, y recomendaban la revinculación con el padre a pesar de que ambas niñas sostuvieron que no querían ver a su papá.
Este miércoles, las integrantes del equipo fueron denunciadas como coautoras de los delitos de prevaricato, denegación de justicia, violación de deberes de funcionario público, omisión de deberes de funcionario público, y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y por ser funcionario público.
El motivo de la denuncia es el Informe referido, realizado hace casi diez años, el 30 de mayo de 2016. En la presentación judicial, Walker Torres acusa a las profesionales de aplicar el síndrome de alienación parental (es decir, que estaban influenciadas por su madre), a pesar de las manifestaciones de las niñas sobre tocamientos en sus partes íntimas y besos en la boca cometidos por su padre.
En este informe, las profesionales concluyeron que los abusos sexuales eran "juegos", parte de la "dinámica relacional de la familia", o prácticas que "adquirieron la connotación de abuso sexual por parte de la madre de las menores luego de la separación de la pareja conyugal".
La intervención del Equipo Interdisciplinario es catalogada por la denunciante como un ejemplo paradigmático de cómo el propio sistema judicial reprodujo y legitimó violencias, invisibilizando el abuso sexual infantil y lesionando los derechos de las víctimas.
Afirma Walker Torres que la tergiversación de las declaraciones de las niñas (minimización de la violencia y negación del abuso, atribuyendo "agrado" o "naturalidad" a las conductas) constituye violencia institucional de género.
abuso sexual infantil
Finalmente, la denunciante señala que, debido a este informe, el caso demoró diez años y el agresor permaneció en libertad hasta enero de 2023, lo que implica que el informe encubrió al agresor durante una década.
En tanto, el informe en cuestión fue adjuntado como archivo anexo a la denuncia penal.
En abril de 2015, la mamá de dos niñas de 15 y 11 años radicó una denuncia contra su exmarido por abuso sexual. La denuncia recayó en la Fiscalía a cargo de Andrés Marchi, quien imputó al hombre por primera vez en diciembre de 2016 como autor de abuso sexual calificado por ser el progenitor de las víctimas.
Ese mismo año, las dos niñas declararon en Cámara Gesell y relataron los abusos a los que las sometía su padre; en esa primera imputación se atribuyó que los abusos fueron cometidos en reiteradas oportunidades desde que las niñas tenían edad preescolar y que eran "tocamientos que empezaban con cosquillas” y luego se convertían en tocamientos en las partes íntimas.
Desde entonces el hombre imputado transitó el proceso con alternativas a la prisión preventiva, entre las que se encontraba una medida de distancia dictada por el juez Eduardo Pocoví, que prohibía al hombre acercarse a menos de 200 metros, y también regía una medida de distancia dictada por el Tribunal de Familia; ambas medidas fueron incumplidas por el imputado, pero por el mismo temor que generaba, no fueron denunciadas hasta diciembre de 2022.
El 14 de diciembre de 2022 la entonces fiscal de la Unidad de Género, Celeste Minniti, convocó al hombre a audiencia imputativa en la Fiscalía para agravar la atribución: “abusos cometidos en contexto de violencia física y psicológica a la que sometió a la madre de las menores, de los cuales las niñas fueron testigos, compuesto por golpes, amenazas de que se iban a quedar en la calle, que su madre iba a ir presa; además haber golpeado a sus hijas ante la negativa de ellas de dejarse tocar o besar", relató Minniti, y agregó que el hombre les decía que tenía derecho a tocarlas porque era el padre, circunstancias que adulteraron el libre desarrollo de las niñas.
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La fiscal Jorgelina Moser Ferro también criticó el accionar del equipo interdisciplinario: "Les fue indiferente", sostuvo en los alegatos de clausura del juicio a Víctor D.
Así los hechos fueron recalificados con la tipificación que se concretó en la acusación: abuso sexual gravemente ultrajante calificado por ser cometido por ascendiente -dos hechos en concurso real -, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las victimas, por ser cometido por ascendiente y por mediar violencias -dos hechos en concurso real-.
Ese mismo día, el 14 de diciembre de 2022, la mamá de las ahora jóvenes, radicó una nueva denuncia contra el hombre que expuso los reiterados incumplimientos a las medidas de distancia: días atrás había sido el cumpleaños de la hija mayor, y la hija del medio recibió un mensaje de un número que no tenía agendado, pero por el apodo que utilizaba para saludarla se dio cuenta de que se trataba de su padre. Inmediatamente bloqueó el número y se radicó la denuncia.
La causa quedó a cargo de la fiscal Del Río Ayala y el 10 de enero de 2023 se imputaron los varios incumplimientos denunciados, como delito de incumplimiento a mandato judicial, y que fueron detallados en la acusación. Víctor D. quedó entonces en prisión preventiva por decisión del juez Jorge Patrizi, quien consideró acreditadas las imputaciones realizadas por la Fiscalía, y la calificación legal de los hechos, así como los riesgos procesales, en especial de entorpecimiento probatorio.
