El proyecto sobre las falsas denuncias reaviva una discusión que vuelve a enfrentar derechos, pruebas y acceso a la Justicia
La abogada penalista y especialista en Derecho de Familia Ana Paula Martorelli analizó el proyecto que impulsa el Senado para endurecer las penas por falsas denuncias y advirtió sobre los riesgos de desalentar presentaciones reales de violencia o abuso. “No alcanza con que una denuncia no se haya podido probar para decir que fue falsa”, sostuvo.
El Senado de la Nación reabrió un debate sensible y profundamente atravesado por discusiones jurídicas, sociales y de género: el endurecimiento de las penas para quienes realicen falsas denuncias.
El Senado de la Nación reabrió un debate sensible y profundamente atravesado por discusiones jurídicas, sociales y de género: el endurecimiento de las penas para quienes realicen falsas denuncias. El proyecto propone elevar las condenas por falso testimonio y falsas acusaciones, con penas que podrían ir de tres a diez años de prisión efectiva.
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Sin embargo, detrás de la discusión penal aparecen interrogantes más complejos: ¿puede una medida así desalentar denuncias reales? ¿Cómo se prueba la intención de mentir? ¿Qué pasa cuando un caso no logra acreditarse por falta de pruebas?
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En diálogo con AIRE, la abogada penalista y especialista en Derecho de Familia Ana Paula Martorelli analizó el alcance del proyecto, explicó cómo funciona hoy la legislación y advirtió sobre los riesgos de convertir el debate en una disputa ideológica que termine afectando a las víctimas reales.
“Cuando se habla de falsas denuncias se deslegitima el otro porcentaje, el 99,99%”, sostuvo al comienzo del diálogo en el programa Una Tarde A La Vez, marcando el eje central de una discusión que volvió a instalarse en el Congreso.
Qué se considera legalmente una falsa denuncia
Martorelli explicó que no toda denuncia que termina archivada puede considerarse falsa. Según detalló, el elemento clave es la intención con la que se realiza la acusación: “Es falso todo relato inventado sobre una situación que no pasó. Pero cuando lo llevamos al plano legal, lo que tenemos que investigar es la intención”, indicó.
Para ejemplificar, planteó el caso de un padre o una madre que denuncia un posible abuso tras escuchar el relato de un hijo. Aunque luego la investigación no logre comprobar el hecho, eso no convierte automáticamente la denuncia en falsa: “Si yo creo en el relato y denuncio convencida de que eso pudo haber pasado, no estoy haciendo una falsa denuncia”, aclaró.
En cambio, sostuvo que sí puede hablarse de falsa denuncia cuando existe una construcción deliberada para perjudicar a otra persona: “Ahí hay un relato armado, inventado, con intención de dañarte”.
Qué cambia con el proyecto que debate el Senado
Actualmente, el Código Penal ya contempla el delito de falso testimonio, con penas menores que van desde seis meses hasta tres años. El proyecto que se discute busca endurecer esas condenas y elevar el piso a tres años de prisión efectiva.
Sin embargo, Martorelli remarcó que la eventual aprobación no implicaría que cualquier denuncia desestimada derive automáticamente en una condena contra quien denunció: “Para que alguien sea condenado por falsa denuncia tiene que existir un segundo proceso judicial”, explicó.
Es decir: primero debe concluir la causa original —con un sobreseimiento o archivo— y recién después la persona denunciada puede iniciar otra causa para demostrar que existió una acusación deliberadamente falsa y con intención de perjudicar.
“Hay que probar el dolo, la intención de dañar. No alcanza con que una denuncia no se haya podido acreditar”, insistió.
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El temor a desalentar denuncias reales
Uno de los puntos más delicados del debate es el posible efecto que una ley más dura pueda tener sobre víctimas de violencia de género o abuso sexual, donde muchas veces las pruebas son difíciles de conseguir.
En cuanto a qué podría pasar con personas que no cuentan con recursos económicos suficientes o con acceso a una defensa sólida, Martorelli reconoció que el acceso desigual a la Justicia “es una realidad que pesa en balanzas injustas para todos los ciudadanos”, pero sostuvo que el proyecto no debería desalentar denuncias reales: “Si la situación pasó, hay que seguir denunciando”, afirmó.
Y agregó: “Que una causa se caiga por falta de pruebas no convierte automáticamente a quien denunció en autora de una falsa denuncia”.
La especialista remarcó que en delitos de abuso o violencia muchas veces existen dificultades probatorias, especialmente cuando los hechos ocurrieron años atrás o involucran menores: “Siempre puede faltar algo, puede haber pruebas débiles o contradictorias. Pero eso no significa que hubo intención de inventar”, señaló.
Estadísticas, polémica y discusión de fondo
Durante la entrevista también apareció el debate sobre las estadísticas. Según datos citados al aire del Observatorio de la Defensa de los Ministerios Públicos, entre 2023 y 2025 se analizaron 8,2 millones de denuncias y apenas el 0,09% correspondieron a falsas denuncias comprobadas.
Martorelli sostuvo que el problema no pasa por la cantidad sino por “el entramado” que, según afirmó, existe detrás de algunos casos donde las acusaciones son deliberadamente armadas: “En las denuncias falsas comprobadas muchas veces aparecen estructuras detrás: abogados, psicólogos o personas que orientan cómo construir esos relatos”, aseguró.
No obstante, también dejó en claro que endurecer penas no resuelve necesariamente el problema de fondo: “Aumentar castigos no cambia conductas por sí solo”, opinó.
Y planteó que muchas de estas situaciones aparecen en contextos de conflictos familiares o separaciones atravesadas por disputas de pareja y de crianza: “No hay que instalar miedo a denunciar”
Además, la abogada insistió en que el debate no debe terminar generando temor entre quienes atraviesan situaciones reales de violencia o abuso: “Las personas tienen que seguir denunciando y acompañando a quienes pasan estas situaciones”, sostuvo.
Para Martorelli, el riesgo está en transformar la discusión en una batalla ideológica que termine enfrentando posiciones sociales y políticas antes que resolviendo problemas concretos del sistema judicial: “No tengo por qué tener miedo a este proyecto si estoy denunciando algo que creo real”, concluyó.