D4: piden el archivo de la causa contra los dos exjefes de la policía acusados

La audiencia se desarrolló en la sala 2 del subsuelo de tribunales, ante la jueza Rosana Carrara, quien luego de escuchar los argumentos de las partes dio por concluida la audiencia y notificará su resolución por escrito. En el acto estuvieron presentes los dos acusados junto a sus abogados defensores: Pedro Fontanetto en representación de Grau y la defensora pública Virginia Balanda en representación de Odriozola; y los fiscales del caso, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández.

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Sobreseimiento o archivo

El primero en exponer fue el abogado defensor de Rafael Grau, Pedro Fontanetto, quien comparte la representación del expolicía con Miguel Angel Pierri. El letrado sostuvo que desde el rechazo de la acusación realizada por el juez Octavio Silva, el 4 de julio del 2020, no se realizó ninguna medida en la investigación, “hasta que solicitamos el archivo de las actuaciones entonces citaron a Grau a una nueva audiencia imputativa”, remarcó Fontaneto.

A continuación, el abogado expresó que esa nueva imputación “era la misma” que la imputación anterior “salvo algunos detalles”. Fontanetto citó la resolución de Silva frente a esta nueva imputación: “no sólo está carente de pruebas sino que no se avanzó en nada, a causa no se movió”, cuestionó.

“No pedimos el archivo para dilatar, para entorpecer… pedimos el archivo porque creemos que ya no hay más con qué continuar en esta causa, y que se han violado garantías constitucionales” expresó el letrado.

Finalmente, Fontanetto sostuvo que los ilícitos investigados fueron perpetrados sin conocimiento de los jefes: “no negamos que se haya defraudado al Estado, pero siempre se intentó dirigir la cuestión hacia Grau, y por eso lo terminaron llamando a Odriozola, porque no cerraba por ningún lado. Ni Grau ni Odriozola tuvieron nada que ver con lo que perpetró el último eslabón de la cadena, y son quienes firmaron los abreviados” (ver Los Condenados).

Al momento de replicar, Fontanetto remarcó que “presentaron la acusación días antes de esta audiencia de archivo, es casi una falta de respeto, hubieran esperado a ver qué se resuelve hoy”, cuestionó.

A su turno, la defensora pública Virginia Balanda, en representación de Omar Odriozola, adhirió a lo manifestado por Fontanetto y remarcó la trayectoria intachable de su defendido en la Policía de Santa Fe.

Balanda también citó la resolución de Silva, sobre la valoración de la prueba, “escasa y de bajo valor probatorio”, y agregó que “recién cuando se solicitó el archivo se acordaron que existía una acusación rechazada y citaron a una nueva audiencia imputativa que nada cambia de la anterior”.

La defensora pública sostuvo que se trata de una “persecución penal interminable, para no dejar que se caiga una causa que tiene más de política que de derecho”, y citó la resolución de Silva: “rechazó la acusación por ‘vicios sustanciales que vulneran el derecho de defensa’, vicios que no se subsanaron porque la nueva imputación es tan ambigua como la que ya fue rechazada”.

“Lejos de la prescripción”

El fiscal Ezequiel Hernández cuestionó la pretensión de los defensores: “solicitan un sobreseimiento que ya fue rechazado por Silva en la misma resolución que cita la defensa, cuestión que no fue apelada por los defensores, que es lo que hubiera correspondido, y no que vuelva a ser analizado por una jueza de la misma instancia”, recordó Hernández.

En cuanto al pedido de archivo de las actuaciones solicitado por las defensas, el fiscal sostuvo que la Fiscalía presentó la acusación el 23 de septiembre, “ya no podemos hipotetizar sobre la prueba, eso será discutido en la audiencia preliminar”, remarcó, y a continuación rechazó la acusación de los defensores en relación al nulo movimiento de la causa durante un año: “fueron reimputados y se presentó la nueva acusación”, explicó.

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Hernández recordó que la ley permite subsanar los defectos formales de las acusaciones, como los que fueron advertidos por el juez Silva en su resolución, y que “hay antecedentes de acusaciones rechazadas, subsanados los defectos y hoy los acusados están con condenas firmes. Y eso es lo que hemos hecho nosotros”.

Finalmente, sobre la “falta de respeto” que consideró el defensor con la presentación de la acusación días antes del desarrollo de la audiencia, Hernández expresó que “no tenemos modelos de acusaciones que firmamos y presentamos cuando nos conviene, es un escrito de 65 páginas que no se redacta de un día para el otro”.

Tras las exposiciones de las partes, la jueza Carrara dio por concluida la audiencia y pasó a resolución, cuestión que será notificada a las partes en el plazo de ley.

Los condenados

La causa cuenta con nueve personas condenadas a través de procedimientos abreviados

• Raúl Alberto Patriarca de 50 años, policía, exhabilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; pago de una reparación económica de 40.658,98 pesos (25 mil pesos en concepto de capital y 15.658,89 pesos en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.

• Ariel Hernán Villanueva de 44 años, policía y Contador Público Nacional, exhabilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 795.922 pesos (600 mil en concepto de capital y 195.922 en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 600 mil pesos a cinco entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.

• José María Leiva de 53 años, policía, exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 204.420,50 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 150 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA. Además de la condena por ser miembro de la asociación ilícita, coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública y autor de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

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• Facundo José Testi de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio “T-gráfica”, organizador de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo; pago de una reparación económica de 1.430.836,67 pesos (1 millón de capital y 430.836,67 de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 1 millón de pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.

• Rodrigo Exequiel Ruiz de 30 años, civil, dueño o responsable tributario del taller “Servicio Mecánico”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional.

• Maximiliano Edgardo Ambrosio de 38 años, civil, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a instituciones de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.

• Noelia Biscari de 40 años, civil, dueña o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA.

• Artemio Biscari de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA.

• Andrés Daniel Soto de 41 años, chapista, dueño o responsable tributario del taller “Los Hermanitos”, miembro de la asociación ilícita: condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. En este caso, la pena fue por integrar la banda criminal, por la defraudación a la administración pública y también por la autoría de los delitos de corrupción de menores agravada (por el vínculo y la guarda) en perjuicio de una niña menor de edad, y tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal.