Con chaleco y casco, así llegó Benavidez al Juzgado Federal el día que fue indagado.
Ignacio Alfonso Garrone, el abogado Yamil “Turco” Benavidez, el arbolito preso por haber montado una cueva financiera en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe, pidió este martes la excarcelación de su defendido que se encuentra privado de su libertad desde hace casi un mes.
Mediante un escrito de 40 páginas, el penalista santafesino solicitó al juez Aurelio Cuello Murúa (provisoriamente a cargo del Juzgado Federal N°2) que disponga el cese de la detención de Benavidez.
Propuso que el cambista fije domicilio en una vivienda del country Los Molinos o en su defecto en el departamento que alquiló (hasta 2026) en la torre II de Amarras Center y en donde funcionaba la cueva.
El pedido también contempló que Benavidez se presente cada 30 días en la secretaria Penal del Juzgado Federal para demostrar que está sujeto al proceso judicial y que tenga prohibido salir del país y acercarse o comunicarse con los testigos y peritos de la causa judicial que instruye el fiscal federal Walter Rodríguez.
Por último, ofreció una caución de $50.000.000 o en su defecto que disponga la prisión domiciliaria para el arbolito detenido el pasado 12 de septiembre en el marco de un allanamiento ejecutado por detectives de la AIC a raíz de un conflicto inmobiliario que se tramita en el Ministerio Público de la Acusación.
En ese procedimiento, Benavidez fue encontrado en el interior de un departamento de Amarras Center (Torre II – Piso 12) con $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; y 23.000 reales, una máquina de contar billetes, tres celulares y 39 tarjetas de débito a nombre de terceros.
El cambista de 40 años quedó a disposición de la Justicia federal y desde entonces permanece detenido en Rafaela a la espera de que resuelva su situación procesal tras ser imputado por intermediación financiera no autorizada, defraudaciones, falsificación y lavado de activos mediante maniobras realizadas entre septiembre del 2020 y el día que fue arrestado.
Para pedir la excarcelación, la defensa de Benavidez planteó que el arbolito tiene arraigo familiar y domiciliario, ya que si bien no posee una propiedad a su nombre, la Justicia acreditó que al momento de su detención residía en el country Los Molinos junto a su pareja, María Laura Miassi, también imputada en la causa.
Alfonso Garrone señaló además que su cliente tiene raíces laborales a partir de que siempre mantuvo un trabajo. Como, por ejemplo, en la Municipalidad de Santa Fe, en donde se desempeñó en el área de Control y Convivencia Ciudadana desde el 2011 hasta el 2013.
Además, cumplió funciones de coordinador de gabinete hasta el 2019 y se desempeñó en octubre, noviembre y diciembre del año 2021 como prestador de servicios en el Concejo Municipal, y desde enero de 2022 a marzo del 2023 como asistente técnico nivel II del legislativo local.
El defensor también sostuvo que no existe el riesgo procesal de entorpecimiento probatorio, ya que hasta la fecha no se registraron en la causa amenazas u hostigamientos a testigos o peritos que declararon o prestaron colaboración en la causa.
“No se observa a la fecha forma alguna en que el imputado pueda fugarse o entorpecer la investigación”, consideró el letrado santafesino.
El penalista, por último, cuestionó la decisión de que Carlos Cuartucci, el socio de Benavidez en una sociedad que crearon juntos, fue citado a indagatoria en libertad y su cliente aún permanezca tras las rejas.
“¿De qué forma puede concebirse que el Sr. Quartucci sea citado en libertad por entender que no existen riesgos concretos -con las mismas maniobras atribuidas- y sobre el Sr. Benavidez pueda decirse lo contrario? Repárese que en la indagatoria se le atribuyeron los hechos vinculados a las tarjetas de débito, al lavado de activos, falsificación de monedas e intermediación financiera”, analizó Alfonso Garrone.
En el escrito presentado en el Juzgado, el abogado de Benavidez cuestionó los cargos atribuidos por el fiscal Rodríguez y consideró que no existió el delito de defraudación al detectarse que el cambista tenía en su poder 39 tarjetas de débito a nombre de terceros, mucho de los cuales no pudieron ser localizados por la policía y otros se enteraron cuando el caso salió a la luz.
“La posesión y los movimientos en las cuentas no han generado perjuicio alguno en los titulares, en el Banco Santander y en los comercios, debiendo descartarse la aplicación de esta figura”, sostuvo el letrado. “No podemos sindicarlo con el grado de probabilidad que requiere esta instancia como autor del ardid y engaño que inicia la modalidad defraudatoria”, agregó.
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En cuanto a la falsificación que también le imputaron, el abogado rechazó esa atribución realizada por la Fiscalía y Juzgado en la indagatoria, ya que las tarjetas que fueron halladas eran originales. “Nos encontramos frente a tarjetas de carácter original”, justificó Alfonso Garrone.
Mientras que sobre el presunto lavado de activos (agravado por participar de la función pública), el abogado consideró que no pudo ser acreditado ya que el dinero en efectivo secuestrado en su poder se encontraba potencialmente destinado a ser aplicado a operaciones del mismo tenor.
“No existe una intención de darle apariencia de licitud a las operaciones de intermediación financiera, sino que lo realizado forma parte del mismo delito”, concluyó el abogado.
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