El debate surge a partir de que una imputada por lavado de activos solicitó la inhibición del fuero federal y que las actuaciones pasen al MPA. Inicialmente, una jueza rechazó el planteo, pero ahora un camarista declaró invalida esa resolución.
El hallazgo de la cueva se dio el 12 de septiembre tras un procedimiento de la Justicia provincial.
Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe volvió a poner en discusión si la Justicia provincial tiene competencia en la causa que investiga la cueva financiera que hasta 2023 funcionaba en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe.
La controversia judicial surge a partir de que en diciembre pasado la contadora María Laura Miassi, procesada por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, solicitó ante una jueza de tribunales la inhibición de la Justicia federal y que el caso pase al fuero provincial. Aquel pedido no tuvo aval ya que la jueza Rosana Carrara lo rechazó y confirmó la competencia de la Justicia federal en la causa.
Sin embargo, la resolución fue apelada ante el juez camarista Sebastián Creus y este magistrado declaró invalido el fallo de su par de primera instancia al considerar que los fundamentos se dieron en “tres párrafos escuetos” que contenían “inexactides evidentes”.
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En otras palabras, el camarista sostuvo que la jueza Carrara no analizó en profundidad si realmente los hechos delictivos que se investigan en la causa, principalmente lavado de activos e intermediación financiera, afectan de lleno los intereses nacionales que son necesarios para que un caso se investigue en la Justicia federal.
“Todos los fundamentos escasamente expresados en la resolución impugnada, resultan carentes de sentido para la cuestión compleja que debía y, por ello, no se satisface con suficiencia, la condición”, destacó el juez en la resolución a la que tuvo acceso AIRE.
Ante el reciente fallo de Creus, el planteo de inhibición solicitado por la defensa de la contadora Miassi deberá ser asignado a otro juez de primera instancia y este deberá establecer si el caso amerita que pase a la Justicia provincial o no.
Actualmente, es tramitado en el Juzgado Federal N°2 y se encuentran procesados la contadora María Laura Miassi (exdirectora provincial de Crédito Público durante la gestión de Omar Perotti); su pareja, el exasesor del Concejo Municipal, Yamil “Turco” Benavidez; su socio en la firma La Resistencia Srl, Carlos Raúl Quartucci; y los sindicados colaboradores de la cueva, Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo.
De los cinco, solo Benavidez se encuentra en prisión preventiva tras haber sido detenido el 12 de septiembre del 2023 cuando fue descubierta la cueva financiera en un departamento de la torre II del Complejo Amarras Center de la zona del Puerto de Santa Fe.
Aquel día, policías de la entonces Agencia de Investigación Criminal, en el marco de una causa por retención de bienes que se tramita en el Ministerio Público de la Acusación, allanaron un departamento del piso 12. El procedimiento tuvo por objetivo recuperar una serie de bienes que le pertenecieron a un inquilino de nacionalidad de chilena y que habían sido retenidos por la propietaria del inmueble ante la falta de pago del alquiler.
Sin embargo, al entrar al inmueble los detectives encontraron a Benavidez dentro y a su vez hallaron una mesa con millones de pesos, miles de dólares, euros y reales y 39 tarjetas de débito del banco Santander, entre otros elementos.
El hallazgo fue reportado a la Fiscalía Federal N°2, que se encontraba de turno en ese entonces, y derivó en la apertura de una causa judicial que quedó a cargo del fiscal Walter Rodríguez y que como primera medida solicitó la detención de Benavidez y su posterior indagatoria en el Juzgado Federal.
En la causa, Benavidez fue imputado de haber realizado entre el 20 de septiembre del 2020 y el pasado 12 de septiembre –cuando se descubrió la “cueva”– maniobras de engaño para conseguir datos personales y así crear cuentas bancarias a nombre de terceros –sin que estos lo sepan– para poder triangular grandes flujos de dinero.
También fue acusado de realizar, bajo el nombre “Juan García”, intermediación financiera sin la autorización del Banco Central (mediante la venta y compra de dólares, euros y otras monedas extranjeras) junto a Adrián Manonellas, el cual usaba el alias “Raúl Santoto” en la aplicación de WhatsApp, y Juan Emilio Gastaldo, que operaba con la identidad de “Juan Emilio” en dicha aplicación.
Quartucci, por su parte, fue vinculado a la causa por ser socio del exasesor del Concejo en la firma “Servicios La Resistencia”, creada en noviembre del 2022, y mediante la cual, consideraron desde la Fiscalía Federal, Benavidez canalizó ingresos provenientes de las actividades ilícitas.
Miassi, por último, fue procesada, por intermediación financiera y lavado de activos, ya que fue acusada de desplegar distintas tareas ligadas al funcionamiento de la cueva financiera que movía millonarias sumas de dinero en pesos, dólares y euros, entre otras monedas.
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