Ignacio Alfonso Garrone, abogado defensor de Benavídez, había pedido la nulidad de todo el proceso con el argumento de que el allanamiento que dio inicio a la causa era "nulo". La Justicia ratificó lo actuado y, de esa manera, la causa sigue adelante y el "arbolito" procesado quedó a un paso de ir a juicio.
En septiembre de 2023, el abogado de Benavidez había pedido la nulidad del allanamiento que ejecutó la Justicia provincial en el departamento del Puerto al sostener que: se invadió ilegítimamente la esfera de privacidad de su defendido al emitir la orden en búsqueda de elementos de la titular de la propiedad, cuando de la investigación se tenían datos de que la misma había alquilado dicho departamento; existe una investigación de tiempo prolongado donde se acudió a instancias de mediación, careciendo de urgencia y razonabilidad la medida dispuesta; y por último, no existía un ilícito penal (injusto) que permitiera avanzar con la medida.
Aquel allanamiento fue tramitado por el fiscal Arturo Haidar que solicitó al juez José Luis García Troiano, poder ingresar al inmueble para recuperar bienes (dos televisores y una batidora) que eran propiedad de un chileno que alquiló el inmueble y que, ante la falta de pago, la propietaria le retuvo sus bienes y alquiló nuevamente el departamento a Benavidez por medio de una inmobiliaria.
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Ignacio Alfonso Garrone, abogado defensor de Yamil Benavídez.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
“Previo a disponer la orden de allanamiento se debe analizar la existencia de un conflicto de carácter penal (injusto) que permita habilitar la medida, observándose de la denuncia realizada un conflicto de “carácter civil y locativo” que excede el ámbito de la justicia penal”, consideró Alfonso Garrone.
“La ausencia de elementos probatorios que respalden la orden de allanamiento; la afectación de la expectativa de privacidad de un tercero ajeno a la orden (por el cual se tenía conocimiento que alquilaba el inmueble); la ausencia de razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y la presencia de un conflicto de carácter civil ajeno al derecho penal tornan inválida la orden de allanamiento al carecer de “motivos suficientes” para disponerla”, resaltó en aquel momento el abogado defensor.
Paso a paso, la causa por la cueva financiera del Puerto
Yamil Benavídez está procesado desde el 12 de octubre de 2023 por intermediación financiera no autorizada, defraudaciones, falsificación y lavado de activos.
Según determinó en aquel momento la Justicia, Benavídez, bajo el nombre “Juan García”, realizó intermediación financiera sin la autorización del Banco Central (mediante la venta y compra de dólares, euros y otras monedas extranjeras) junto a Adrián Manonellas, el cual usaba el alias “Raúl Santoto” en la aplicación de WhatsApp, y Juan Emilio Gastaldo, que operaba con la identidad de “Juan Emilio” en dicha aplicación.
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Las maniobras se llevaron a cabo no solo en el departamento del Complejo Amarras, ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe, sino también en un departamento de Primera Junta 2507 (en el microcentro santafesino) y eventualmente en otro inmueble de 25 de Mayo al 3300, en el centro de la ciudad de Santa Fe.
Para la Justicia, Benavidez blanqueó de manera habitual dinero proveniente de actividades delictivas, ingresándolos al sistema bancario –mediante depósitos en efectivo o transferencias– en las cuentas fantasmas que creó mediante los datos robados a 39 personas oriundas de distintos barrios de Santa Fe y Santo Tomé.
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La computadora secuestrada en el departamento que alquiló el cuevero en el complejo Amarras Center.
Las tarjetas sorprendieron a los investigadores y fueron secuestradas en el marco de la causa que se tramita en la Fiscalía Federal N°2.
De hecho, según estableció la causa, el cambista ingresó el dinero para luego efectuar su conversión en bonos, liquidarlos y extraer dólares billetes, en gran parte, para la compra de Dólar MEP.
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Junto al cambista, también fue procesada su entonces pareja, María Laura Miassi, la contadora que al momento de salir el caso a la luz se desempeñaba como Directora Provincial de Crédito Público de la gestión de Walter Agosto en el Ministerio de Economía de Santa Fe.
La misma fue acusada de ser la “socia” de las actividades clandestinas que la Justicia le descubrió a Benavidez. Según la imputación, Miassi fue quien realizó distintas tareas: registración de cada operación, control de stock de billetes, cálculo de la ganancia final.
