Un tribunal de la Cámara de Apelación penal de Santa Fe, integrado por Enrique Álvarez, Marta Feijóo y Bruni Netri, confirmó la sentencia del juicio de un hombre de 62 años que abusó sexualmente de un menor de edad, nieto de su pareja, en el año 2015.
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La resolución, que fue dictada el 8 de febrero, estuvo de acuerdo con el fallo de emitido por los jueces de primera instancia, quienes sostuvieron condenar a diez años de prisión con cumplimiento efectivo a Oscar Guillermo Mascheroni como autor del abuso gravemente ultrajante por la guarda, pero redujeron la pena dos años.
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La reducción de la condena se dio porque consideraron que, si bien el hecho ocurrió cuando el niño estaba bajo el cuidado del imputado y en ausencia de su abuela, "la guarda" no es sólo eso, también se consideran el cumplimiento de las necesidades básicas. En cuanto a la autoría, los tres jueces sostuvieron que Mascheroni es culpable. Cabe destacar que el procesado se encontró beneficiado por la ley más benigna, es decir, la ley que estaba vigente al momento que se cometió el delito y no al momento que se emitió el fallo.
El abuso fue cometido el lunes 31 de agosto de 2015 en la vivienda que compartían Oscar Mascheroni, su pareja y la víctima. Al respecto, según develó la fiscal, Alejandra Del Río Ayala, el hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana y provocó lesiones en la víctima. Al día siguiente, el niño contó lo sucedido y su mamá radicó la denuncia que permitió el inicio de la investigación. Tras los exámenes médicos pertinentes y la realización de la Cámara Gesell se dio inicio a la apertura del juicio oral y público.
Previo a la emisión del fallo, la fiscalía apeló y pidió cambiar la calificación del delito a "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda", por lo que se exigía una pena mayor. También reclamó que el imputado quede bajo prisión preventiva y que se sancione al psicólogo, propuesto por Mascheroni por haber mentido en el desarrollo de la Cámara Gesell para beneficiarlo.
Sin embargo, la defensa apeló la pretensión de la fiscal, ya que sostuvo que jamás existió el peligro de fuga y por lo tanto, el acusado podía permanecer en libertad durante el proceso; por otro lado, mantuvo la postura de que sancionar al psicólogo sería vulnerar el derecho a la defensa.
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