En términos políticos, lo que ocurrió esta semana en Rosario fue un intento de desestabilización de un gobierno que asumió hace tres meses, como el de Maximiliano Pullaro, a través de actos terroristas que buscaron generar un estado de pánico en la población.
La decisión del gobierno provincial de reagrupar los presos de alto perfil del penal de Piñero, donde están alojados los cuadros medios de las bandas más importantes, derivó en una serie de ataques y balaceras que tuvieron como víctimas a trabajadores inocentes.
En la gestión de Pullaro creen que se trató de actos terroristas. A pesar de las tensiones con Bullrich, ambos funcionarios convocaron a un comité de crisis.
Lo inédito de esta maniobra es quién está detrás: por ahora es un fantasma corporizado en el crimen organizado, pero que con el correr de las investigaciones podrá ser identificado, aunque no hay muchos misterios.
Durante las últimas horas se produjeron 20 detenciones y allanamientos que podrían aportar indicios concretos. Según fuentes judiciales, entre los aprehendidos estaría el autor material. El misterio a develar es quién pensó estas maniobras, y si tuvieron apoyo de un sector de la policía.
Desde hace más de una década, Rosario viene siendo el escenario de una violencia que se expresa cada vez con mayor crueldad, en el que la muerte y el terror se usan como un lenguaje perverso que no tiene límites. El gobierno de Pullaro está convencido que “no dará un paso atrás” y que en el horizonte no hay posibilidad de sentarse a negociar con la mafia.
En 2022, en Colombia, el Cartel del Golfo decretó una especie de paro narco. El grupo criminal, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), anunció que durante cuatro días nadie podía moverse de sus casas ni abrir los negocios ni empresas en el Valle del Cauca.
La medida, inédita en el país, la tomó este grupo narco luego de la extradición del líder narco Dairo Antonio Úsuga, más conocido como Otoniel. Durante esos días, hubo seis homicidios y unos 200 autos y camiones atacados, muchos de ellos incendiados con bombas molotov, en las rutas. El objetivo de esta medida fue provocar un impacto económico al gobierno.
El jueves Rosario quedó paralizada, sin transporte público, luego de los dos crímenes de los taxistas y el ataque al chofer de la línea K, que se encuentra en grave estado. El objetivo fue colapsar la ciudad, a través de acciones violentas. Y lo lograron. Porque no sólo no funcionaban los servicios, sino porque la gente absorbió el impacto de lo que había pasado.
Esta situación quedó al descubierto una semana después de que tanto el gobierno provincial como la ministra Patricia Bullrich se jactaran de la baja de homicidios en febrero. Seis asesinatos en 2024 contra 33 del año pasado, era la ecuación.
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El viernes Pullaro y Bullrich acordaron convocar a un comité de crisis, con el aval legal de la ley de seguridad interior. Es una medida extraordinaria para un momento de extrema tensión.
“En virtud los hechos de público y notorio, ocurridos en los últimos días en Rosario, en los que ha quedado evidenciada la escalada de violencia que están demostrando las bandas narcoterroristas, en su afán de mantener un poder que se está desarticulando gracias a las políticas de Estado que se han venido aplicando, resulta necesario y urgente redoblar los esfuerzos coordinados entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Fe a fin de restablecer la seguridad interior en la provincia”, explicaron desde la cartera que conduce por Bullrich.
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La participación de las Fuerzas Armadas no será con miembros del Ejército desplegados en las calles, sino con el aporte de vehículos a Gendarmería, una fuerza que tiene un déficit de patrulleros muy profunda. Bullrich era partidaria de que fueran desplazados soldados del Ejército, pero en el Ministerio de Defensa rechazaron esa idea por la resistencia interna en las fuerzas armadas.
El gobierno decidió crear un comité de crisis, como prevé la ley de seguridad interior, que estará encabezado por Bullrich y Pullaro y estará integrado por los titulares de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El plan prevé, según señalaron a AIRE fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, el arribo a Rosario de efectivos de Gendarmería que están en otras provincias, que tendrán el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.
Esto implicará, según puntualizaron fuentes del gobierno de Santa Fe, que el Ejército aportará unos 150 móviles para patrullaje de los efectivos federales. Gendarmería tiene actualmente en su poder pocos vehículos para intervenir en este tipo de operaciones, que serán suplidos con los móviles del Ejército.
La preocupación del gobierno apunta a que esta serie de ataques ocurridos en las últimas horas, que catalogan como “terrorismo urbano”, fueron orquestados con una mayor planificación y sofisticación que los atentados y amenazas que se suceden desde el 12 de diciembre, cuando Pullaro decidió reagrupar los presos de alto perfil del penal de Piñero, donde están alojados los cuadros medios de las bandas más importantes.
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La mirada del gobierno es que los asesinatos de los dos taxistas y ataque al chofer de ómnibus de la línea K, que ocurrió cerca de las 19 del jueves, buscaron paralizar la ciudad, al generar un estado de conmoción que llevó a que los centros de salud de la ciudad cerraran sus puertas este viernes ante el temor a sufrir atentados, algo que ya ocurrió hace unos meses.
En medio de esta situación, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccocioni, adelantó que se tomarán medidas "para restablecer la paz social” en Rosario, tras la ola de homicidios y balaceras que se registraron en los últimos días.
"Tenemos que ganar mucha más presencia policial en la calle, así que se va a volcar efectivos de otras secciones", indicó el funcionario santafesino, y remarcó que “va a haber un refuerzo de fuerzas federales”.
“Vamos a hacer todo lo que se pueda hacer para recuperar el control de la calle para los santafesinos”, afirmó Cococcioni, al tiempo que aseguró que “el gobierno de Santa Fe y el nacional están y van a hacer todo lo que haya que hacer para restablecer la paz social. Esto también tenemos que decirlo: se va a hacer todo lo que haya que hacer en el marco de una decisión política de no negociar con las mafias. Nosotros no vamos a sentarnos con la ranchada a negociar nada”, apuntó.
La apuesta, según describieron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, es llevar adelante operativos de saturación con agentes de Gendarmería Nacional. No estaba claro aún el número de uniformados que serán enviados a Rosario, pero lo que no quiere Bullrich -según advirtió- es que se resientan los controles fronterizos.
La ministra de Seguridad de la Nación le va a pedir al gobernador Pullaro, según adelantó, que realice “cambios de fondo en la Policía de Santa Fe”, que -de acuerdo a su visión- está afectada por problemas de corrupción y connivencia con el delito “muy serios”.
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En torno a la ministra, señalaron que los gendarmes que hoy están operando en cuatro barrios de Rosario tienen dificultades de operar con los efectivos policiales, porque muchas veces la información que se comparte termina en manos equivocadas.
Es una desconfianza eterna que existe entre las dos fuerzas desde que en 2014 arribaron por primera vez, de la mano de Sergio Berni, entonces secretario de Seguridad, 3400 gendarmes para intentar “pacificar” una ciudad que desde ese momento vive en una crisis permanente de una violencia que supura de los grupos narco locales.
Desde el gobierno de Pullaro también advierten cuestionamientos hacia el plan Bandera, que impulsa el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque hay una menor cantidad de agentes de Gendarmería que años anteriores.
La pelea política parece haberse colado en un problema de seguridad que tiene a una ciudad como rehén, después de los crímenes y atentados que paralizaron Rosario este viernes.
“El gobierno de Santa Fe tiene que tener una clara intención de limpiar elementos oscuros dentro de la policía”, afirmaron en el Ministerio de Seguridad, que plantearon como un nuevo problema para el futuro cercano que los agentes provinciales están abocados ahora a causas de narcomenudeo, algo que se encaró sin constituir una fuerza especializada.
La mirada de Bullrich es casi la misma a la que expuso al entonces gobernador Miguel Lifschitz en 2016, después de las multitudinarias manifestaciones bajo el lema “Rosario sangra”.
En esa oportunidad, la entonces ministra propuso al presidente Mauricio Macri intervenir la policía de Santa Fe. Esta idea no prosperó por la resistencia que expuso Lifschitz, y por las dudas que tenía Macri.
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