En menos de 48 horas, en Rosario mataron a dos taxistas, balearon a un chofer que se encuentra gravemente herido, quemaron un taxi y dispararon contra una comisaría. Hace una semana, tirotearon dos colectivos llenos de policías. Por qué desde la política se deben replantear estrategias.
Un taxi incendiado y una comisaría baleada. Horas antes, asesinaron a dos taxistas e hirieron de gravedad a un chofer. Las mafias llevan adelante una guerra abierta en la ciudad de Rosario.
No es la primera vez que atacan. Hace apenas una semana, tirotearon dos ómnibus que trasladaban policías y personal penitenciario. El sábado 2 de diciembre de 2023, el colectivero César Luis Roldán fue acribillado mientras manejaba un coche de la línea 116.
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Los últimos golpes están plagados de mensajes que deben ser desentrañados: dejaron zapatillas tiradas en las escenas de los crímenes de los dos taxistas, utilizaron la misma arma y balas pertenecientes a la Policía de Santa Fe, uno de los ataques se produjo cerca del domicilio particular del jefe de la fuerza.
Estos atentados se dieron poco después de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, convocaran a una conferencia de prensa para destacar la reducción en la cantidad de homicidios en Rosario durante los últimos dos meses.
Los éxitos en materia de inseguridad jamás se celebran, porque nadie sabe en qué momento se producirá el próximo golpe. Mucho menos se anuncian en soledad -durante la conferencia no hubo ningún representante de la Provincia de Santa Fe-, cuando se supone que la guerra contra las mafias se lleva adelante a través de un comando conjunto entre fuerzas federales y efectivos locales.
Para los narcos, nada mejor que observar cómo sus enemigos -en este caso los representantes del Estado- anuncian supuestos logros de manera aislada. Con demasiada frecuencia, la política termina encegueciendo a sus protagonistas. Con demasiada frecuencia, les cuesta interpretar qué es lo que esperan los ciudadanos de sus funcionarios.
Los ataques mafiosos también se dieron luego de que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe difundiera fuertes imágenes sobre cómo se endurecieron las requisas y controles en las cárceles de la provincia, sobre todo con los presos más peligrosos denominados "de alto perfil".
Esas fotos se viralizaron rápidamente. Por un momento, los medios nacionales parecieron dejar de lado el reality show sobre qué tuitea Javier Milei, cuáles son las internas dentro del gabinete o de qué manera transita su relación sentimental con Fátima Flores.
Las imágenes de la cárcel de Piñero, provincia de Santa Fe, fueron casi un calco de las fotografías que recorren el mundo y reflejan de qué manera el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lleva adelante su política carcelaria con los integrantes de maras y pandillas que sembraron el terror en ese país durante demasiados años.
El problema es que, mientras con estas fotos el Estado santafesino se esfuerza por mostrar cómo controla las cárceles; con estos ataques las mafias demuestran que, si se lo proponen, están en condiciones de controlar las calles.
Dentro de las cárceles conviven delincuentes y personal especialmente entrenado para custodiarlos. Pero en las calles hay ciudadanos comunes, trabajadores, niños, hombres y mujeres aterrados ante cada ataque que devela el grado de indefensión al que se exponen.
No solo existen obvias diferencias en las características de ambos escenarios -las cárceles y las calles-; sino que mientras el Estado debe perseguir a los delincuentes dentro del marco de la ley, los criminales aplican sus propias reglas, matan a inocentes y terminan implantando el terror entre los ciudadanos.
El miedo de los inocentes empodera a los delincuentes. Así funciona la lógica del terrorismo. Por eso, cada paso, cada medida, cada decisión que se tome desde el Estado, debe ser responsablemente evaluada.
Nadie desea un trato indulgente con estos asesinos dentro de las cárceles. Todo lo contrario, ya que con las mafias no se negocia jamás. Sin embargo, quizá sea el momento de analizar de qué manera se comunica lo que sucede en los penales de la provincia. Si por cada foto que se difunde, uno o más inocentes mueren, habrá que pensar en nuevas estrategias.
La situación sería muy diferente si el Estado verdaderamente controlara las calles de la ciudad de Rosario -algo que sí parecen haber logrado en El Salvador de Bukele-. Sin embargo, los hechos demuestran que se trata de un objetivo lejano. Al menos, por el momento.
Las evidencias de esta situación resultan abrumadoras. Solo así se explica que, lejos de amedrentarse, los delincuentes balean comisarías y colectivos llenos de policías. Por momentos, da la sensación de que el número de muertos no es mayor, simplemente porque los asesinos no se lo proponen.
El gobernador Maximiliano Pullaro decidió no asistir este viernes al trascendente encuentro de gobernadores con funcionarios del gobierno nacional, para permanecer en Rosario y seguir personalmente el devenir de los acontecimientos en un fin de semana incierto.
Parece una buena decisión. No solo porque su ausencia llamará la atención del resto de un país que sigue sin comprender lo que sucede en Rosario; sino porque mientras en Buenos Aires se hablará de política y economía, en el territorio de Santa Fe están en juego las vidas de las personas inocentes.
Lo sucedido durante las últimas horas en la ciudad de Rosario deja una serie de dolorosas lecciones a quienes tienen la responsabilidad de enfrentar a las mafias:
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