Ese audio interceptado a “Guille”, en el que le hace una especie de tutorial a un familiar sobre cómo camuflar un teléfono celular para ingresarlo al penal federal de Marcos Paz, muestra cómo operaban estas bandas dentro de las cárceles.
La anécdota da cuenta de la facilidad que tenían los jefes narcos para introducir smartphones en las prisiones federales donde están presos y la falta de controles que había en los establecimientos penitenciarios. Lo más trágico es que con esos teléfonos los líderes criminales, como Cantero, Esteban Alvarado y otros más, ordenaron crímenes, ataques a edificios judiciales y hasta atentados contra magistrados.
El origen de la causa
Estas falencias y complicidades fueron planteadas en dos dictámenes y otros documentos internos por los fiscales federales, entre ellos, el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, que fueron presentados en la justicia durante la gestión de María Laura Garrigós, que fue interventora del Servicio Penitenciario Federal durante el gobierno de Alberto Fernández, periodo en el cual se produjeron estas supuestas anomalías en los penales federales, que le dieron la posibilidad a los jefes narcos de seguir operando con la ayuda de los teléfonos, con los que tenían contacto con los otros integrantes de las organizaciones y sus familiares.
La indagatoria a Garrigós y otros dos exfuncionarios estaba prevista para este lunes a las 9 de la mañana, pero la exinterventora se presentó en el Juzgado N°4, que antes estaba en manos del exjuez Marcelo Bailaque y está siendo subrogado por Carlos Vera Barros. Según fuentes judiciales, Garrigós pidió una postergación de la indagatoria y antes tomar contacto en la causa en la que está involucrada por incumplimiento de deberes de funcionaria pública, entre otros delitos.
Esta causa se inició en marzo de 2022 y fue a partir de un desprendimiento de otra en la que estaba imputado “Guille” Cantero. Los fiscales federales empezaron a investigar que los “beneficios” con los que contaba el líder de Los Monos en el penal de Marcos Paz podían ser consecuencia de “una complicidad estructural” dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
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Se juntaron los antecedentes que existían en torno a estas sospechas y luego la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) hizo una investigación con documentación secuestrada y el manejo de los inhibidores de señal que configuraron la posibilidad de que existieran irregularidades en ese momento en el penal federal.
“Mediante el uso de dispositivos de telefonía celular u otros medios de comunicación ingresados en violación a la normativa penitenciaria, condenados o imputados de graves delitos de criminalidad compleja, lograron planificar y realizar maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban”, señala el dictamen que sirvió de base para pedir la indagatoria de la exinterventora del SPF, que fue designada desde junio de 2020 hasta septiembre de 2021.
Por qué investigan a Garrigós
Garrigós, ex jueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, fue nombrada por Alberto Fernández en medio del escándalo por las supuestas tareas de inteligencia contra exfuncionarios presos que habían pertenecido al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La hipótesis que manejan los fiscales es que Garrigós “omitió poner en marcha un plan de acción para ejecutar lo dispuesto por el artículo 160 de la ley 24.660”, que establece la necesidad de que se “lleven adelante las acciones conducentes para la adquisición e instalación dentro del ámbito de los establecimientos penitenciarios de inhibidores de señal que impidan la realización de comunicaciones de telefonía móvil por parte de los internos”.
El descontrol en los penales federales se traslucía, incluso, antes de la llegada de Garrigós, pero la situación siguió durante su gestión en el SPF. El titular de PROCUNAR Diego Iglesias presentó un informe en setiembre de 2021 sobre cómo actúan los grupos narcos en la sombra de las cárceles federales, donde desde que estalló el escándalo por el llamado operativo Puf –de espionaje contra dirigentes políticos del kirchnerismo– se disolvió el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal.
Alberto Fernández y la exjueza María Laura Garrigós.
María Laura Garrigós fue interventora del Servicio Penitenciario Federal durante el gobierno de Alberto Fernández.
En el documento se mencionan 20 casos de capos narcos, la mayoría de ellos ya condenados, en los cuales se detectó que aún coordinan, desde cárceles federales y provinciales de todo el país, “maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados, ya sea lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas”.
Por ejemplo, Cantero, el líder de Los Monos, no necesitó de fibra óptica ni de celulares para seguir dando órdenes. Lo hacía desde los teléfonos fijos que le proporcionaba los propios agentes del Servicio Penitenciario Federal –que fueron denunciados– dentro de su celda en el penal de Marcos Paz.
Había aprendido una treta que utilizaba su excompañero de pabellón Néstor “Loko” Rojas, líder del Primer Comando de Frontera. El misionero, que había intentado comprar un misil dentro de la cárcel e intentó asesinar a dos magistrados de esa provincia con sicarios brasileños, usaba como método para comunicarse una triangulación que hacía con su pareja, que no estaba detenida.
Él la llamaba con un celular a su esposa y ella con otro teléfono se contactaba con los clientes de Rojas. De esa manera, el Loko hablaba con sus socios sin contactarse con ellos de manera directa. Así evitaba que las autoridades judiciales que lo escuchaban pudieran escuchar sus voces. Cantero empezó a hacer lo mismo.
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En una investigación que terminó con un megaoperativo de la Policía Federal en Rosario, con la mira en Los Monos, quedó expuesto cómo era la matriz de funcionamiento actual de la banda. La organización se maneja desde las cárceles. En este caso Guille Cantero daba órdenes desde el penal de Marcos Paz, a través del teléfono fijo, o público de la cárcel. Pero las directivas no eran de forma directa. El líder de Los Monos llamaba por el teléfono fijo que tenía en su celda en dos horarios: a las 14 y a las 20.
Se contactaba a un celular de otro preso en el penal de Ezeiza. Este recluso llamaba a su vez con otro teléfono móvil a los miembros de Los Monos que están en la cárcel de Piñero, que escuchaban la voz de Cantero que hablaba por el teléfono público de Marcos Paz. Ese teléfono le fue incautado dos veces: una el 23 de agosto y otra vez el 3 de setiembre de 2021. Sin embargo, seguía hablando por esa vía.
Cómo llegan los celulares a las cárceles
La facilidad con que los presos, considerados de alto perfil, conseguían un smartphone dentro de los penales federales y provinciales quedó expuesta en el caso del jefe narco de Rosario Julio Rodríguez Granthon, un expiloto nacido en El Callao, en Perú, que está detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
El 12 de diciembre de 2022 secuestraron cinco teléfonos celulares en el pabellón B, donde está alojado este narcotraficante que proveía de cocaína a Los Monos y formó su propia banda en Rosario. Un día después, El Peruano llamó por el teléfono fijo del penal a su pareja: “Decile a ‘carita de hamburguesa’ que me traiga urgente dos”. Al otro día Rodríguez Granthon, acusado de participar de la ejecución del exconcejal Eduardo Trasante, obtuvo lo que pidió: dos Iphone. Dos semanas después fue imputado como jefe de una asociación ilícita, junto a 19 jóvenes, quienes varios de ellos también están detenidos.
En esta causa que tiene a Garrigós como principal acusada también se pone el foco en las supuestas complicidades en el SPF que fueron de carácter, según la mirada de los fiscales, “estructural”. Las maniobras no sólo pasaron por “la mera facilitación de los medios para el ingreso de los aparatos de telefonía utilizados por Cantero, sino que incluye, además, dada la notoriedad que ha adquirido el nombrado a lo largo de los años y por los antecedentes que registra, la posibilidad implícita del acuerdo para la realización de las actividades criminales posteriores, que son llevadas a cabo desde su lugar de detención”.
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Con respecto a los inhibidores de señal, que hubieran impedido a los narcos usar sus smartphones, en la investigación se advirtió que se detectaron “incumplimientos”. La sospecha es que Garrigós y los otros funcionarios “no articularon una estrategia institucional alguna dirigida a impedir las comunicaciones no autorizadas de internos de “alto riesgo” y así evitar que estos continuaran liderando las organizaciones delictivas desde sus lugares de detención, pese a la reiteración de casos vinculados con delitos de criminalidad compleja, muchos de estos de público conocimiento y con epicentro en la ciudad de Rosario, como escenario principal para desplegar actos de violencia asociados al tráfico ilícito de estupefacientes”.
De acuerdo al dictamen, esa “inacción” se verificó tanto “en la omisión de iniciar y finalizar procesos de adquisición e instalación de inhibidores de señales –pese a la obligación prevista en la Ley 24.660–, como en no haber instrumentado la adecuada supervisión del cumplimiento de la normativa relativa a la prohibición de ingreso y tenencia de teléfonos y en no haber controlado ni arbitrado los mecanismos pertinentes para que el personal del SPF diera cumplimiento en tiempo y forma con las restricciones ordenadas por los diferentes tribunales en relación a los internos considerados de “alto riesgo”.
