Un informe del Ministerio Público de San Pablo señaló que hay 56 integrantes de este grupo narco en el país.
Cuando a Emanuel Eduardo Dos Santos, uno de los máximos líder de PCC, lo trasladaron de la cárcel de Ezeiza rumbo a Paraguay, en enero del año pasado, los guardiacárceles notaron algo llamativo: iba vestido con una camiseta de Rosario Central.
Este hombre de 35 años, que había sido detenido de casualidad en las inmediaciones del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta Posadas con Encarnación, Paraguay, tenía pedido de captura por un salvaje homicidio, pero era considerado por las autoridades brasileñas como un criminal de la alta jerarquía de PCC.
Esa relevancia dentro de la organización se traslucía en la pistola Glock 19 que llevaba, cuando lo detuvieron en un control vehicular de rutina, que estaba recubierta en oro. En su teléfono se encontraron videos que registraba cuando mataba a sus víctimas de manera cruenta, como la decapitación de un peluquero paraguayo, cuyo cuerpo sin cabeza se halló en el río Paraná, del lado argentino. Cuando los funcionarios judiciales veían el video no podían creer el sadismo que se veía en el rostro de Dos Santos, cuando le cortaba la cabeza con un serrucho al paraguayo.
LEER MÁS ► El avance del crimen organizado trasnacional empieza a hacerse palpable en Argentina
Emanuel Eduardo Dos Santos es uno de los 56 miembros de PCC que tienen o tuvieron presencia en la Argentina, y figuran en un informe del Ministerio Público de San Pablo, que señala que ese grupo criminal, que nació en la década del 90 en las prisiones de San Pablo y hoy cuenta con unos 40.000 miembros, se expandió por 28 países. Ese relevamiento está en manos del Ministerio de Seguridad Nacional, con todos los nombres de aquellas células que están siendo investigadas.
Tráfico de drogas, grandes asaltos para recaudar fondos millonarios, lavado de dinero a través de criptomonedas y venta de armas son las actividades más rentables de esta organización, que el sociólogo Gabriel Feltran en su libro Irmaos definió como una “hermandad criminal”, que tiene ritos de iniciación, que prevén un bautismo de sangre y cumplir con un estatuto que tiene 18 puntos.
El informe del Ministerio Público de San Pablo, que fue terminado en diciembre de 2023, señala que en Argentina hay 56 miembros de PCC activos. De este total, 30 son presos y 26 personas que se encuentran en libertad. De la lista de 28 países donde este grupo criminal tiene presencia, la Argentina es el quinto con mayor cantidad de eslabones de PCC funcionando en el país. De acuerdo a esta investigación, en Uruguay hay 140 integrantes de esta organización que están asentados en esa nación.
Desde hace tiempo sobrevuela en Argentina que PCC podría estar ganando terreno en varias provincias. Las investigaciones judiciales que se realizaron hasta el momento detectaron la presencia de presos que estarían enrolados en este grupo criminal, pero no lograron identificar que hayan realizado algún tipo de operación. Algunos los llaman lobos solitarios o células dormidas.
Hace tres años se inició una causa judicial, que estuvo a cargo de la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger, que se originó luego de que en un informe de inteligencia que había realizado Brasil se detectara que en un teléfono de un miembro de PCC, capturado por un homicidio, aparecían las fichas de 26 presos alojados en cárceles de Resistencia y de Santa Fe, que se habían sometido a los ritos de iniciación en esta organización. En esos “legajos” figuraban los nombres, los datos de familiares y el lugar donde se encontraban detenidos.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) inició una investigación para determinar si los que aparecían en ese informe de inteligencia de Brasil tenían algún tipo de actividad criminal desde las cárceles. Se investigaron los movimientos de los convictos y también se realizaron tareas de inteligencia sobre sus entornos familiares.
Este tipo de organizaciones mafiosas requieren de otra complejidad y tiempo a la hora de obtener resultados en las pesquisas. Un par de los que figuraban en esa lista había tenido vinculación con el secuestro de Christian Schaerer hace 22 años. La mayoría de quienes habrían participado de bautismos de PCC en Resistencia no eran reclusos ligados al narcotráfico ni de alta peligrosidad.
El que más atención le pusieron los investigadores es a un preso que está alojado en el penal santafesino de Coronda, un tal Chino Ríos, que está condenado por un asesinato, y se sospecha que estaba intentado a convencer a otros internos para iniciarse en PCC.
“No vemos que PCC esté operando en el país, o tomando algún territorio, un puerto o una cárcel, como ocurre en otros lugares de la región, pero si detectamos la presencia de miembros de esta organización, y se está monitoreando el tema muy de cerca”, señaló a LA NACION Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada de la Nación.
En agosto pasado, efectivos del departamento Interpol de la PFA detuvieron en el country Cardales Village de Campana a Elvis Riola de Andrade, un integrante de PCC, que era buscado por el crimen de un policía en 2009. Este brasileño planeaba volar desde Ezeiza hacia África, según publicó Infobae, donde se pretendía esconder con su familia, pero tuvo la mala fortuna de que la reserva del vuelo coincidió con la llegada del equipo de la selección Argentina al país, después de ganar la copa América, y el aeropuerto estaba repleto de policías. Riola de Andrade anuló la reserva.
A los investigadores les sirvió el seguimiento de este integrante de PCC para determinar que en Argentina lo ayudaba a nivel logístico Carlos Sergio Fiona, un narco condenado en el país, cuyo tío Roberto Antulio, conocido como Pastor, vive actualmente en Paraguay, y también fue sentenciado por tráfico de drogas.
“En la mayoría de los casos vemos que los engranajes de mayor relevancia de PCC que se han detectado en Argentina vienen al país a esconderse o también, sospechamos, a lavar dinero”, señaló a La Nación una alta fuente judicial.
Hasta ahora no hay evidencia de que miembros activos de esta organización criminal hayan hecho pactos con grupos locales, como ocurrió en Paraguay, por ejemplo, y que es una estrategia de expansión de PCC en los países de la región. “Nos llegó información de que hubo reuniones con gente de Rosario, ligada a Los Monos, pero no observamos que esas conversaciones hayan derivado en un acuerdo”, advirtieron desde el Ministerio de Seguridad Nacional.
Un punto crítico a nivel geográfico que está bajo la lupa es la hidrovía Paraná-Paraguay, donde se presume que PCC domina esa ruta de salida de la cocaína que se produce en Sudamérica hacia los puertos de Europa, Asia y Oceanía. Ahí opera un aliado de PCC, el uruguayo Sebastián Marset, actualmente prófugo, con pedido de captura de cinco países, cuya sombra aparece en los 460 kilos de cocaína hallados en el buque MV Ceci, de bandera de las Islas Marshall, a principios de mayo. El cocinero del barco, que se quebró y declaró como arrepentido, señaló que la droga fue cargada al barco en una rada cerca de Montevideo. También dijo que en San Lorenzo, Santa Fe, estaba previsto que se subiera otro cargamento de cocaína, algo que finalmente no se concretó, según informaron a AIRE fuentes ligadas a la investigación.
En la hidrovía los investigadores de Procunar detectaron hace un tiempo a un personaje de peso en el negocio narco, como es el boliviano Jorge Adalid Granier, que se encuentra detenido en Ezeiza actualmente. Granier, que fue detenido en marzo de 2023 en un control de tránsito en la pequeña localidad de Jaraguari, en el estado de Mato Grosso do Sul, tenía estrechos contactos con PCC. Un mes antes de su detención fue procesado por el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio, quien lo acusó de ser “responsable del delito de organizador de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes”, por un cargamento de 389 kilos de cocaína interceptados en septiembre de 2020. En esa causa, también fue condenado el rosarino Fabián “Calavera” Pelozo.
Granier alojó en su departamento en el barrio de Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en Rodríguez Peña 1057, a uno de los líderes más poderosos de la organización brasileña Gilberto Aparecido Dos Santos, alias Fuminho, que fue detenido por la DEA y la Policía Federal de Brasil en Mozambique al inicio de la pandemia.
“Después de casi tres décadas de haber surgido, el grupo criminal cuenta con casi 40.000 integrantes y gana alrededor de R$ 1.000 millones por año, según el Ministerio Público de San Pablo, principalmente con el tráfico internacional de drogas, y está presente en cárceles de 24 estados brasileños”, señaló el diario Folha do San Pablo, en el que se reprodujo el informe oficial de la justicia de ese país.
“Hicieron esto en Paraguay y luego acabaron sofocando a las facciones locales. Luego los liberaron o tuvieron cómplices libres, y bautizaron a los ciudadanos de ese país. Esto ocurrió en Paraguay, está ocurriendo hoy en Argentina, en Chile, y seguramente ocurrirá en Europa, especialmente en Portugal, donde ya hay miembros del PCC en prisión y también portugueses que han sido bautizados”, explicó el fiscal Lincoln Gakiya, de acuerdo al diario.
