El camarista Gentile Bersano revocó de manera parcial un fallo que imponía graves restricciones a los imputados por divulgar material de abuso sexual infantil.
El fallo fue revisado por la Cámara de Apelaciones
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El juez de la Cámara de Apelaciones Fernando Gentile Bersano revocó de manera parcial el fallo de su par Roberto Reyes, que imponía fuertes restricciones a los santafesinos imputados por divulgar material de abuso sexual infantil. La resolución de Gentile Bersano, a la vez, confirmó la calificación más gravosa del delito que atribuyó la Fiscalía.
La apelación a la decisión de Reyes fue presentada por los abogados defensores del imputado Leandro Papini, Martín Durando y Gonzalo Fuentes, quienes habían cuestionado tanto las medidas dispuestas por Reyes como la calificación legal del delito de distribución. Para los defensores, la jueza de primera instancia, Celeste Minniti, no había tenido por acreditada la intervención de Papini en los hechos.
En tanto, el fiscal de Cámara Carlos Arietti, solicitó que se confirme en todos los extremos el fallo del camarista Reyes, tanto la calificación legal como todas las medidas restrictivas dispuestas por el juez.
Gentile Bersano sostuvo que “es un caso que presenta muchas singularidades y se han producido varias confusiones, a las que voy a tratar de poner claridad”; en cuanto a si Minniti había encontrado o no acreditada la intervención de Papini en los delitos investigados, el juez analizó la resolución de Minniti y sostuvo que la jueza ya había dado por acreditado el delito de tenencia de material de abuso infantil, y ese punto no puede volver a discutirse.
El camarista tuvo en cuenta el origen de la investigación en el informe de Aliados por la Infancia, donde ya se sabía que las imágenes pertenecían a niños y niñas menores de 13 años, menores pre púberes. El camarista repasó que ese informe fue remitido por el gobierno de Estados Unidos al Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, al área de Cibercrimen, "los mejores del país, todos nos capacitamos con ellos", remarcó el juez. Ese área ha firmado convenios internacionales para recibir reportes de diferentes proveedores de sitios de internet, cuando se detectan actividades sospechosas de delitos.
Gentile Bersano explicó que los profesionales del área abren los archivos sospechosos para descartar cuando no hay delito, y para dar inicio a una investigación cuando sí lo hay: "Acá también están acreditada la existencia de los archivos de menores pre púberes".
En cuanto a la discusión por la calificación legal de distribución que imputó la Fiscalía y que confirmó Reyes, Gentile Bersano se refirió a la confusión que se generó en relación a la resolución de Minniti. El camarista sostuvo que la jueza acreditó la existencia objetiva del delito, y puso en duda el tipo subjetivo, es decir, la voluntad expresa del imputado de cometerlo.
El juez se refirió a doctrina y jurisprudencia que sostiene de manera casi unánime que el uso del programa Emule implica el delito de distribución del material para dar por configurado el tipo objetivo del delito, pero que para dar por acreditado el tipo subjetivo se debe analizar caso por caso. Gentile Bersano sostuvo que en este caso hay “indicios certeros” de que Papini conoce cómo funciona el sistema: “es un delito que comete en la intimidad porque no quiere ser descubierto”, sostuvo, y agregó que “de todos los lugares donde podría haber intentado conseguir los archivos eligió el Emule, el programa más usado en el país, porque conoce las ventajas: velocidad de descarga, gratuidad, cantidad de material disponible… Es decir, lo eligió porque sabe cómo funciona”, insistió el camarista.
En este punto remarcó que, cuando los usuarios descargan e instalan el programa deben seleccionar el modo de compartir los archivos, y que la interfaz expone los archivos que se están descargando y los que se están compartiendo.
Finalmente, Gentile Bersano analizó las medidas alternativas dictadas por el juez Roberto Reyes, y valoró que alguna de esas medidas afectan a la libertad de terceros que no están involucrados en ningún delito, por ejemplo, la prohibición de contar con el servicio de internet en el domicilio: “la persona que no está imputada por ningún delito (el guardador) no puede hacer una operación de homebanking, no puede informarse, recibir alguna alerta”.
Para el camarista, estas medidas no son proporcionales y no están vinculadas a los riesgos procesales. Gentile Bersano decidió entonces revocar las medidas dictadas por Reyes y dejar vigentes las impuestas por la jueza Minniti en la audiencia de primera instancia.
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