Tras el fallo del juez Jorge Patrizi que levantó el secreto del sumario en la causa contra el exministro Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal durante su gestión, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez apelaron la medida ante la Cámara Penal de Santa Fe e impidieron a las defensas acceder a las supuestas pruebas.
Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, fiscales del caso que investiga presunto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.
Hace una semana, el jueves 3 de febrero, jueza penal Rosana Carrara había dispuesto extender el plazo de reserva de la causa en la que se investiga a Sain y miembros de su gabinete por supuestamente recopilar información de manera ilegal sobre personas y entidades públicas y privadas. La resolución de Carrara avalaba el pedido que habían hecho los fiscales del caso.
Pero tras este fallo, el abogado Hernán Augusto Martínez –defensor de Sain, de Esteban Montenegro, Maximiliano Novas y María Agustina Moulins– se presentó ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia para solicitar “el levantamiento jurisdiccional de la reserva de las actuaciones, dando cuenta que el 6 de diciembre de 2021 se peticionó que se convoque a audiencia imputativa, encontrándose vencido el plazo previsto por el artículo 259 del Código Procesal Penal”.
Finalmente Patrizi ordenó este jueves 10 de febrero levantar el secreto de sumario. Según la resolución a la que accedió AIRE, se define “hacer lugar a la petición realizada por el Dr. Hernán Augusto Martínez disponiendo el levantamiento de la reserva de las actuaciones que se encuentran en sede de la Fiscalía”.
De esta manera, los fiscales Jiménez y Hernández debían mostrar las evidencias recolectadas durante su investigación, que incluyó dos allanamientos a las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad realizados a fines de noviembre de 2021.
Ante esto, este viernes al mediodía los fiscales apelaron la medida en la Cámara Penal de Santa Fe. Esto imposibilita momentáneamente a las defensas poder acceder al expediente que investiga al exministro Marcelo Sain y parte de su gabinete.
Este viernes por la mañana en AIRE el abogado de Sain adelantó que los fiscales podían tomar esta decisión, pero advirtió: "Por una cuestión de transparencia, lo más sano sería que se otorgue acceso a las actuaciones". Ahora la resolución está en manos de la Cámara de Apelaciones.
¿Espionaje ilegal en Santa Fe?
El 26 de noviembre del 2021 y por orden de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe, se realizaron allanamientos en las sedes de Santa Fe y de Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Signados por un total hermetismo, los operativos se dieron en el marco de dos causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA): la compra de armas y espionaje ilegal. En el operativo –ejecutado por el Organismo de Investigaciones– se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios.
De manera inmediata y con la finalidad de esclarecer los hechos, el gobernador Perotti instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que inicie "de manera inmediata" los procedimientos administrativos necesarios en el Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios, en el marco de la investigación por presunto espionaje que involucra al exministro Marcelo Sain, entre otros funcionarios.
Las famosas "carpetas" de Sain
La causa que investiga al exministro de Seguridad Marcelo Sain y varios de sus funcionarios, por presunto espionaje ilegal mediante el empleo de recursos del Estado, arrancó el año en el centro de la escena. Es que a pocos días de comenzar el 2022 se filtraron los primeros nombres de las personas que pudieron estar bajo la lupa de un organismo estatal que habría tenido como objetivo recopilar información de personas, por medio de “perfiles” o carpetas, y cuya utilidad tiene las sospechas más sombrías que puede tener la política, justicia, el mundo empresarial y hasta las propias instituciones. En otras palabras, la propia democracia.
Por la causa, la cual se ha mantenido en total sigilo por parte de la Fiscalía, fueron relevadas hasta el momento 661 carpetas con los nombres políticos, fiscales, abogados, policías, empresarios y sus firmas y hasta algunos periodistas. Dichas carpetas, fueron caratuladas como “perfiles” que eran creados sobre la base del cotejo de redes sociales y de bases de datos de organismos nacionales o provinciales.
Según trascendió, los “perfiles” encontrados pudieron haber sido creados entre enero del 2020 hasta por lo menos el 26 de noviembre, fecha en la que se concretó el allanamiento del OI bajo un clima de masivas renuncias en la cartera, ya que en ese entonces renunciaron doce funcionarios que eran parte del equipo de Sain.
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