jueves 2 de julio de 2020
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Caso Perassi: pedirán a la Corte que revise la "estructura desaparecedora" y las absoluciones de policías y civiles

La querella recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe porque entiende que los implicados formaron parte de un "plan criminal" con connivencia policial.

La Cámara Penal revirtió en parte el fallo del juicio que había declarado inocentes a todos los acusados de la desaparición de la mujer, en septiembre de 2011 en San Lorenzo. Y si bien condenaron al amante de Paula Perassi, Gabriel Strumia, y a su esposa, quedaron firme las absoluciones de cinco policías y dos civiles. La querella reclamó la inconstitucionalidad de esa resolución, pero se la denegaron. Ahora irá en queja a la Corte Suprema de Santa Fe porque entienden que fueron parte de un “plan criminal” y de una “estructura desaparecedora”, amarradas en la connivencia policial.

El juicio por el emblemático caso de Paula Perassi, la mujer que desapareció el 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo, concluyó el año pasado con las absoluciones de todos los imputados. La Fiscalía y la querella había logrado llevar a debate a nueve personas acusadas bajo la teoría de que la mujer, de 36 años en ese momento, fue privada de su libertad y obligada a interrumpir un embarazo de seis semanas, fruto de una relación extramatrimonial con Gabriel Strumia, empresario de Puerto General San Martín.

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Entre ellos también había cinco policías imputados por los delitos de encubrimiento, algunos agravado. Se trata de los ex altos funcionarios policiales de la Unidad Regional XVII, Jorge Krenz, jefe de Unidades Especiales; Adolfo Puyol, ex titular de la Agrupación Cuerpos (ambos a cargo de los primeros tramos de la investigación del hecho), y los policías Gabriel Godoy, María José Galtelli y Adolfo Gómez. Mientras que a Roxana Michl, mujer de Strumia; Antonio Díaz, secretario, y la supuesta abortera, Dominga Ruñisky, les achacaron la privación de la libertad y aborto sin consentimiento seguido de muerte.

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Michl y Strumia, en el banquillo de los acusados.

Michl y Strumia, en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía y la querella, encabezada por los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara, habían solicitado la prisión perpetua para los civiles. En tanto, para los policías Krentz, Gómez, Godoy y Galtelli, 16 años de cárcel por encubrimiento agravado, sustracción y destrucción de prueba y falsedad ideológica de instrumento público.

Para Puyol requirieron 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de encubrimiento, por favorecimiento personal y real, y por no denunciar la perpetración de un delito, cuando está obligado a promover su persecución, agravado por su condición de funcionario e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Decepción

El juicio terminó en una profunda decepción para la familia Perassi. El Tribunal de un debate plagado de incidentes resolvió de manera unánime absolver a todos los acusados. La jueza Griselda Strólogo, acompañada de sus pares Álvaro Campos y Mariel Minetti leyó una resolución que básicamente se basó en la deficiente investigación que impidió obtener pruebas concretas para demostrar que las personas acusadas fueron autores de la desaparición de Paula.

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La querella siempre sostuvo que que se montó un plan criminal desaparecedor que concretó Strumia con favores y logística de los policías coimputados, algunos con los cuales tenía una relación de confianza desde antes del hecho. “Nuestra apelación apuntará sobre esa cuestión”, había apuntado a Aire digital los abogados Ruiz y Ferrara sobre la intención de avanzar en las estructuras oscuras del poder, sobre las que además se desplegó un pacto de silencio sobre el destino final de Perassi. Entonces apelaron el fallo en la segunda instancia.

Algo de alivio

En diciembre del 2019 la sala I de la Cámara de Apelaciones de Rosario revocó parcialmente el fallo de primera instancia y resolvió condenar a Strumia y a su mujer Roxana Michl a 17 y 7 años de prisión, respectivamente.

En fallo dividido, los jueces Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Javier Beltramone, consideraron al empresario “autor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por tratarse la víctima de mujer embarazada”, y a su esposa como “partícipe secundaria” del mismo delito.

Los jueces valoraron la “perspectiva de género” y circunstancias especiales en lo relativo a la “óptica” con el que debieron analizarse ciertas pruebas para que no quedaran “inadvertidas”. Y remarcaron el “supuesto excepcional” al tratarse de “un crimen sin cuerpo”. Y cuestionaron la escasa valoración que se hizo de la declaración de Juan Nobile, integrante del equipo de Antropología Forense, que introdujo la idea de la “estructura desaparecedora” más allá de que no había “prueba directa” en que pudiera fundarse la imputación, pero que según los camaristas, reflejaba la configuración de un dato que debía ser evaluado.

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Paula Perassi, la víctima del caso.

Paula Perassi, la víctima del caso.

Entonces los camaristas hallaron culpables a Strumia y a su mujer, a quienes les adjudicaron pergeñar el plan, y una coartada para salirse de la escena de los hechos ese 18 de septiembre, cuando Paula desaparece luego de recibir un llamado a las 20.46 desde un locutorio de San Lorenzo. El que lo hizo fue Strumia para sacar a la víctima de su casa y llevarla a un lugar para obligarla a practicarse el aborto, según los jueces.

Sin embargo mantuvieron las absoluciones del resto de los acusados: los policías citados, la supuesta abortera y el secretario del amante de Paula. Es que la querella insistió con sus hipótesis de confabulación y pacto del silencio orquestado por todos los acusados, una trama oscura en la historia Santa Fe y el país, con una víctima desaparecida y cuyo cuerpo se busca hasta estos días.

“Ni siquiera tengo los huesos de mi hija, ¿qué puedo hacer de ahora en más yo si la justicia se maneja con tanta impunidad”, insistió Alberto, el papá de Paula, siempre que pudo alzar la voz en su lucha por encontrar a su hija. Por eso, apenas se conoció la resolución, los abogados de la familia Perassi presentaron un recurso de inconstitucionalidad para que se habilite la revisión de las absoluciones de los cinco policías, del ayudante de Strumia y de Ruñisky. Además, junto a la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren plantearon una apelación horizontal para que otro Tribunal de Segunda instancia retome el caso y considere elevar la pena de Strumia y su mujer.

Organización criminal que encubre delitos

Señalaron que el fallo se apartó “arbitrariamente de los datos objetivos que brinda el sistema informático denominado 12 (informe de la policía Federal) que demuestra la connivencia policial con Strumia y Michl”. Y que se desconoce “la destrucción y desbaratamiento de pruebas, que había sido conducente para el caso en los primeros días”.

Es que para la familia de Paula si bien se hizo un “análisis impecable desde la perspectiva de género para dar valor a las personas más vulnerables, Paula y su hijo por nacer, que determinaron la responsabilidad de Strumia y su mujer, ese análisis “se trunca cuando debe analizarse el contexto de la desaparición”.

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Porque insisten y advierten que la región San Lorenzo se encuentra bajo el dominio y a disposición de la Unidad Regional XVII, cuyo numerarios (más precisamente la jefatura), que según la construcción social y las nuevas investigaciones de la Fiscalía se acercan a una “verdadera organización criminal que gestiona y encubre delitos”.

Los abogados recogen datos de la causa expuestos en el juicio, publicaciones periodísticas sobre hechos de corrupción en el Cordón Industrial, de Granadero Baigorria a Puerto San Martín, para exponer que la existencia de la “estructura desaparecedora”, con la participación de Puyol, marca que se trata de “una fuerza policial autonomizada, que investiga para luego negociar”.

Argumentan además que se debieron conjugar todos los elementos. En ese camino refrescan que Michl reconoció durante una audiencia que debió “vender cuatro camiones” para obtener la libertad de su esposo luego de una primera detención.

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El caso Perassi se convirtió en un emblema en San Lorenzo y la región.

El caso Perassi se convirtió en un emblema en San Lorenzo y la región.

Refieren que esa cifra millonaria respondía a “un acto ilícito”, porque no hubo incidente procesal por el cual pagar tanto dinero, ya que Strumia solo había participado de una audiencia informativa. Entonces se pregunta la querella ¿que pagó Michl? “Pagó impunidad. Eso es lo que no contempla la sentencia”, insisten los querellantes.

Para la Cámara no hubo gravedad institucional

Pero tras analizar los planteos, el Tribunal rechazó el recurso de queja. La resolución firmada por Salvador, Beltramone y Hernández recalca que la sentencia no fue “fruto de una voluntad caprichosa, sino que ha contemplado un amplio panorama y análisis de los elementos colectados. Y aunque se invoque arbitrariedad de la confrontación de los agravios y la fundamentación sólo se trasunta en una disconformidad con el criterio adoptado, sin demostración de que el Tribunal haya excedido el marco de su función”.

Entienden que el supuesto de “gravedad institucional que invocó la querella requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual, lo que no se advierte configurado como así tampoco alteración alguna al cumplimiento de los roles de los distintos estamentos del Estado”.

A la Corte por absoluciones y la “estructura “desaparecedora”

El abogado José Ferrara confirmó a Aire de Santa Fe que, rechazado el planteo de inconstitucionalidad de las absoluciones, la querella irá en queja a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que analice el caso en el capítulo referido a la estructura desaparecedora que le achacan a los policías y a los dos civiles absueltos.

“Fuimos notificados el miércoles y tenemos tres días para preparar la presentación, seguramente se formalizará el lunes. Luego la Corte tiene un tiempo para resolver, esperemos que sea rápido”, indicó el letrado.

Además, recordó que sigue pendiente la audiencia de Cámara por la apelación a las condenas de Strumia y Michl (estaba prevista para los primeros días de abril pero se postergó por la medidas de aislamiento) instancia en la que junto a la Fiscalía insistirán con el reclamo de prisión perpetua para ambos.

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