La medida fue resuelta por un juez de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa que investigó por intermediación financiera no autorizada a la agencia de viajes en donde mataron al empresario Hugo Oldani.
El momento en que familiares y allegados de Hugo Oldani retiraban dinero y documental del local en donde había ocurrido el homicidio.
Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó que parte de los implicados en la causa que investigó el funcionamiento de una cueva en Oldani Turismo, en donde mataron al empresario Hugo Oldani en 2020 tras un asalto, realicen tareas comunitarias para evitar el juicio.
La resolución, que lleva la firma del juez Guillermo Yacobucci, alcanza Carina Chelmo, Flavio Damián Giulioni, Eugenio Alonso, Leandro Javier Forchetti, Ariel Juan Trucco, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Anibal Bacigalupo, todos procesados por intermediación financiera no autorizada junto con Virginia Oldani, hija del fallecido, y María José Calle, empleada de la firma que quedó bajo la lupa de la Justicia.
La reciente medida judicial se dio a partir que las defensas de los implicados solicitaron en 2023 realizar tareas comunitarias (tipo probation) ante el juez Germán Sutter Schneider, del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en donde se encuentra radicado actualmente el expediente. Sin embargo, como el magistrado rechazó la solicitud, el fallo fue apelado ante un juez de Casación que finalmente el pasado 20 de agosto desestimó el pedido.
El crimen de Hugo Oldani ocurrió el 11 de febrero del 2020 cuando un grupo de ladrones arribaron al local 29 y tras cometer el asalto, uno de ellos, mató a Oldani con un balazo en la zona abdominal para lograr escapar de la galería junto con el chófer de la banda.
Tras el homicidio, el local se llenó de familiares y allegados de Oldani que desde el local extrajeron, delante de la fiscal Cristina Ferraro, cientos de miles de dólares y millones de pesos que se presume eran parte del funcionamiento de la cueva financiera que funcionaba bajo la fachada de la agencia Turismo Oldani Srl.
Por esa maniobra, el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, denunció la situación ante la Justicia federal al enterarse de la extracción de una millonaria suma de dinero que nunca pudo ser contabilizada por los peritos de la Policía de Investigaciones que relevaron la escena del crimen.
La denuncia motivó la apertura de una causa de parte del fiscal federal Walter Rodríguez, que investigó el funcionamiento de Oldani Turismo y los negocios paralelos que se realizaban, además de la agencia de viajes, desde por lo menos 2018 hasta 2020.
Fue así que imputó a Virginia Oldani (hija del fallecido) y María José Calle, empleada de la firma, de ser los brazos ejecutores de las maniobras de venta de moneda extrajera a espaldas del Banco Central. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, ambas mujeres registraban transacciones, atendían la cartera de clientes, recibían, devolvían, transferían y depositaban dinero en efectivo y llevaban a cabo el sistema de organización del ingreso de cheques.
A la causa también quedó ligada la presidenta de Mediterránea Sociedad de Valores, Carina Chelmo, la cual intervenía en transacciones para ingresar o transferir divisas por fuera de la estructura de la agencia de turismo.
En cuanto a Leandro Forchetti, el fiscal Rodríguez lo acusó de proveer cheques a Oldani a cambio de una comisión, que los tomaba contra acreditación y bajo el cobro de una comisión, para luego entregarlo a personas vinculadas a un grupo inversor de Rosario.
Flavio Giulioni, por su parte, habría participado de operaciones con cheques recibiendo títulos y depositándolos por medio de agentes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y Paraná, a cambio de una comisión. Mientras que Ariel Trucco y Eugenio Alonso, fueron acusados de ser un nexo intermediario en movimientos de dinero para ingresar al país o transferirlo al exterior a cambio de una comisión. Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo, en tanto, quedaron imputados de haber participado en operaciones con cheques en su carácter de operadores del Grupo Carey y la Mutual 29 de Noviembre.
Imputados por las maniobras, todos los acusados por el fiscal Rodríguez fueron procesados por intermediación financiera no autorizada, un delito de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años. Firme el procesamiento, los diez imputados fueron enviados a la instancia de juicio al Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en donde aún se aguarda que se realice el debate.
Por la causa de intermediación financiera también fue abierta otra que investigó el posible encubrimiento de un delito federal. Se trata de una investigación, que también impulsó el fiscal Rodríguez, y que tiene como principal protagonista a la entonces fiscal de la Unidad de Homicidios, Cristina Ferraro, acusada de permitir a la familia de Oldani extraer los dólares y millones de pesos que había en la firma y que no fueron contabilizados por los peritos de la PDI el día del homicidio en la galería Rivadavia.
Junto a Ferraro fueron también procesados, José Luis Hernández (yerno del fallecido Oldani), Marcos Medera y Virginia Venetucci (que en ese entonces se desempeñaba asesora legal de Policía de la Policía de Santa Fe), los cuales participaron de la extracción de al menos 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares estadounidenses que se encontraban dentro del local donde ocurrió el crimen.
También fue imputado el policía Julián Nizzo, quien al momento del crimen se desempeñaba como jefe de zona de inspección y al cual lo acusaron de haber desestimado la orden impartida por Ferraro para implantar una custodia permanente en la sede donde funcionaba Turismo Oldani entre el 12 y el 17 de febrero de 2020.
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